Algunos especialistas[1] afirman que nos encontramos ante un cambio radical de paradigma debido al enorme impacto de las tecnologías de la información y comunicación en nuestras vidas. La sociedad está cada vez más informada e involucrada en el quehacer político y la institucionalización de un Estado transparente.
Tanto la sociedad civil como el Estado pueden aprovechar el potencial de estas nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios sociales y económicos que traen. El Estado principalmente, puede tomar este escenario como una oportunidad para romper la desconfianza existente en los gobiernos y mejorar la gestión pública.
Desde 2012, Argentina es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral voluntaria que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es lograr que los gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.
En ese marco el país tiene un Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto para el periodo 2017 – 2019 dependiente del Ministerio de Modernización de la Nación. El plan cuenta con 44 compromisos, 33 nacionales y 11 provinciales.
Siguiendo esa línea en septiembre de 2016 se sancionó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública reglamentada mediante el Decreto 206/2017. Se avanzó en la implementación de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, con la elaboración de 22 planes de apertura de datos pertenecientes a la Administración Pública Nacional y la publicación de datasets en el Portal Nacional de Datos Públicos (datos.gob.ar).
También se avanzó en la federalización de las políticas de Gobierno Abierto al crear 11 compromisos entre los Gobiernos provinciales y las 90 organizaciones de la sociedad civil que participaron de las mesas de diálogo en las provincias.
Blockchain como herramienta de trazabilidad
La principal objeción a la práctica de abrir los datos es que ésta no implica la transparencia de los procesos de gobierno. Se puede abrir información sobre sus gastos o contrataciones, pero eso no dice nada sobre cómo se llevó a cabo el proceso o si se cumplieron las partes del contrato. Mediante los datos podemos inferir algún hecho de corrupción o malversación, pero es en los procesos donde se encuentra la evidencia de posibles irregularidades. Una de las herramientas utilizadas para seguir la trazabilidad de los procesos es Blockchain, que permite mejorar la transparencia de estos procesos y facilitar la auditoría de los organismos de control estatal.
Gracias a sus características, Blockchain permite que se puedan intercambiar bienes o valor sin la necesidad de contar con un intermediario (en el caso de las criptomonedas, el campo de su uso más extendido, sin la necesidad de la mediación de un banco).
Se trata una base de datos distribuida y lo innovador es que el registro se encuentra abierto en cada uno de los integrantes que forman parte del proceso. Al no estar centralizada, es imposible su modificación unilateral, ya que una vez que un dato ha sido publicado y enlazando a un bloque anterior, este es validado por toda la red en tiempo real, dando confianza y certeza a todos los integrantes. Además, todos los cambios realizados serán visibles públicamente por todas las partes involucradas.
En nuestro país, desde Julio de 2017 las ediciones electrónicas del Boletín Oficial se certifican mediante la utilización de la Blockchain para que sus usuarios puedan verificar la autenticidad y obtener prueba de existencia de la edición electrónica. En la capital de Córdoba, se utilizó blockchain para registrar todas las declaraciones juradas de los funcionarios (incluida la del Intendente) y el presupuesto 2018, entre otras cosas.
Sin embargo, la primera experiencia de aplicación de Blockchain en apertura de datos, fue realizada en la asignación de subsidios culturales del municipio de Bahía Blanca. La tarea se realizó con el asesoramiento de Prince Consulting, una consultora especializada en tecnología y gobierno. Al respecto, Lucas Jolías, Director de Prince Consulting 
afirma: “Fue la primera experiencia de Blockchain y gobierno abierto del país y de las primeras de América Latina. Se trató una plataforma para la entrega de subsidios del municipio. Lo que hacíamos con Blockchain era dar la certeza, la confianza a la ciudadanía de que la entrega de subsidios no había sido alterada. Es decir, el monto del subsidio, quién lo recibía y en qué se gastaba y que nadie, ni siquiera un funcionario podía alterar esa información. Entonces cualquier ciudadano entraba a la plataforma y podía chequear toda la trazabilidad del proceso del subsidio”.
La experiencia de Bahía Blanca fue una prueba piloto “lo que queríamos probar era ver que utilidad podía tener Blockchain en el manejo del gobierno. Creo que es factible aplicar esa herramienta a otras áreas de gobierno más allá del área de cultura. Nosotros también trabajamos con Chile Compras, por ejemplo, que es un portal de compras públicas chileno, y la Comisión Nacional de Energía de Chile para certificar órdenes de compra y procesos de licitación y certificar información” afirma Jolías.
Más que generar confianza en el gobierno, Blockchain permite generar mecanismos que no necesiten confianza en el gobierno, eliminando la discrecionalidad de los funcionarios de turno, uno de los más grandes objetivos de la Alianza por el Gobierno Abierto “Lo que está demostrando Blockchain es que para determinados procesos o determinadas operaciones de gobierno puede haber seguridad y confianza de que la información o el proceso en general no ha sido alterado y eso es importante para evitar la manipulación de información. Me parece una tecnología prometedora en ese sentido” sostiene Jolías.
Blockchain es sólo una herramienta con utilidades particulares, que ha demostrado ser extremadamente útil en el mundo de las criptomonedas, pero que todavía debe demostrarlo en otros ámbitos. Su éxito en el Estado depende de la voluntad política y de la formación de una comunidad informada que use y experimente con esta tecnología.
A pesar de su potencial, Jolías señala dos debilidades de la herramienta: “por un lado, la experiencia del usuario. Se está hablando demasiado de blockchain en lo técnico y eso dificulta la experiencia. Hoy un usuario no tiene por qué saber que es un hash o como se encripta la información. Una de las principales debilidades de blockchain en aplicaciones de gobierno tiene que ver con eso, todavía es muy difícil de entender para el usuario común. La segunda debilidad tiene que ver con una cuestión más de mercado que es que hay muchas experiencias de blockchain que están surgiendo en el último tiempo que en realidad no necesariamente dan un valor agregado a lo que se está haciendo”.
Más allá de las expectativas positivas, estamos en una fase donde lo importante es experimentar y probar su verdadero potencial. No debemos descartar su potencialidad como herramienta de eficiencia y transparencia para gobiernos, en especial para aquellos que necesitan generar mecanismos de confianza entre la administración y sus ciudadanos.
En ocasiones, los gobiernos abren sus datos en internet para seguir la tendencia y no como una verdadera apuesta a la transparencia ya que publican información superficial y que poco tiene que ver con el manejo de los fondos públicos o con sus procesos de manejo. Sin embargo, Lucas Jolías, cree que la visión tecno céntrica de Blockchain es una tendencia que se revierte: “Creo que cada vez hay menos una visión tecnocentrista. Hace un tiempo había como una visión mucho más de acuerdo con que el gobierno abierto tenía que ver con simplemente aplicar tecnología. Antes cualquier municipio tenía un portal de datos abiertos con eso ya estaba bien, aun así subiera dos o tres datos. Hoy ya hay una exigencia de la sociedad civil mucho mayor acerca de que datos abrir, cómo abrirlos, la regularidad con la que se hace, si están actualizados o no. Eso tiene que ver con que el gobierno abierto, tiene que ver cuestiones más institucionales y no tanto de tecnología. Blockchain no sirve para todo”.
[1]Jolías, Lucas y Prince Alejandro (2012): “Las fuentes conceptuales del Gobierno Abierto”. En Revista Telos Nro. 98 Enero 2012 – Abril 2013. Fundación Telefónica España.