Por Micaela Sampietro.
A diez años del primer Ni Una Menos, el caso de Agostina Vega vuelve a poner en escena la pregunta sobre cuánto tiene que fallar el sistema para que una mujer muera.
El 1 de junio de 2026, una semana después de su desaparición, el cuerpo de Agostina Vega fue hallado en un descampado de Córdoba. Tenía 14 años. El principal imputado es Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que había tenido un vínculo con la madre de la víctima. No era la primera vez que Barrelier aparecía en una causa judicial por violencia de género. El año anterior había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad: una mujer logró escapar semidesnuda de su vivienda tras haber sido retenida, atada y amenazada. Por ese hecho, estuvo detenido veinte días. El fiscal Iván Rodríguez ordenó su liberación sin realizarle pericias psicológicas ni elevar la causa a juicio. Le impusieron una fianza y la asistencia a un curso de adicciones.
Cuando Agostina desapareció, su familia fue a denunciarlo. La policía de Córdoba se negó inicialmente a tomar la denuncia porque se estaba jugando la final del torneo de fútbol de Belgrano. El fiscal a cargo, Raúl Garzón, tardó días en dimensionar el riesgo y no activó la Alerta Sofía con la celeridad que el caso requería. Las primeras hipótesis de la investigación no apuntaron al sospechoso que la familia ya había señalado, sino a la propia conducta de Agostina: que se había ido por voluntad propia. Esa lógica demoró allanamientos y peritajes que, realizados antes, podrían haber cambiado el curso de los hechos.
El caso coincidió con el undécimo aniversario de la primera marcha del Ni Una Menos y desató movilizaciones masivas en Córdoba y en todo el país. No como excepción, sino como confirmación de algo que el movimiento lleva más de una década señalando: que detrás de cada femicidio hay una cadena de decisiones estatales que no lograron evitarlo.
Todo lo que tiene que salir mal
Las fallas se concentran en tres momentos críticos. El primero es la recepción de la denuncia. Muchas causas nunca se inician porque la policía no las registra: por falta de capacitación, por ausencia de perspectiva de género, o por simple indiferencia. El subregistro es masivo: se estima que el 45% de las mujeres argentinas ha sufrido violencia de pareja en algún momento de su vida, pero la gran mayoría nunca llega a denunciar porque el sistema no ofrece demasiadas razones para confiar en que hacerlo sirve de algo.
El segundo momento es la valoración del riesgo. El 17% de las víctimas de femicidio ya había realizado una denuncia previa contra su agresor, y el 10% contaba con medidas judiciales de protección vigentes al momento de ser asesinadas. El sistema tiende a tratar cada causa de forma aislada, sin construir un historial de peligrosidad del agresor. Los antecedentes existen, están en el expediente, pero no se leen en conjunto ni se traducen en medidas efectivas de prevención.
El tercer momento es la investigación en sí. Y aquí aparece uno de los sesgos más persistentes: la tendencia a analizar la conducta de la víctima antes que la del agresor. El caso de Lucía Pérez es el ejemplo más resonante. En octubre de 2016, la adolescente de 16 años murió en Mar del Plata en circunstancias que la fiscalía calificó como abuso sexual seguido de muerte. En el juicio oral de 2018, los acusados fueron absueltos de los cargos de femicidio y abuso sexual: el tribunal recurrió a la vida sexual previa de la víctima para descartar que hubiera habido violación. El Tribunal de Casación anuló ese veredicto en 2020, señalando que el fallo se había fundado en estereotipos de género. En 2023, en un segundo juicio, uno de los acusados fue condenado a prisión perpetua. El caso tardó siete años en tener una condena.
¿Y cómo se sanciona a quienes fallan? El mecanismo previsto es el Jury de Enjuiciamiento. El Poder Judicial es el único poder del Estado que se juzga a sí mismo, y los resultados son contundentes: en el caso Lucía Pérez, el Jury resolvió en 2024 que los jueces no debían ser removidos. El juez Calegari, que ignoró dieciocho denuncias previas de Úrsula Bahillo antes de su asesinato, sigue ejerciendo sus funciones. La autocrítica institucional, en la justicia argentina, es casi una figura teórica.
