Por Camila Lescano – Son muchos los procesos y factores que han contribuido a la transformación de los gobiernos locales. Si nos remontamos hacia algunos años atrás vemos que las crisis económicas, las reformas del Estado, las transiciones democráticas, las políticas de descentralización, la maduración y mayor pluralidad de la sociedad civil, así como también la influencia de la cooperación internacional, han marcado el rumbo de los cambios que experimentan los municipios.
El objetivo de las políticas públicas es llegar a sus destinatarios con eficiencia y eficacia, por eso es importante incorporar e institucionalizar el enfoque de género, ya que es una herramienta conceptual y metodológica que permite cumplir con los principios de la equidad social. Los gobiernos locales vienen trabajando la cuestión de género hace un tiempo, pero durante los últimos años la problemática avanza en su incorporación en la agenda pública concretando programas y acciones.
Al observar las acciones y decisiones que están desplegando algunos municipios se debe destacar que hay avances concretos en la institucionalización del tema. Muchos gobiernos locales tienen áreas específicas que se dedican a la cuestión de género, ya sean secretarias, subsecretarias, direcciones, coordinaciones, áreas, consejos, centros, entre otras. Esto se puede observar claramente en el Mapeo de organismos municipales realizado por el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la UNGS, donde se detallan los organismos que tratan temas de género en algunos municipios del AMBA. Por otro lado, en los municipios más pequeños si no existen áreas específicas, se observan servicios implementados por las áreas sociales, culturales y de salud.
En la mayoría de los casos, los programas municipales tienen un sesgo hacia las políticas de prevención y atención de las situaciones de violencia de género, observándose pocos municipios con programas y servicios para la mejora de igualdad de oportunidades y derechos. A su vez, hay en varios municipios una ausencia de sistemas de información o indicadores que permitan dar un seguimiento a los casos de violencia. Esto impide evaluar y comparar la evolución en el tiempo de la situación de la mujer y mucho menos proteger y prevenir episodios futuros.
Este panorama general nos permite afirmar que la sola institucionalización formal, no es suficiente, porque con ello sólo se garantiza que ciertos requerimientos serán considerados, pero no se incorporan de nuevos y actualizados reclamos surgidos desde la sociedad civil. Plasmar en una norma (ordenanza, ley, resolución, etc.) le da a la política pública obligatoriedad, pero no basta, sobre todo cuando se propone introducir enfoques teóricos y procedimientos nuevos que van a modificar prácticas sociales.
Acciones u omisiones en el AMBA
Tras la observación de algunas medidas llevadas a cabo por organismos municipales de políticas de género, veamos el panorama sobre algunas políticas públicas que se están desarrollando.
El camino hacia la gestión menstrual
Si se trata de la búsqueda por la igualdad en la distribución de ingresos y autonomía, una de las campañas y causas activas es la gestión menstrual. El primer reclamo, a través de diferentes proyectos de ley presentados, es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son considerados de primera necesidad y el impuesto representa una desventaja para las personas que menstrúan. Además, como se menciona desde Economía Feminita un segundo reclamo es la exigencia de una distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios.
El año pasado, el Municipio de Morón sentó un antecedente único en la región dado que aprobó una ordenanza municipal que puso en marcha el Programa Menstruar. El lanzamiento estuvo a cargo del intendente Lucas Ghi, junto a la secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y DDHH, Cinthia Frías, tras haber sido impulsada una ordenanza a través de la concejal Sandra Yametti. El programa significa un paso relevante en materia de políticas con perspectiva de género y diversidad porque plantea un horizonte para generar condiciones efectivas y materiales que tiendan a reducir las brechas de desigualdad.
La Dirección de Géneros y Equidad del Municipio de Morón previamente había llevado a cabo un sondeo para calcular el gasto anual por persona en elementos de gestión menstrual y, al considerarse un producto de primera necesidad, con este programa se busca promover su acceso equitativo a través de la provisión gratuita, garantizando así derechos fundamentales a toda persona menstruante. Esta política pública no solamente busca garantizar el acceso a los productos de higiene femenina, también se intenta capacitar sobre la salud menstrual a través de campañas educativas y comunicacionales, aspirando a transformar la mirada con la que la sociedad se vincula a esta temática.
El municipio de Morón, con este programa, fue pionero en la provincia de Buenos Aires a principios del 2020. Posteriormente esta medida se replicó a través de una ordenanza municipal en Zárate, creando así el Programa Municipal de Gestión Menstrual.
Poco a poco este tipo de iniciativas busca establecerse en otros municipios del AMBA, como en Hurlingham, donde en febrero de este año se lanzó el programa de «Autocuidado en la gestión menstrual”. En este caso, el objetivo es la enseñanza de la elaboración de productos de higiene y cuidado personal a través de la Escuela de Emprendedores, por lo cual esta medida se lleva cabo a por la Subsecretaría de Fortalecimiento Emprendedor articulando a su vez con la Subsecretaría de Salud y con la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad. En el lanzamiento el intendente Juan Zabaleta señaló que el programa, además cuidar el bolsillo e impulsar el cuidado y protección de las mujeres del distrito, busca poner en valor la economía social.
