El reclamo del Cuerpo Colegiado, a siete a√Īos del fallo Mendoza

Buenos_Aires_Marc_Van_der_AaEl 8 de julio de 2008, con el pronunciamiento del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n, el M√°ximo Tribunal dispuso la creaci√≥n de un Cuerpo Colegiado formado por la Defensor√≠a del Pueblo y las ONG¬īs que reclamaron ante la Corte por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Desde entonces, dicho Cuerpo est√° a cargo de monitorear el cumplimiento de aquel fallo que busca mejorar la calidad de vida de la poblaci√≥n, recomponer el ambiente y prevenir da√Īos en la Cuenca. El pasado 8 de julio, fecha aniversario del fallo de la CSJN, el Cuerpo Colegiado public√≥ un informe especial en el que plantea la¬† necesidad de un nuevo pronunciamiento que permita instancias de deliberaci√≥n para definir escenarios actualizados de recomposici√≥n ambiental.

A siete a√Īos de la condena se evidencia que, a pesar de que la Cuenca se encuentra en una situaci√≥n distinta a la que se diagnostic√≥ en el a√Īo 2003, ya que se pusieron en marcha organismos estatales y pol√≠ticas p√ļblicas para revertir el da√Īo ambiental, los derechos amenazados y la poblaci√≥n en riesgo; a√ļn persisten graves falencias estructurales que impiden alcanzar los objetivos establecidos por la CSJN, al mismo tiempo que emergen nuevos y complejos problemas.

A manera de síntesis, a continuación se exponen algunas de las consideraciones contenidas en el Informe especial del Cuerpo Colegiado, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación:

  1. Política y gestión ambiental de la Cuenca.

Con el objeto de llevar a cabo una pol√≠tica ambiental acorde a la problem√°tica de la Cuenca Matanza Riachuelo era indispensable que los gobiernos nacional, bonaerense y porte√Īo doten ACUMAR de la centralidad que requiere para asumir su rol rector en la materia, y de los recursos necesarios para dirigir y controlar que se implementen pol√≠ticas de gesti√≥n ambiental. Si bien ACUMAR cuenta con amplias facultades legales respecto de cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca, al momento de ejercer estas facultades su rol siempre fue limitado. Por tal motivo el desaf√≠o es superar esta etapa caracterizada por el financiamiento de obras p√ļblicas, tareas de limpieza y refuerzo de algunas capacidades locales, para iniciar una conducci√≥n de la gesti√≥n ambiental y la sustentabilidad.

Esta falencia se evidenció en las cuestiones de agua y saneamiento cloacal, donde la empresa concesionaria AySA tiene autonomía en la definición de objetivos, prioridades, obras sobre el río, además de haber sido exceptuada de las regulaciones de la Autoridad de la Cuenca. Esto también ocurre con la gestión de los residuos sólidos urbanos, el ordenamiento territorial y la problemática de vivienda, donde la ACUMAR sólo tuvo un papel menor en la definición de políticas.

  1. Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)

Para lograr los objetivos que fallo exige era necesario llevar adelante una planificaci√≥n integral compuesta por un conjunto de acciones. En su primera intervenci√≥n la CSJN exigi√≥ la presentaci√≥n de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental que contemplara todos los instrumentos de pol√≠tica y gesti√≥n ambiental. Sin embargo, los documentos presentados por los estados condenados y ACUMAR nunca alcanzaron tal est√°ndar.¬†Por lo tanto contin√ļa pendiente la formulaci√≥n de un plan de recomposici√≥n ambiental, de escala regional, que establezca una estrategia coherente de mandatos judiciales. Resulta necesario determinar con precisi√≥n escenarios de recomposici√≥n, objetivos generales y particulares, l√≠neas de bases, metas intermedias y finales, responsables, plazos, financiamiento e indicadores de resultado, en el marco de un proceso informado, participativo y sujeto a revisi√≥n judicial.

