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Las demandas territoriales en el AMBA

RAUL FERNANDEZ WAGNERPOR RAUL FERNANDEZ WAGNER – Este artículo fue escrito en el marco del Foro Metropolitano 2013, el evento anual que organizamos desde la Fundación Metropolitana. El Arq. Raúl Fernández Wagner participó  en el Preforo, donde un grupo de ONG y espacios académicos trabajamos una lista de demandas relacionadas con el transporte, el suelo, el territorio y la seguridad con el objetivo de presentarlas a los candidatos que compiten en las próximas elecciones legislativas. Los próximos 9 y 10 de octubre tendrá lugar el Foro Metropolitano, donde el Arq. Fernández Wagner participará nuevamente como expositor. En este articulo, aborda las demandas territoriales en el AMBA.

La Región Metropolitana de Buenos Aires en su dimensión territorial presenta algunas tendencias y/o problemáticas  muy complejas: En la Fundación Metropolitana es una ONG con la que venimos trabajando el tema del territorio en sus diferentes vertientes, partiendo desde un punto de vista en común y es la importancia de abogar por una integración socio espacial de la Región Metropolitana. Pero,  las tendencias recientes del desarrollo territorial –que claramente interpelan el derecho a la ciudad- nos presentan fuertes tensiones. Entendemos que ello se debe a la articulación compleja de al menos tres tendencias: el desarrollo urbano con un importante incremento de la desigualdad socio espacial, una tendencia a la securitización dispar en el territorio y las demandas de construcción de factores de resiliencia

a)     Desarrollo urbano con un importante incremento de la desigualdad socio espacial.  

Es particularmente crítico el modo en que se articulan los procesos y demandas de los diferentes sectores sociales en el desarrollo residencial en los últimos años en la RMBA.

Por una parte, el voluminoso desarrollo inmobiliario de los últimos 10 años (algo ralentizado ahora por la política cambiaria en 2013) se ha concentrado en la inversión de productos de alto estándar y en resguardo de rentas en “en ladrillos” con un fuerte impacto en los precios del suelo.

Esta alza generalizada de los precios del suelo, tiene un gran impacto en sectores medios y sobre todo en los sectores populares. Los primeros han visto prácticamente imposibilitado el acceso al suelo y la vivienda (sólo con alguna perspectiva de alivio recientemente por el posible acceso a los créditos Pro.Cre.Ar) lo cual ha generado una importante presión sobre el mercado de alquiler formal. Por ejemplo la construcción de nuevos productos inmobiliarios en los tradicionales centros de las localidades de la RMBA –que hubieran posibilitado una integración socio espacial de sectores medios- ha tendido a ser de alto estándar.

Los sectores populares –si bien tienen mejoras en los ingresos y acceso a salarios indirectos (como AUH, subsidios al transporte y otros)- han desplazado su acceso al suelo prácticamente en su totalidad a los mercados informales. El crecimiento más importante se registra en el mercado de alquileres informales en las principales villas y asentamientos, lo cual genera un fuerte proceso de densificación de las mismas. Tal es la presión social en el acceso al suelo, que en varios municipios de la tercera corona de la RMBA, ahora los nuevos asentamientos están tomando crecientemente la forma de “loteos fraudulentos”. Los cuales implican una estafa a los adquirentes y un problema serio para los municipios, pues además de la dimensión social y jurídica a afrontar,  se generan en suelo inapropiado para el desarrollo urbano por su vulnerabilidad hídrica.

Esta (supuesta) “escasez de suelo” tiene relación directa con el proceso de “suburbanización de las élites” iniciado a fines de los años ´80 y que tuviera su boom con la obra pública de las autopistas urbanas, que los conectan “puerta a puerta” con la CABA. Lo cual alteró la histórica forma de acceso al suelo de los sectores de más bajos ingresos pues esta suerte de “gentrificación de la periferia popular”, ha cambiado radicalmente los valores del suelo,  acentuando además la fragmentación y segregación social y funcional del espacio urbano metropolitano.

Las consecuencias sociales y ambientales de estas urbanizaciones son críticas, pues implican una partición del espacio residencial por la falta de sinergias e interacción con el entorno de las mismas. La aislación física con preponderancia de espacios cercados no produce ciudad, pues ni las calles son públicas, ni los espacios comunes son de libre acceso para quienes no son residentes.

