Una nueva batalla en la guerra de la basura

ilustracion nota RSULa urgencia de avanzar en políticas públicas para reciclar y reducir los residuos urbanos volvió a escena. Fue la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo reinstaló en la agenda al reclamar al alcalde porteño, Mauricio Macri, que se haga cargo de su basura. Este planteo generó cientos de cruces entre ambos gobiernos, críticas y apoyos de ambos lados. También apuró algunos anuncios y puso sobre el tapete otras falencias.

El ultimátum lo dio la jefa de Estado en un acto  que se realizó en abril en el partido de Esteban Echeverría, zona sur del  conurbano bonaerense. “Si me tirás la basura, págame por el tratamiento” fue la frase presidencial que inauguró una nueva disputa entre Nación y Ciudad.

La reacción del Gobierno porteño no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, Mauricio Macri acusó a la primera mandataria de “querer generar una división entre argentinos” y aclaró que la Ciudad paga el doble que los municipios bonaerenses por el sistema de tratamiento de basura. “La ciudad paga 50 dólares la tonelada, mientras que los municipios pagan 25”, aclaró luego Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público.

Esta embestida del Gobierno nacional se sumó a la decisión de la CEAMSE, organismo a cargo de la disposición final de los residuos urbanos,  de priorizar desde junio la asignación de espacio para la basura originada en el conurbano bonaerense por sobre la de la ciudad y además, dispuso un aumento del 35% de las tarifas abonadas por el Gobierno porteño.

Según explicó su presidente, Raúl de Elizalde, la medida se debe “a la crítica disponibilidad de espacio para continuar con la recepción y disponibilidad de basura y a un notorio crecimiento de los tonelajes enviados por la Ciudad”. De acuerdo a datos oficiales, mientras que en 2010 la Ciudad envió  un millón cuatrocientas diecinueve mil toneladas de basura, en 2011 esa cifra trepó a un millón cuatrocientas treinta y dos mil toneladas.

El reto presidencial también se dirigió a los intendentes y al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, cuando dijo “hay que ponerse las pilas y  no agotar esfuerzos para que la basura de la Capital Federal pague lo que tenga que pagar”. Esta declaración obligó a Scioli a salir a escena y volvió a reclamar a Macri que aplique la Ley de Basura Cero que establece la reducción de residuos y define plazos claros para su disminución (30 por ciento en 2010, 50 por ciento en 2012 y 75 por ciento en 2017). “Este tema yo lo planteé en la Asamblea Legislativa, revisen mi mensaje de diciembre, inclusive cuando asumí  esta nueva responsabilidad, este nuevo mandato, hice referencia a que lo importante es que la ciudad aplique la Ley de Basura Cero”, aclaró.

También ingresó a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que prohíbe a partir de 2014 el ingreso a la provincia de cualquier tipo de residuos que provengan de otra jurisdicción, si no cuentan con el tratamiento adecuado.

Intendentes contra Macri y por la basura de sus distritos

La mayoría de los intendentes también salieron a sentar posición y a tirar sus dardos contra Macri. El jefe comunal de General San Martín, Gabriel Katopodis, anunció que exigirá al Gobierno porteño que  frene la instalación de una planta de tratamiento porteña en su distrito. “Voy a exigir concretamente que se impida y se corte con ese proceso y que el Gobierno asuma sus responsabilidades”, adelantó.

Por su parte, el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, se plantó en el mismo sentido y dijo  que la basura “es un tema de agenda política nacional y local, y hay que ir avanzando hacia un sistema de reciclado, que elimine la disposición final y que transforme los residuos en energía”. Su par de Berazategui, Juan Patricio Mussi, le pidió a Macri que se haga cargo de su basura. “Toda la basura de la ciudad viene a diferentes distritos de la Provincia y la tarifa que pagan no alcanza para tratar lo que tiran”.

