Por Camila March
Sin una estrategia clara y con severos recortes en el presupuesto ambiental, la gestión de Javier Milei atraviesa actualmente la cumbre climática en Turquía, que concluye este 20 de noviembre. El incumplimiento de los compromisos internacionales y la apuesta por el extractivismo exponen la falta de prioridad de una agenda climática urgente.
Repliegue de Nación
El discurso negacionista nacional no se queda solo en palabras: se traduce en medidas concretas y observables en el proyecto de Presupuesto 2027, que profundiza el desfinanciamiento sistemático de las políticas ambientales frente a los niveles de 2023. La Subsecretaría de Ambiente perdió el 82,4% de sus fondos y el presupuesto para el saneamiento del Riachuelo sufre recortes de hasta el 93%. La misma suerte corren áreas críticas como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (-72,3%), el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (-71%), la Administración de Parques Nacionales (-41,7%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-47,7%). A su vez, Argentina estuvo 66 días sin una autoridad climática nacional tras la salida de Fernando Brom, evidenciando la falta de prioridad de una agenda ambiental.

La respuesta ante la emergencia climática del fenómeno El Niño continúa con esta lógica. En julio, el gobierno nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, donde se adopta un enfoque preventivo que busca anticipar crecidas del río Paraná y mitigar inundaciones, optimizando el uso de recursos entre Nación, provincias y municipios. Sin embargo, la preparación debería ir más allá de la asistencia de las fuerzas armadas y de la asignación de recursos económicos: requiere fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la infraestructura, desarrollar planes de evacuación, ordenar el uso del territorio y proteger los bosques y humedales.
El camino hacia la COP31 en Antalya
En un escenario internacional signado por la incertidumbre que impone la crisis climática, la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se consolida como el principal espacio multilateral para la toma de decisiones en materia climática. Desde su primera edición en 1995, su objetivo principal es la articulación de respuestas conjuntas frente a estos problemas, mediante la adopción, aplicación, supervisión y seguimiento de compromisos globales.
Los Estados, que interpretan al cambio climático como un “multiplicador de amenazas” por su capacidad tanto de agravar conflictos preexistentes como de exacerbar fenómenos climáticos extremos, aprovechan este espacio para presentar sus preocupaciones, negociar con los demás Estados Partes y proponer soluciones acordes a sus realidades nacionales. Sin embargo, los Estados no son los únicos protagonistas de estas conferencias: los movimientos sociales, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se organizan en cumbres paralelas que se realizan de manera simultánea a la COP oficial.
Para esta edición de la COP31 —que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía—, las responsabilidades de la cumbre son repartidas con Australia. Es decir, Turquía es el país anfitrión que asume la Presidencia formal, mientras que Australia lidera las negociaciones, trabajando con y en representación de los países insulares del Pacífico. Bajo el argumento de que ningún país, sociedad ni economía es inmune a la crisis, se llevan a cabo negociaciones sobre temas como la financiación climática, la transición justa, la adaptación y la reducción de emisiones.
Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, lidera la delegación del país en las negociaciones multilaterales. Los antecedentes de la gestión actual ya anticipaban una participación marginal: en la COP29 en Bakú, Javier Milei había ordenado repentinamente la retirada de la delegación; en la COP30 en Belém había mantenido un muy bajo perfil participando únicamente en las negociaciones respecto a los mercados de carbono.
Argentina y sus compromisos internacionales: ¿cómo llegó el país a la COP31?
El Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC), entidad encargada de evaluar el cumplimiento de los compromisos climáticos de Argentina, presenta un diagnóstico crítico. Su último resumen de actualización, publicado en julio de este año, presenta datos decepcionantes. De 115 compromisos que forman parte de la vasta arquitectura de promesas argentinas, el 88,7% están fuera de una trayectoria de cumplimiento. El informe también remarcó que 52,2% ya están en zona de incumplimiento confirmado: entre ellos, 27 objetivos ya son imposibles de cumplir en plazo, 32 se encuentran sin ningún avance verificable y 1 ya fue eliminado sin cumplirse. El ONAC señala que solo el 11,3% están en trayectoria real de cumplimiento; sin embargo, la mayoría de estos logros se concentran en el eje de Rendición y Transparencia. Aunque son avances institucionales necesarios, no alteran significativamente el rumbo de los sectores con mayor impacto directo en emisiones, adaptación y resiliencia.

