Urbanizan la villa Rodrigo Bueno pero los vecinos temen no poder pagar las viviendas

Los pasillos son el sistema nervioso central de la villa Rodrigo Bueno, ubicada junto a la Reserva Ecológica Costanera Sur y a metros de las torres de Puerto Madero. En el barrio, conformado entre fines de los 70 e inicios de los 80, viven unos 2.700 vecinos cuyas casas se encuentran tan apiñadas que al 82% de ellas se ingresa a través de pequeños corredores. Esto también las hace oscuras y, por momentos, el aire se vuelve denso e irrespirable en su interior. Como ocurre en todas las villas y asentamientos de la Ciudad, sus habitantes luchan por las demandas más básicas, como el acceso a la red de agua potable o a la de cloacas. Los vecinos lograron cierta organización y un espíritu de resistencia que les permitió aferrarse a lo único que tenían: un pedazo de tierra frente al río.

Hasta hace dos años fue invisible para el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, y para beneficio de las 250 mil personas que viven en las villas y los asentamientos porteños, el Ejecutivo dio un giro radical en su política de erradicación para promover la urbanización y la integración de estos sitios. La gran “estrella” en este proceso es la Villa 31 de Retiro.

En la Rodrigo Bueno la urbanización comenzó hace pocos días: en un terreno aledaño, el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) trabaja en las bases de lo que será el nuevo barrio. Allí se construirán alrededor de 600 casas. La mayoría serán entregadas a las familias que hoy viven sobre palafitos, en situación inviable y debajo de la cota de inundación. También a las que están en áreas por las que en un futuro se abrirán calles o espacios comunes o donde se realizarán “esponjamientos”: la idea es liberar las manzanas derribando casas, para que esos espacios se usen como aire – luz de otras viviendas. Y las que sigan en pie serán renovadas y mejoradas.

Como es obvio, también se llevará a cabo toda la conexión formal a los servicios públicos (electricidad y gas) y a los tendidos de agua potable y cloacales. En el contorno del barrio se construirá un paseo costero para vincularlo con el de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

“La participación de los vecinos es fundamental en el proyecto que venimos desarrollando desde hace algo más de un año. Empezamos a hablar con ellos, a escucharlos, y de a poco fuimos superando su desconfianza, que es comprensible. Así llegamos a este proyecto que busca mejorar su calidad de vida. También van a comprar sus viviendas con créditos blandos porque no se les está regalando nada y ellos no quieren que se les regale nada”, dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC.

Sin embargo, los vecinos están pasando por momentos de mucha incertidumbre. No tienen información sobre cuál será el costo de los créditos a los que podrán acceder para pagar las viviendas y temen no poder pagarlos. La Ciudad aseguró a Clarín que la cifra es imposible de determinar por el momento y que la línea de financiación aún no está definida. Por otro lado, el IVC le pagará a los vecinos por las casas que tengan que ser derribadas, como una forma de reconocer esas construcciones. Este dinero será descontado del valor de los departamentos. Y no hay aún una tasación de las casas a derribar.

“Desde mi punto de vista, el problema central es que los vecinos, las ONG y nosotros vamos detrás de los hechos. Nunca tenemos la información antes para debatirla. Entendemos que el Gobierno está apurado porque quiere hacer rápido la obra; los vecinos también quieren tener un barrio formal, pero necesitan información para que la urbanización no se desvirtúe”, dijo a Clarín Horacio Corti, defensor general por el Ministerio Público de la Defensa porteño.

La ley de urbanización del barrio ordena que la Ciudad y los vecinos participen de “mesas de trabajo” en las que deben consensuar los pasos a seguir. Respecto a lo que sucede ahora mismo en el barrio, Corti indica que hay “inquietud porque los vecinos creen que la Ciudad destina todo el esfuerzo a la construcción de las viviendas nuevas, descuidando lo que se considera el barrio histórico”.

Corti le otorga un importante valor simbólico a este momento: “Hay una ley de urbanización que se ignoró durante años. Los vecinos pasaron mucho tiempo reclamando y el Gobierno, mirando hacia otro lado. Pero hubo un cambio en la visión política sobre las villas y es vital seguir alentando este proceso. El Gobierno tiene que compartir información para que los vecinos tengan certidumbre”.

La visibilización de los habitantes de la villa Rodrigo Bueno ya es un hecho. Lo que falta saber es si este proceso los hace parte o les impone condiciones imposibles de afrontar para familias que viven junto al río y casi a espaldas de la Ciudad formal desde hace décadas.

Qué opinan los vecinos

Diego Armando González: “Me preocupa el estado del suelo del barrio original”

Tres años atrás, Diego expuso sobre la condición de vulnerabilidad de su barrio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington. Su testimonio marcó un hito: era la primera vez que el organismo hacía una convocatoria para tratar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de villas de toda la región. Diego es uno de los delegados de la Rodrigo Bueno y junto a su hermano atiende una carnicería. Además es profe de fútbol. Martes y jueves junta a más de 70 chicos para practicar en la canchita del barrio. Un tema que lo preocupa es la remediación del suelo: “En el predio donde se van a construir las viviendas el terreno estaría bien, pero queremos saber qué pasa en el barrio original, donde antes hubo un depósito de autos”.

Blanca Salvatierra: “Tenemos miedo de perder lo poco que tenemos”

Blanca vive en la manzana cuatro, la última, la que se encuentra casi junto al río. Ocupa una casilla con un patio pequeño, atípico en la villa, y que quedó rodeada por viviendas de material, que crecieron hacia arriba. Trabajó en una empresa de limpieza, se jubiló y ahora vive pendiente de su hija, a quien regularmente somete a tratamientos por su adicción a las drogas. Está muy preocupada porque aún no sabe si su casa será derribada y se verá obligada a pagar una nueva. La Ciudad aseguró que las viviendas serán entregadas en 2019: “Para mí es impensado hacer frente al pago de un crédito, expensas e impuestos. Estamos pasando por momentos de mucha angustia, no sabemos qué puede pasar y tenemos miedo de perder lo poco que tenemos”, lamenta.

Juan Garcete Martínez: “Es el Estado el que debe estar presente para controlar”

Juan Garcete Martínez vive en el barrio Rodrigo Bueno desde hace más de 20 años. Cuenta que su familia recibió una de las 24 casillas que le entregó el Gobierno de Aníbal Ibarra a los vecinos desalojados de terrenos más cercanos aún a la Reserva Ecológica. Camina por los pasillos y a su paso todos lo saludan. Todos, excepto las nuevas familias que fueron llegando en los últimos tiempos. “La Ciudad hizo un censo que ya no representa la realidad. Se realizó en 2016 y desde ese momento la villa siguió creciendo, con obras y con familias que se mudaron. Algunos funcionarios nos han pedido a nosotros, los vecinos, que controlemos el ingreso de materiales. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer algo así? Es el Estado el que debe estar presente para controlar esta situación”, expresa.

Fuente: Clarín 24/03/2018