El Estado que se retira
Mientras la justicia falla en los casos concretos, el Estado nacional tomó en los últimos 2 años una serie de decisiones que desmantelaron la arquitectura de prevención construida durante dos décadas.
Bajo el argumento de combatir «curros» y lo que el gobierno denomina «ideología de género», la administración de Javier Milei eliminó el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. El Programa Acompañar —que entre 2020 y 2023 asistió a más de 300.000 personas en situación de violencia de género— sufrió un recorte presupuestario cercano al 90%.
La Línea 144, la línea de atención y asesoramiento para víctimas que funciona las 24 horas, perdió el 64% de su presupuesto. Incluso, el gobierno evalúa reemplazar la atención humana de esta línea por un sistema automatizado de Inteligencia Artificial con el objetivo de reducir costos operativos. Las situaciones de violencia de género necesitan una contención especializada que corre riesgo de deshumanización y sesgo ideológico si se vuelve un trámite automático.
Además de los recortes, el gobierno implementó algunas «trampas metodológicas» en las estadísticas oficiales para utilizar como argumento. Por ejemplo, el discurso oficial afirma una baja del 25% en los femicidios. Los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema muestran una caída del 20% —de 250 casos en 2023 a 200 en 2025—. Es decir, una mujer asesinada cada 44 horas. Mientras, organizaciones como La Casa del Encuentro registran un caso cada 30 horas.
De todas maneras, la denuncia más grave viene de observatorios especializados como el Observatorio Lucía Pérez, cuya directora Claudia Cuñia sostiene que la baja podría responder no a menos asesinatos, sino a una presión sistemática para cambiar la carátula de las causas. Si un femicidio se registra como «violación agravada» u «homicidio simple», deja de contabilizarse en las estadísticas específicas de violencia de género.
Un dato más que el discurso oficial suele agitar como contrapeso es el de las denuncias falsas. Los Ministerios Públicos Fiscales indican que representan el 0,09% de las causas, aproximadamente una de cada mil, en contraste con el 45% de mujeres que sufrió violencia y no denuncia.
Femicidio, feminicidio y la responsabilidad del Estado
El femicidio es una figura legal que se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El motivo del crimen es su género: la violencia ejercida por parejas, ex parejas, conocidos que sienten que la mujer es una propiedad a la que pueden castigar o eliminar.
Pero existe un concepto más amplio, desarrollado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde. Se trata de feminicidio y la diferencia es política. El feminicidio incluye al Estado como actor. No solo describe el crimen, sino la estructura que lo hace posible: la falta de políticas públicas de prevención, la negligencia policial, la impunidad judicial, el desfinanciamiento de los sistemas de asistencia.
El caso de Agostina se trata de un feminicidio. El Estado tuvo múltiples oportunidades de intervenir y en cada una eligió, por acción o por omisión, no hacerlo. Esta figura, más que una categoría para leer casos individuales, es una manera de ponerle nombre a la falta de voluntad política de prevenir casos como el de Agostina y reparar el daño producido.
Ni Una Menos
Dentro del propio sistema, también hay instituciones que resisten. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema funciona las 24 horas con equipos interdisciplinarios, recibe denuncias y puede dictar medidas de protección en el acto. La UFEM —Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres— acompaña a fiscalías comunes para incorporar perspectiva de género en las investigaciones. Son estructuras insuficientes para la escala del problema, pero son estructuras que existen y que, por ahora, no fueron desmanteladas.
El Ni Una Menos de 2026 volvió a convocar multitudes en todo el país. No es un dato menor en un contexto en el que se intenta instalar la narrativa de que el movimiento de mujeres es un «curro» o una expresión de «ideología». Ni Una Menos lleva trabajando desde hace 11 años para que estas discusiones estén presentes en la agenda pública. Lo que aparece como novedad que vuelve urgente el reclamo es el nivel de retroceso institucional al que se enfrenta esa demanda.
Agostina Vega tenía 14 años. Su caso dejó en claro que el problema no es que el sistema falle, sino que funciona exactamente como está diseñado. Y cambiarlo requiere presupuesto, capacitación y voluntad política.