Coparticipación municipal: fundamentos para su reforma en la provincia de Buenos Aires

Es materia aceptada que son los municipios quienes mejor detectan las demandas de los vecinos y sus necesidades. Nadie mejor que los representantes locales para definir qué, dónde y cómo invertir los recursos públicos. Por ello, hoy la gestión pública más eficiente es la que descentraliza la toma de decisiones y los recursos que permitan y fomenten el desarrollo.

La falta de inversión pública en la provincia de Buenos Aires representa el principal cuello de botella del crecimiento. Es allí donde debe estar el Estado interviniendo cuando el sector privado no llega. Esta inversión debe ser eficaz y oportuna. Nuestra realidad geopolítica reclama la descentralización en los recursos para tal fin. Más de novecientos kilómetros separan a la Ciudad de La Plata de la ciudad de Carmen de Patagones. Ningún funcionario de la administración provincial puede conocer mejor que el intendente cuáles son las prioridades de su pueblo.

La provincia de Buenos Aires destina aproximadamente el 16% de sus ingresos al funcionamiento de los municipios. Los actuales criterios de distribución secundaria de esos recursos públicos profundizan las desigualdades existentes al premiar a aquellos que cuentan con un sistema de salud más complejizado. De este modo, se desalienta el diseño independiente y preventivo de las políticas sanitarias, promoviendo las ofertas prestacionales con énfasis en la complejidad y la atención del último eslabón del sistema: la atención de la enfermedad en detrimento de la prevención.

De este modo, el actual sistema de distribución condena a la pobreza a miles de bonaerenses por la sencilla razón de que quienes menos recursos reciben cuentan con menos capacidad de inversión en sistemas de salud más complejos para revertir aquellas diferencias estructurales. Baste para señalar la injusticia del actual sistema marcando que mientras un municipio como Moreno, con amplias necesidades básicas insatisfechas, recibió entre enero y agosto de 2017 1033 pesos por habitante, San Isidro, quizá el municipio más rico del país, recibió 2250 pesos.

Por ello, asegurar una distribución equitativa de los ingresos coparticipables debe ser el principal objetivo de un nuevo sistema de coparticipación provincial, basado en parámetros distributivos objetivos y transparentes, y cuyo principio fundante sea la solidaridad en la asignación entre los municipios.

Por ello, la distribución debe ser realizada de acuerdo con el índice de vulnerabilidad social creado por ley n° 13163. Dicho índice está constituido en un 60% en relación directa a la cantidad de población en condiciones de necesidades básicas insatisfechas; un 10% en relación directa a la mortalidad infantil; otro 10% en relación directa a los nacimientos de bajo peso; un 10% en relación directa a las causas asistenciales iniciadas en el fuero de menores; y, por último, un 10% en relación directa a las defunciones por causas parasitarias e infecciosas.

Así, aplicando este índice, en nuestro ejemplo, Moreno recibiría 2260 pesos y San Isidro 1736 pesos.

Sin dudas, como todo índice, puede ser mejorado, pero evidencia que para compensar desigualdades se requiere un esquema solidario que parta de las necesidades y redistribuya con un solo fin: romper con la condena a la pobreza.

Fuente: Infobae 18/04/2018