Por otro lado, en noviembre de 2025 el Gobierno argentino presentó el proyecto preliminar de su Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). Sin embargo, la versión definitiva del documento se entregó a la CMNUCC recién el pasado 6 de noviembre, acumulando un año de demora. Organizaciones como FARN denuncian que la NDC 3.0 carece de la ambición que exige la crisis climática. Por un lado, la nueva meta elevó el techo de emisiones de 349 a 375 MtCO2e bajo la excusa de ajustes metodológicos, pero sin presentar un cálculo transparente ni una hoja de ruta de mitigación. Además, el texto fue elaborado sin garantizar la participación pública que exige el Acuerdo de Escazú.
Esta estrategia evidencia graves contradicciones estatales: mientras se incentiva la expansión de combustibles fósiles mediante el RIGI, se desfinancian áreas críticas de mitigación y adaptación. Por último, al carecer de un plan de financiamiento propio, el cumplimiento descansa en mercados de carbono amparados por un proyecto de ley regresivo que debilita el control nacional de emisiones, flexibiliza el derecho a la consulta de las comunidades locales y amplía privilegios fiscales, configurando una política que prioriza el extractivismo y deja a los territorios vulnerables sin herramientas reales de protección.
La paradoja de la apuesta global por la transición energética
Uno de los ejes principales de las cumbres climáticas es la descarbonización de la matriz energética global. Según el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), para mantener el calentamiento global en torno a 1,5 °C los esfuerzos deben concentrarse en la reducción de emisiones de metano en aproximadamente un 30% para 2030. En ese mismo informe, el IPCC señala que solo con la continuidad de las operaciones de las instalaciones existentes de petróleo, gas y carbón se superaría ese límite de calentamiento.
Para Argentina, este imperativo plantea una paradoja donde conviven ventajas estratégicas y contradicciones productivas. El país cuenta con ciertas ventajas: según el Foro Económico Mundial, posee el 12% de las reservas mundiales de litio y un 2% de las de cobre, minerales centrales para la transición. Sin embargo, esta posición colisiona con su propia matriz interna, donde la energía y el agro explican casi el 90% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Lejos de proyectar una descarbonización, Argentina sigue apostando por la extracción y exportación de combustibles fósiles como la clave para su crecimiento económico, un modelo que se evidencia en la expansión de Vaca Muerta.
Reflexiones finales
Aunque no hubo un retiro formal de la Argentina del Acuerdo de París, es evidente que la cuestión ambiental no es prioridad en la agenda de gobierno. Esto se refleja en múltiples dimensiones: el desfinanciamiento de las políticas, la reforma a la Ley de Glaciares, el incumplimiento de compromisos internacionales y el socavamiento del sistema científico.
Sin embargo, si bien la actual administración profundiza esta tendencia, esta ausencia de voluntad política no es nueva. Durante las últimas décadas, más allá del color político de turno, se consolidó un modelo centrado en extraer materias primas y exportarlas sin valor agregado. Lo que varía según quién gobierne son las prioridades: ¿qué porción de esa riqueza queda realmente para los argentinos? Y, fundamentalmente, ¿esa renta se destina a sostener el superávit fiscal o a impulsar políticas industriales y ambientales concretas?
Argentina posee grandes reservas de recursos naturales para jugar un rol clave en la transición energética global, pero paradójicamente sofoca su política climática con un recorte del 82% en el área ambiental. En suma, el país tiene con qué afrontar la transición; la verdadera pregunta es si usará esa riqueza para financiarla o si continuará exportándola sin procesar.