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Incendios en el Delta del Paraná: hora de PIECAS y Ley de Humedales

El Delta del Paraná es uno de los sistemas de humedales más importantes de Argentina y de Sudamérica. Alberga una gran biodiversidad y cumple múltiples funciones ecológicas. El avance de diversas actividades extractivas en la región como la agricultura y ganadería industrial y la urbanización, entre otras, pone en riesgo la integridad ecológica de sus humedales y medios de vida locales.

En 2008, una grave crisis de incendios dio origen al Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP). El PIECAS-DP es una instancia interjurisdiccional y multisectorial. Su elaboración estuvo trazada por procesos participativos, y ese espíritu se plasmó en sus contenidos.

En 2020 el Delta nuevamente está en llamas. En un contexto de extrema sequía y bajante extraordinaria del río Paraná, las quemas intencionales, que alcanzan gran magnitud en Entre Ríos y en menor medida en Santa Fe y Buenos Aires, eleva hasta límites alarmantes la presión sobre los ecosistemas de humedales, poniendo en riesgo la salud y la vida de las poblaciones de las islas del Delta y de las ciudades ribereñas.

En el Delta del Paraná el fuego no es un componente natural. Estos humedales no están adaptados al fuego y se ven severamente afectados por estas quemas intencionales; destruyen biodiversidad y suponen un severo problema de salud pública. En el contexto de la pandemia de la COVID-19, estas consecuencias intensifican la vulnerabilidad de las personas.

Un juzgado federal de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusieron con carácter cautelar la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el ambiente en la región y la constitución de un comité de emergencia ambiental, respectivamente. No obstante, los incendios en el Delta persisten y se agravaban. Apagar el fuego no será la solución mientras el negocio siga siendo quemar.

Tras una década desde la creación del PIECAS-DP es hora de actuar de manera efectiva y consciente. Es clave que se retome la labor participativa de los gobiernos con distintos sectores de la sociedad civil y, en ese marco, avanzar hacia un ordenamiento ambiental del Delta del Paraná y hacia el fortalecimiento de la débil institucionalidad ambiental actual. Esto posibilitará tratar las complejidades de los ecosistemas del Delta, desde los territorios y atendiendo el gran desafío de compatibilizar las actividades productivas con el sostenimiento de la integridad ecológica de los humedales. Se está, asimismo, ante la chance de retomar los proyectos legislativos para la institucionalización del PIECAS-DP, una tarea bien puntual que puede promover el Ministerio de Ambiente de la Nación enviando un proyecto de ley al Parlamento.

Esto, debe ir acompañado de la postergada sanción de una Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales, con principios y herramientas de gestión ambiental específicas.

Argentina tiene una gran diversidad de humedales, cerca del 21% de su superficie incluye estos ecosistemas, que son percibidos, por algunos sectores de la sociedad, como tierra de descarte, terrenos que se deben necesario rellenar, trayendo aparejados impactos socioambientales negativos. Así, los humedales se pierden y degradan cada día. Por eso, Argentina necesita una ley de protección ambiental para estos ecosistemas que sea fruto de una amplia y efectiva participación, integrando la visión desde los territorios, de las personas que los habitan, trabajan, producen y conocen.

Esta Ley de Humedales necesita regirse desde una visión ecocéntrica, y bajo principios tales como el ecosistémico, preventivo, precautorio, de no regresión, equidad intergeneracional, in dubio pro natura, in dubio pro aqua, transparencia y participación, perspectiva de derechos (incluyendo interculturalidad y enfoque de género), y protección de los bienes comunes.

Algunos de los elementos vertebrales de una ley nacional de humedales son: una definición clara y operativa de humedal, una autoridad de aplicación nacional con facultades proactivas e integrales, partidas presupuestarias a la altura de los desafíos, el desarrollo de un inventario y ordenamiento territorial de los humedales, y herramientas de evaluación de impactos como la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de impactos acumulativos.

La crisis de incendios en el Delta del Paraná ha renovado la discusión de una Ley de Humedales en el Congreso Nacional. A la fecha hay once proyectos para consideración de las y los legisladores en ambas Cámaras. Tras sesiones informativas, iniciarán las reuniones de las comisiones parlamentarias alcanzadas por esta iniciativa para la discusión formal, consensuar en lo posible un único texto y emitir dictamen a fin que pueda ser tratado en recinto.

La pandemia de la COVID19, que tanto sufrimiento humano está causando, nos deja en claro que cuanto más alteramos los ecosistemas, más peligro corremos. Y ningún sector de la sociedad está exceptuado de ello. Debemos construir una nueva relación con la naturaleza y la sanción de una Ley de Humedales sería un paso en la dirección correcta. Si los gobiernos y legisladores/as no son capaces de demostrar real voluntad política de querer hacerlo, la historia lamentablemente se repetirá y otra vez habrá que apagar incendios.