  1. Establecimientos industriales, agropecuarios y de servicios

Para lograr los objetivos del fallo, ACUMAR y los estados condenados deb√≠an regular y controlar las actividades productivas a efectos de minimizar las cargas contaminantes que se emiten, disponen y vierten en la cuenca. ACUMAR implement√≥ un sistema de control que reforz√≥ los procedimientos de las jurisdicciones locales, pero no logr√≥ acreditar reducciones de vertido, disposici√≥n y emisi√≥n de cargas contaminantes. Esto, a siete a√Īos del fallo, a√ļn carece de regulaci√≥n sectorial. A su vez ACUMAR no puede intervenir en la evaluaci√≥n de impacto ambiental ni en la habilitaci√≥n de establecimientos, tampoco en la resoluci√≥n de los problemas derivados de la localizaci√≥n de industrias peligrosas en zonas residenciales, ni en la planificaci√≥n de nuevos parques industriales. Consecuentemente, la actividad de la autoridad de cuenca se tradujo en un refuerzo a las capacidades locales para hacer inspecciones.¬†Resulta necesario avanzar hacia una regulaci√≥n integral del sector, mediante el otorgamiento de permisos individuales de emisiones gaseosas, disposici√≥n de residuos peligrosos y efluentes l√≠quidos, lo que requiere mayor articulaci√≥n inter jurisdiccional e interinstitucional.

  1. Residuos

Para lograr los objetivos del fallo, ACUMAR y los estados condenados, deb√≠an regular, controlar y fomentar una gesti√≥n integral de RSU. Ariachuelo basurero pesar de que ACUMAR present√≥ un Plan maestro de gesti√≥n de RSU, y suscribi√≥ acuerdos espec√≠ficos con los estados condenados, los 14 municipios y el CEAMSE, a√ļn persiste la presencia de basurales irregulares y se observan asimetr√≠as en los planes implementados por las jurisdicciones locales. Esto pone en manifiesto que, a pesar de sus tareas de asistencia t√©cnica y financiera, y las inspecciones, ACUMAR no logr√≥ articular un est√°ndar m√≠nimo com√ļn para la GIRSU en el territorio de la Cuenca.

  1. Agua Potable y Saneamiento

ACUMAR y los estados condenados deb√≠an regular, controlar, y fomentar la prestaci√≥n de los servicios p√ļblicos de agua potable y saneamiento cloacal a efectos de alcanzar una cobertura universal en la Cuenca Matanza Riachuelo. Si bien ACUMAR supervis√≥ los planes directores de las dos principales empresas concesionarias de los servicios de la regi√≥n¬† (AySA y ABSA) a√ļn no hay registro de la cantidad de personas que carecen de los mismos, los plazos en los cuales ser√°n incorporados y las medidas transitorias para evitar situaciones de riesgo. Esto conlleva a que la autoridad de cuenca no pueda ejercer su rol rector ni examinar adecuadamente los planes de extensi√≥n de las empresas concesionarias.

  1. Vivienda

Para lograr los objetivos del fallo era necesario que ACUMAR y los estados condenados coordinen medidas que minimicen el riesgo ambiental al cual se encuentran expuestas numerosas viviendas de la Cuenca Matanza Riachuelo. Para esto se deb√≠an identificar aquellos hogares que requer√≠an prioritariamente soluciones habitacionales y establecer criterios ordenadores para asegurar respuestas adecuadas, en el marco de un proceso informado y participativo. La indefinici√≥n en relaci√≥n a los barrios expuestos a un elevado riesgo ambiental fue una constante a lo largo del proceso, y hasta ahora no existe un listado √ļnico de villas y asentamientos informales.¬†

  1. Ordenamiento ambiental del territorio

riachuelo villasPara alcanzar lo establecido por el fallo era necesario regular y fomentar un ordenamiento ambiental del territorio que, desde una perspectiva regional, oriente una estrategia de sustentabilidad. A ese fin, se debían establecer criterios para la estructura de funcionamiento de la cuenca y articular la intervención de las jurisdicciones locales en el uso de los bienes ambientales, la localización de actividades productivas, la extensión del suelo urbano y la protección de ecosistemas significativos. El ordenamiento ambiental del territorio es un instrumento medular para la política y gestión ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. ACUMAR debía regular el uso del suelo atendiendo a los condicionantes del medio natural, a los requerimientos de infraestructura, de conectividad, de patrimonio, de inundabilidad y factores de riesgo externos. Sin embargo, se limitó a asistir técnicamente en proyectos específicos como la recuperación de puentes y la traza de la costera ambiental.