Esta expansión difusa del tejido residencial, al tiempo que resulta altamente dispendioso de los recursos de la sociedad -por la dependencia de la movilidad individual, y también del consumo de agua y suelo- afecta la disponibilidad de suelo para las funciones de la agricultura urbana (como advierte el INTA) pues los bordes del aglomerado, compiten por el suelo con actividades productivas tradicionales que abastecen de productos frescos a la región. Otro agravante adicional, es que altera las condiciones del humedal, con una banalización del paisaje y pérdida de biodiversidad que hipoteca bienes comunes y afectan derechos difusos de la sociedad. (Pintos P.; 2012)

Por ello, es imperioso sincerar el debate político en torno a estas urbanizaciones. Pues no se desconoce que constituyen una importante fuente de ingresos para los municipios, ni tampoco, que hay una no explicita búsqueda de radicación en varios distritos de sectores de altos ingresos, en lugar de los más pobres.

Este proceso residencial, tiene relación estrecha también con los otros dos procesos que señalamos a continuación.

b)     Tendencia a la securitización dispar en el territorio

Asistimos a una construcción mediática de la “inseguridad” urbana y a una respuesta inducida por los mercados inmobiliarios en nuestras ciudades mediante el despliegue de nuevas formas de producción del espacio residencial, que alimentan la tendencia a la “securitización territorial”

Este proceso refuerza las diferencias socio-espaciales que reflejan un incremento de una ciudad más dividida o fragmentada que alienta el desarrollo de enclaves fortificados, muros y segregación física. Lo cual tiende a configurar de este modo una “geografía carcelaria” con zonas vigiladas por cámaras y protegidas por policías (públicas o privadas) que acentúa diferencias socio espaciales, dando por resultado una ciudad más injusta, producto del incremento de una ”securitización dispar” entre los de “adentro” y los de “afuera”.

Esta securitización influye en forma multiescalar en el modo en que se recalibran los grados de solidaridad, compromiso social y toda noción de derechos socioespaciales, como el derecho a la ciudad.

Por ello, es deseable que los dirigentes políticos  comprendan que la capacidad de gobierno de las ciudades se debilita en la medida que se incrementan las formas espaciales de la ciudad fragmentada. Pues, obviamente su accionar redunda en una impotencia o complicidad (según el caso) del gobierno urbano frente a las fuerzas que subordinan el bien común a las tasas de ganancia.

Además, lo grave es que las políticas de la securitización espacial, inequívocamente demandan una “despolitización” del modo en que se abordan las inequidades socio-espaciales. Pues así  se evita la responsabilidad política y/o sistémica, y de este modo se transfiere la responsabilidad exclusivamente a los comportamientos individuales.

“…Las tensiones sociales en la ciudad cerrada se convierten rápidamente en insoportables. La respuesta inmediata, populista y demagógica, es la de desarrollar sistemas internos de protección y de vigilancia cada vez más sofisticados, cuyo resultado es dividir cada vez más el espacio urbano…” (Michael Marcus, 2012)

Estas prácticas de la defensa del hogar y del barrio, configuran un sujeto exaltado y crecientemente enojado… un ciudadano que demanda “seguridad absoluta como derecho”. Lo cual entraña una neurotización socialmente peligrosa e injusta… pues deforma la base de las relaciones sociales en la ciudad, dado que este es un ciudadano que reclama derechos pero teme a la democratización, a la convivencia con los diferentes.

c)      Demandas de construcción de factores de resiliencia[1]  

En la RMBA los efectos del cambio climático (cambios en el tipo de precipitaciones pluviales y su intensidad); la mayor recurrencia de sudestadas y un leve pero progresivo aumento del nivel del mar,  generan un escenario de aumento de la exposición de riesgos hídricos.

El proceso de metropolización de la región, que inicialmente tendió a desarrollarse sobre zonas altas –que el trazado de las líneas ferroviarias marca claramente- luego con el completamiento de los municipios de la segunda corona, ya se urbanizó en suelo más bajo e inundable, y más recientemente, el patrón de expansión urbana residencial en los partidos de la tercera corona o extremos de los corredores viales, donde se  producen barrios cerrados que expanden los límites de la urbanización con una bajísima densidad, se está dando con un creciente consumo de suelos del periurbano en las zonas de humedales que, alteran la función de los mismos.

Esta alteración del comportamiento (y la función) de los humedales tiene amplias repercusiones socio-ambientales, como el caso de nuestras cuencas, que están relacionadas con una mercantilización del paisaje, que está precisamente dada por su “valor ecológico”.