Mientras en la ciudad de Buenos Aires son nulas las políticas de reducción de residuos, en la Provincia avanzan a paso lento diferentes proyectos para crear plantas de tratamiento.  Luego de las quejas de concejales y organizaciones ambientalistas, en la localidad de Punta Lara, en La Plata, comenzó la construcción de una planta licitada por el municipio y financiada por el Gobierno provincial. “Las dilaciones denunciadas por las ONGs se deben a problemas financieros de la provincia, según entendemos, ya que nunca estuvo en duda el compromiso de la gobernación con este proceso”, explicó  Sergio Federovisky, responsable de la Agencia Ambiental de La Plata, a cargo del proyecto.

“La planta está diseñada para un máximo de 1000 toneladas diarias, provenientes de sólo cinco municipios: La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Punta Indio. Hoy se calcula que esos cinco municipios producen unas 700 toneladas diarias. La inauguración de la planta debe coincidir con el cierre del relleno del Ceamse en Punta Lara, pues así lo determinó la Suprema Corte de Justicia  bonaerense”, explicó.

Otra versión tienen los referentes de Nuevo Ambiente y Centro Vecinal Punta Lara, que forman parte de la Asamblea Ambiental No +Ceamse, quienes realizaron una presentación ante el máximo tribunal denunciando la demora en la ejecución de la obra y la supuesta ampliación de un relleno ilegal de la Ceamse. “Han pasado 1595 días de la firma del convenio con la Corte y todavía no han comenzado las obras de la planta”, señalaron en un comunicado. “Hay falta de compromiso y falta de fondos, no hay una política integral de residuos”, sostuvo Marcelo Martín0ez, referente del espacio.

Por su parte, los intendentes de Lomas de Zamora, Lanús y Esteban Echeverría escucharon el pedido de la Presidenta y adelantaron el anuncio de un proyecto conjunto: crearán una planta de tratamiento de residuos y termo valorización, obra que beneficiará a un millón seiscientos mil vecinos de los tres distritos. “Queremos que los residuos que hoy son enterrados en la Ceamse, que generan un impacto ambiental importante y un perjuicio económico sobre los recursos públicos, sean tratados de manera eficiente para que, por ejemplo, pueden ser convertidos en energía, obtener bloques para la construcción”, explicaron los jefes comunales.

Proyectan que la construcción llevará dos años, tendrá alrededor de 10 hectáreas y una capacidad de tratamiento de 1.500 a 2 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. “En el segundo semestre este consorcio va a trabajar, a buscar inversiones públicas, privadas y mixtas”, adelantó el intendente lomense, Martín Insaurralde. Todavía se desconoce el lugar donde se radicaría la planta.

Otros jefes comunales interesados en el tema de la basura son los integrantes de la Región Metropolitana Norte. Sergio Massa (Tigre), Jorge Macri (Vicente López), Luis Andreotti (San Fernando) y Gustavo Posse (San Isidro), ya colocaron el tema de residuos como uno de los temas concretos de agenda para avanzar en conjunto. Los otros dos son el transporte y la seguridad. Y en relación a los RSU, en el mes de marzo se realizó una reunión especial donde los jefes de gobierno y sus gabinetes escucharon diferentes opciones para la basura. Además, en dos de los cuatro distritos (Tigre y San Isidro) desde hace años se vienen desarrollando campañas de reciclado y reutilización de residuos entre la población.

Además, por su parte Sergio Massa no se quedó quieto y avanzó con su par de San Miguel, Joaquín de la Torre. A mitad de mayo, ambos exigieron a las autoridades de la Ceamse que haya auditores por cada municipio. ¿El objetivo? Lograr una mejor fiscalización de la operatividad y del tratamiento de residuos. El pedido pone nuevamente sobre el tapete un reclamo de larga data: que los municipios dejen de ser convidados de piedra en la mesa del Ceamse, donde sólo se sientan la Ciudad, la Nación y la Provincia. Sin embargo, son los distritos quienes aportan el espacio físico (el suelo) para la disposición. «No vamos a dejar que nos lleven por delante y le estamos exigiendo a la Ceamse un auditor por cada municipio porque los vecinos no tienen por qué convivir con el olor nauseabundo y porque el trabajo no se desarrolla de la manera que debería», afirmó Massa, mientras que De la Torre dijo que «ambos municipios estamos afectados y perjudicados, ya que cada vez más tenemos que hacernos cargo de problemas que no son nuestros».