La respuesta de los municipios frente a la violencia de género
Considerando el contexto de la emergencia sanitaria, resulta fundamental conocer cuáles fueron las medidas que desplegaron las áreas municipales de género frente a esta nueva realidad. El confinamiento de alguna manera potenció los factores de riesgo de violencia de género, ya que aumentaron el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y denuncia. Por ello, los servicios municipales tuvieron que introducir cambios en sus estrategias y adaptar la atención por violencia de género a esta nueva situación.
Como las restricciones de circulación han llevado a reducir o evitar la atención presencial, poco a poco comenzaron a ampliarse los canales de recepción de denuncias por vía telefónica o web. Tal como se menciona en un estudio llevado a cabo por el Instituto del Conurbano de la UNGS: “Violencia de género en el aislamiento: las respuestas de los municipios del Conurbano”, en distritos como Malvinas Argentinas y Tigre se extendieron los horarios y se reforzaron las líneas de atención. También en San Miguel, Tres de Febrero y Avellaneda se incorporó la atención por mensajería de WhatsApp, una modalidad que no se llevaba adelante con anterioridad. Si bien la mayoría de los municipios redujeron el trabajo presencial, en varios distritos se llevaron a cabo guardias presenciales, como fue el caso de San Martín, Vicente López, Pilar, Tigre, Escobar y Malvinas Argentinas. En La Matanza, por ejemplo, esta actividad fue declarada servicio esencial y se elaboró un protocolo para garantizar la asistencia en el marco de la pandemia, algo que también ocurrió en Morón.
Sin dudas, en este contexto resultaron fundamentales distintas formas de articulación entre municipios y Juzgados, Comisarías de la Mujer y Fiscalías, así como también con los niveles de gobierno nacional, provincial y organizaciones sociales, comunitarias y políticas. Todo ello no solamente para fortalecer las líneas de atención, sino también para articular con todos los niveles de gobierno a través de la línea 144, para llevar a cabo un seguimiento especialmente en casos críticos y campañas de difusión para la prevención.
Pese a estas líneas de acción, a partir del trabajo realizado por el Observatorio Ahora que sí nos ven, se puede afirmar que 288 femicidios fueron cometidos entre el 20 de marzo del 2020 y el 19 de marzo de 2021. Es decir que se registró 1 femicidio cada 30 horas durante el año de la pandemia. Del total de dichas víctimas, el 16% hizo una denuncia previa y el 7% tenía medidas judiciales de protección. En comparación con el año anterior, vemos una disminución de femicidios en el marco del aislamiento, ya que desde el 20 de marzo del 2019 al 19 de marzo de 2020 el Observatorio registró 334 femicidios. Sin embargo, esto no nos quiere decir que las medidas implementadas son suficientes, sino que hay que seguir trabajando con los indicadores obtenidos para tomar decisiones y desarrollar políticas públicas que, en el contexto de la “nueva normalidad”, piensen la problemática y su solución como un asunto urgente.
En este sentido, en marzo de este año, el municipio de La Matanza presentó una línea telefónica para asistencia y asesoramiento a victimas de violencia de género, la cual funciona las 24 horas todos los días de la semana. De esta manera, el distrito se convierte en el primer gobierno local en la Argentina que pone a disposición un 0800 destinado a victimas de violencia de género. Fernando Espinoza, intendente del municipio, junto a la a secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel, y la jefa de ventas de Administración Pública de Movistar, Cecilia Lacoste, dieron inicio al funcionamiento del 0800-999-7272 (PARÁ). Según comentó el jefe comunal, esta vía de comunicación es atendida por operadoras propias, especialmente capacitadas para llevar a cabo tareas de derivación y seguimiento a mujeres y disidencias sexuales que son víctimas de violencia.
La importancia de la articulación
La tarea de articular y fortalecer una institucionalidad no es para nada sencilla. La presencia de políticas transversales requiere de una gran tarea de diseño y generación de acuerdos con perspectiva de género. En este sentido, una herramienta de diálogo que propone la Provincia de Buenos Aires es el Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los Municipios. A partir del mismo se promueve la creación, el fortalecimiento, la jerarquización y la articulación con las áreas de género de cada municipio. Para llevar adelante una gestión descentralizada y situada el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA ha dividido el mapa de la Provincia en 8 regiones y coordinadoras regionales, que articulan las políticas ministeriales junto a las áreas de género municipales, lo cual busca facilitar el abordaje territorial.
Este breve recorrido por algunas de las medidas implementadas por los gobiernos locales, indefectiblemente lleva a pensar en el contexto de fuerte desigualdad social, estrechamente relacionado con los impactos socioeconómicos del aislamiento y la crisis sanitaria. Las demandas en varios municipios no solo tienen que ver con temas de violencia, sino que también se manifiesta la presencia de búsqueda de asistencia alimentaria, ayuda económica o cuestiones vinculadas a la niñez y adolescencia.
De esta manera, se debe tener en cuenta que las solicitudes de ayuda son cada vez más complejas, y requieren la articulación con otras áreas de gobierno como salud y desarrollo social, entre otras. Para ello también es necesario que la administración pública esté preparada y capacitada, por ejemplo, a través de la Ley Micaela, la cual establece la obligatoriedad de la capacitación en temas de géneros y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública. Sabemos que las acciones u omisiones del Estado generan impactos, y por ello actuar con perspectiva de género, empezando por los gobiernos locales, debe ser prioridad.