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El Fallo Mendoza y el trabajo de la Fundación Metropolitana

La Cuenca hídrica Matanza Riachuelo contiene el curso de agua más contaminado de la Argentina y ha sido calificado como uno de los treinta sitios más contaminados del mundo. Con una superficie de 2240 Km2 y con un ancho medio de 35 Km, atraviesa 14 municipios y viven en ella más de tres millones de personas, aproximadamente el 25% de la población del AMBA.

En el a√Īo 2003 y 2005 el Defensor del Pueblo de la Naci√≥n, con un conjunto de organizaciones sociales y Universidades advirtieron sobre los problemas provocados en la Cuenca Matanza Riachuelo por el incremento de la contaminaci√≥n ambiental, el deficitario acceso a bienes y servicios que inciden en la vulnerabilidad social, las omisiones o acciones ineficaces de las autoridades gubernamentales y un uso no sostenible del territorio. En ambas oportunidades recomendaron la realizaci√≥n de acciones concurrentes que llevaron a la adopci√≥n de medidas directas, concretas y efectivas para revertir el escenario de conflictividad, derechos amenazados y poblaci√≥n en riesgo que caracterizaba la cuenca.

En el a√Īo 2006 la Fundaci√≥n Metropolitana particip√≥ en la realizaci√≥n de un segundo informe en el que se realiz√≥ un seguimiento de lo recomendado constat√°ndose la falta de acci√≥n por parte del Estado y la falta de respuestas.

Estos acontecimientos habilitaron, en junio de 2006, la intervenci√≥n de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n (CSJN), la cual dio comienzo a un proceso para el tratamiento de la problem√°tica ambiental de la cuenca. A lo largo de dos a√Īos se abordaron los diversos componentes del conflicto y se formularon alternativas de intervenci√≥n.

Como correlato, el Gobierno Nacional cre√≥ ese mismo a√Īo la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) con la idea de superar la fragmentaci√≥n jurisdiccional, generar una mayor coordinaci√≥n entre las autoridades competentes, fortalecer el ejercicio del poder de polic√≠a sobre las actividades contaminantes y corregir los problemas de superposici√≥n y contradicci√≥n entre las normativas y regulaciones aplicables.

Ese mismo a√Īo, la Fundaci√≥n Metropolitana junto con FARN, CELS, Asociaci√≥n de Vecinos La Boca, ACDH, Fundaci√≥n Ciudad, Poder Ciudadano y Greenpeace conformaron Espacio Matanza Riachuelo para articular la participaci√≥n y el control ciudadano en torno al saneamiento de la Cuenca. Este espacio, desde el a√Īo 2009, profundiza el an√°lisis sobre los nudos problem√°ticos vinculados a la dimensi√≥n pol√≠tico institucional, el ejercicio de interjurisdiccionalidad plasmado en la constituci√≥n de un √ļnico poder de polic√≠a; la participaci√≥n de diversas voces en la definici√≥n de los objetivos de calidad; la coordinaci√≥n en las decisiones sobre localizaci√≥n industrial y saneamiento; el acceso a informaci√≥n p√ļblica y, el ordenamiento de objetivos para el desarrollo institucional.

La¬† Fundaci√≥n Metropolitana se present√≥ junto con estas organizaciones para conformar el Cuerpo Colegiado, sin embargo, s√≥lo fueron admitidas cinco de ellas, quedando Fundaci√≥n Metropolitana, Fundaci√≥n Ciudad y Poder Ciudadano no admitidas oportunamente, pero igualmente apoyan y acompa√Īan el trabajo del Cuerpo Colegiado de manera permanente.

En el a√Īo 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n conden√≥ al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Aut√≥noma de Buenos Aires a perseguir los objetivos de mejorar la calidad de vida de la poblaci√≥n, recomponer el ambiente y prevenir nuevos da√Īos. En esa direcci√≥n, orden√≥ un programa de acciones, con responsables y plazos de ejecuci√≥n.