Otro de los municipios que está avanzando en el tema residuos es La Matanza, el más populoso de la metrópolis y que genera un estimado de 1000 toneladas diarias de basura. En 2010, el intendente Fernando Espinoza suscribió un acuerdo con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para instalar un Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE) en González Catán. El proyecto contempla la inversión de 600 millones de pesos, y se realizará en dos etapas: la primera consiste en crear el espacio para discriminar los residuos inorgánicos de los orgánicos. Los primeros serán comercializados y los segundos seguirán siendo enterrados. En la segunda etapa, se instalará la maquinaria necesaria para tratar los residuos orgánicos y se espera generar energía eléctrica y Gas Oil Plus. “En el primer año y medio se va a separar el 50 por ciento de los residuos y se va a enterrar el resto. En la segunda etapa, que se lanza en los próximos meses, se buscará generar energías amigables avaladas por las universidades europeas, que son muy estrictas en política ambiental”, explicó en su momento Raúl Magario, por entonces Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Matanza. El CARE además prevé el cierre progresivo del relleno sanitario de González Catán (de Ceamse) y la creación de 300 puestos genuinos de trabajo.

Los vecinos, que desde hace años luchan para que se cierre el relleno sanitario por el impacto ambiental negativo y las enfermedades que provoca, no recibieron con agrado el proyecto y emprendieron un plan de lucha para evitar su instalación. Realizaron movilizaciones, marchas y reuniones y sumaron el apoyo de entidades nacionales, como Greenpeace, que también se manifestó en contra del proyecto, entre otras razones porque no se trataría de energía ‘limpia’ ni renovable, y tampoco lograría el cierre del relleno. También se acercaron al Concejo Deliberante Local, encargado de refrendar el acta acuerdo según lo establece la ley orgánica de municipalidades. Luego de dos intentos fallidos, en una sesión donde predominó un clima muy tenso, el proyecto del CARE fue aprobado por 17 votos a favor y 5 votos en contra, en tanto que hubo dos ediles ausentes. Y en septiembre del año pasado se realizó una modificación al proyecto original.

Durante la audiencia pública realizada en Cañuelas por ACUMAR la semana pasada, en el marco del Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo, las organizaciones renovaron su rechazo a la instalación del CARE. Tanto Greenpeace como la Coalición Antiincineración Argentina, el taller ecologista Rosario y los vecinos autoconvocados expresaron su desacuerdo, entre otros motivos porque el proyecto fue redactado en idioma extranjero, por la falta de estudios de impacto ambiental y por la contrariedad entre las manifestaciones de los titulares de las tres Secretarías de Medio Ambiente.

En Ezeiza, el intendente Alejandro Granados firmó en enero de este año un acuerdo con el titular de ACUMAR, Juan José Mussi, que establece la construcción y puesta en funcionamiento de un Ecopunto. La iniciativa se enmarca en el Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo. El convenio establece que la ACUMAR otorgará 30 millones al municipio para la construcción del Ecopunto, que es una planta de  tratamientos de residuos que apunta a evitar la formación de basurales y reducir de manera progresiva la cantidad de residuos que se destinan a disposición final en rellenos sanitarios. Hasta el momento, los Ecopuntos aplicados se encuentran en Lomas de Zamora, Lanús, Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz, San Vicente, General Perón, Morón y Avellaneda, y son espacios preparados para recibir tanto los residuos de la recolección formal como los que resultan de la recolección informal. El objetivo concreto de esta iniciativa es controlar el 100% de los residuos sólidos urbanos y realizar una gestión adecuada, además de realizar el saneamiento de los basurales existentes.