Por Luz Quintana Becerro
El Senado debatirá este jueves 16 de julio la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un paquete de leyes y modificaciones que, entre otros cambios, propone derogar la Ley de Tierras. Mientras el Gobierno nacional impulsa una apertura irrestricta bajo la bandera de la «inviolabilidad de la propiedad privada» para atraer inversiones en sectores clave como la minería, la Justicia y diversos sectores sociales advierten sobre un riesgo inminente de extranjerización de recursos estratégicos. Con más de 13 millones de hectáreas en manos foráneas y departamentos cordilleranos donde la propiedad extranjera ya supera el 50%, el país debate si el suelo debe ser un activo financiero librado a las fuerzas del mercado o un recurso soberano protegido por límites estrictos a la tenencia internacional.
Qué es la Ley de Tierras
La Ley de Tierras en Argentina es una herramienta de protección y defensa de la tierra rural aprobada en el 2011. Define la tierra como un recurso natural escaso y no renovable de significación estratégica para el desarrollo humano. Esta Ley impone limitaciones para la adquisición de este recurso por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras mediante cuatro puntos:
- que la superficie extranjerizada no supere el 15% de la superficie nacional, provincial y subprovincial;
- que dentro de ese 15%, una misma nacionalidad no supere el 30%;
- que un mismo titular no pueda adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras zonas del país;
- que la parcela a adquirir no contenga ni sea ribeña de cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos y ríos).
El presidente Javier Milei intentó derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 para liberalizar el mercado, aunque siguió vigente por una cautelar judicial. Actualmente intenta abordar esto de otra forma y discutir la derogación parcial en el Congreso, mediante la iniciativa de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El paquete de reglas
La modificación a la Ley de tierras que anteriormente buscó realizarse mediante DNU, hoy se debate en el Congreso mediante la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Este proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, tiene como objetivo “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”. Resulta fundamental aclarar que este paquete de reformas forma parte de un plan de desregulación económica de gran alcance, trascendiendo la cuestión puramente territorial.
Dentro de este marco normativo y sumado a la derogación a la Ley de Tierras, se proponen múltiples reformas, en varios sectores clave: el proyecto busca limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes, así como también acelerar los procesos de desalojo; fortaleciendo la protección y potestad del propietario por sobre el terreno en disputa. Otro punto crítico del paquete de leyes es la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, cuya intención es reducir los plazos de prohibición para la venta de suelos afectados por incendios. Asimismo, la propuesta contempla la flexibilización de los controles en zonas de frontera, áreas que históricamente han tenido restricciones de compra por razones de seguridad nacional y soberanía territorial.
El proyecto ingresó al Congreso en marzo de 2026 y recientemente obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones del Senado, aunque con diversas modificaciones. Durante el tratamiento, se excluyeron artículos relacionados con los barrios populares (manteniendo la Ley de Integración Socio Urbana) y se rechazaron algunas modificaciones sobre áreas de bosques nativos. También en el debate reciente se introdujo una modificación clave, el dictamen de mayoría ya no propone eliminar los límites de extranjerización a nivel nacional, sino delegar en cada provincia la decisión de autorizar la venta de tierras. La iniciativa genera un intenso debate. Mientras el oficialismo y sectores afines sostienen que busca proteger la inversión y la propiedad, diversos bloques opositores, organizaciones sociales y la Iglesia han manifestado críticas, advirtiendo que podría vulnerar derechos adquiridos y afectar la soberanía sobre las tierras.
El Súper RIGI: Catalizador de la extranjerización
Paralelamente en el Congreso se está debatiendo el Súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Súper RIGI). Este actúa como un potente catalizador para la extranjerización de la tierra al fomentar proyectos extractivos de gran escala en sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos, el turismo y la energía. Este régimen otorga beneficios fiscales y regulatorios que incrementan los incentivos para que grandes corporaciones internacionales adquieran y concentren tierras en áreas sensibles, lo que profundiza la presión sobre los territorios comunitarios y acelera los conflictos territoriales.