Para ello, casi siempre requieren normas especiales –como la que habilitaron el uso de los humedales en Escobar- que generó alteraciones drásticas del escurrimiento superficial. Lo que hace suponer –según Fernández L. (2012) (“…una mayor vulnerabilidad a las inundaciones a nivel micro-regional como resultado del taponamiento ejercido por el sistema de polders y terraplenes que aíslan a estos barrios del entorno inmediato y por la pérdida de la capacidad reguladora de los humedales…”. Otro autor, Malagnino (2011) muestra que debido a las obras llevadas a cabo en San Sebastián, la llanura de inundación del Río Luján en esa sección fluvial pasó de un ancho inicial de 4.593 m a 2.573 m, con una disminución del orden del 44%. Otros autores como Fabricante  I.; Minotti P. y Kandus P. (2012) advierten “…La conversión del humedal a un sistema terrestre, altera la amortiguación de inundaciones, el control de la erosión (protección de la costa), y la provisión de gran cantidad de recursos (pesqueros, madereros, medicinales, etc.) la regulación del clima, y la depuración del agua…”

La construcción de resiliencia interpela fuertemente el desarrollo de políticas de suelo, con aplicación estricta de normas basadas en una planificación concertada y participativa. Pues, por ejemplo, el suelo para el desarrollo de la mega urbanización Puertos del Lago (Nordelta II, de la firma Consultatio) fue posible gracias a la sanción en 2010 de una norma municipal que habilitara el uso en los humedales de Escobar.[2] Práctica que interpela los criterios (regionales e interjurisdiccionales) para la gestión de conflictos en cuencas hídricas altamente antropizadas. La debilidad extrema de las políticas de ordenamiento territorial también se alimenta de la evaluación “uno a uno” de los proyectos inmobiliarios.  

La habituales tensiones entre el derecho de propiedad irrestricto y las cuestiones que hacen a la preservación del interés público, ponen en este caso en juego el rol del agua como recurso de venta de los emprendimientos (por su valor paisajístico) soslayando la condición de suelo no urbanizable que naturalmente poseen los predios afectados. Pues las  consecuencias de la alteración de los valles de inundación de ríos y arroyos y la destrucción de la biodiversidad de ecosistemas son altamente frágiles.

FUENTES:

Fabricante  I.; Minotti P. y Kandus P. (2012) “Urbanizaciones Cerradas en Humedales: Análisis espacial en el Delta del Paraná y en las Llanuras Aluviales de sus Principales Tributarios en Sector Continental de la Provincia de Buenos Aires. ARGENTINA”. Laboratorio de Ecología Teledetección y Ecoinformática (LETyE) Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM).

Fernández L. (2012) “Expansión urbana y sus impactos en los servicios ecológicos en la cuenca del Rio Luján” en: Pintos P. & Narodowski P. (Comp.); “La Privatopía Sacrílega. Los efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del Rio Lujan”. Ediciones Imago Mundi. Buenos Aires.

Malagnino E. C. (2011) “Geomorfología y peligrosidad geológica en el valle del rio lujan y el impacto de las modificaciones antropogénicas sobre su planicie de inundación”.

Marcus M. (2012) “Miedos sobre la ciudad” en Belil M., Borja j. y Corti M. (Ed.) “Ciudades una ecuación imposible”. Editorial Café de las ciudades. Buenos Aires

Pintos P. & Narodowski P. (Comp.) (2012); “La Privatopía Sacrílega. Los efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del Rio Lujan”. Ediciones Imago Mundi. Buenos Aires.



[1] Una ciudad resiliente es una ciudad en la que los desastres son minimizados porque la población reside en viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura adecuados, que cumplen con códigos de construcción razonables, y en la que no existen asentamientos informales ubicados en llanuras aluviales o pendientes escarpadas debido a la falta de otro terreno disponible. (Naciones Unidas/Plataforma Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres UN-RRD)

[2] La aplicación de códigos de construcción y mecanismos de planificación y vigilancia del uso del suelo urbano son métodos muy valiosos para reducir la vulnerabilidad a los desastres y el riesgo de eventos extremos tales como los terremotos, inundaciones, incendios, emisión de materiales peligrosos y otros fenómenos. Es responsabilidad de las autoridades locales supervisar su aplicación, cumplimiento y seguimiento. Utilizar estándares de diseño y ordenamiento territorial resilientes resulta rentable si se compara con la necesidad de reubicar y/o reforzar los edificios inseguros.