El Súper RIGI sumado a la flexibilización de la Ley de Tierras en zonas estratégicas, facilita que grandes corporaciones concentren suelo en áreas de alto valor hídrico y mineral. Con la implementación de estas leyes, departamentos con recursos naturales valiosos como Malargüe en Mendoza, el cual roza el límite legal del 15%, quedarían aún más expuestos a la explotación por parte de empresas extranjeras. En este contexto, cabe preguntarse por cómo se reparte hoy en día el territorio argentino.
El mapa de la extranjerización
Actualmente Argentina tiene aproximadamente 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, lo que equivale a un 5% del territorio, similar a la superficie de Santa Fe. Estos porcentajes no exceden lo establecido por la ley; sin embargo la dimensión más impactante del fenómeno aparece cuando observamos a una escala más micro. Nuestro país tiene 36 departamentos donde el límite legal del 15% ya fue alcanzado. Lugares como Lácar en Neuquén o Malargüe en Mendoza tienen niveles superiores al 50%. Y estas tierras coinciden con zonas de glaciares, fuentes de agua dulce, yacimientos de litio y zonas de frontera.
Fuente: Observatorio de Tierras
Teniendo estos datos en cuenta cabe cuestionarse sobre el destino de las tierras argentinas, quiénes concentran su propiedad y con qué objetivos se adquieren. Según investigadores del Observatorio de Tierras del Conicet, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España; solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Estos suelos adquiridos por parte de extranjeros son utilizados principalmente con objetivos de apropiación y explotación de recursos estratégicos.
Permitir la extranjerización de la tierra sin regulación implica habilitar la compra de zonas con un valor estratégico excepcional. En un contexto mundial marcado por las tensiones en torno a minerales estratégicos y el agua, permitir que extranjeros controlen los territorios conlleva que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana.
La Patagonia y el factor fuego
Pero la búsqueda de la derogación de la Ley de Tierras en nuestro país no puede entenderse aislada de su contexto ambiental. En los últimos años cada verano es una versión empeorada de la misma historia, incendios que destruyen todo a su paso. Entre 2025 y 2026 Argentina registró los peores incendios forestales en décadas, con más de 60.000 hectáreas quemadas en la Patagonia. Y solo en 2025, la superficie quemada aumentó un 40% respecto al año anterior.
En este escenario, la intención del Poder Ejecutivo de modificar simultáneamente la Ley de Tierras, la de Bosques y la de Manejo del Fuego es vista por sectores ambientales y sociales como un desmantelamiento de las protecciones soberanas sobre el territorio. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca, entre otros puntos, reducir los plazos de prohibición para vender suelos afectados por incendios, lo que facilitaría que estas superficies pasen rápidamente al mercado formal.
¿Soberanía o Inversión?
El impulso de esta Ley supone un dilema, ¿vale la pena ceder el control de nuestros recursos a cambio de promesas de inversión extranjera?. Mientras el Ejecutivo sostiene que la derogación de la Ley de Tierras eliminaría «restricciones ilegítimas» para promover la seguridad jurídica y atraer capitales, especialmente en la bioeconomía, diversos sectores advierten que esta apertura irrestricta pone en jaque la soberanía territorial y el control de recursos críticos. El interrogante de fondo es si estos capitales internacionales realmente dinamizan las economías regionales y generan empleo, o si responden a un modelo extractivista enfocado en la apropiación de recursos críticos, cuya renta y decisiones terminan siendo administradas desde el exterior.
Teniendo en cuenta los porcentajes actuales de extranjerización, sumado a la posible implementación del Súper RIGI, se crea un entorno donde el suelo argentino puede pasar de ser un bien soberano a un activo extractivista, facilitando el avance sobre territorios recientemente afectados por incendios forestales para proyectos mineros o energéticos. Aunque la propuesta de Ley pareciera limitarse únicamente al aspecto económico, el debate define quién tendrá el poder de decidir sobre el futuro del agua, los minerales y el territorio en un contexto de crisis climática global.