Por Valentin Rojas Lovecchio.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte del territorio argentino. La ocupación británica iniciada en 1833 interrumpió el ejercicio efectivo de la soberanía nacional, pero no extinguió los derechos históricos y jurídicos de la Argentina sobre esos territorios.
En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
En ese marco, la política exterior argentina intenta hoy cambiar el modo de sostener el reclamo, combinando el alineamiento con Estados Unidos, las sanciones a empresas que operan en la zona en disputa y la reactivación de proyectos logísticos en el sur, mientras Londres atraviesa tensiones territoriales internas. La cuestión que ordena este análisis no es si las Malvinas son argentinas, ni si corresponde la restitución de la soberanía nacional: ambos puntos constituyen el fundamento de la posición argentina. La pregunta es qué tan eficaces son los instrumentos elegidos para avanzar hacia esa restitución.
Una señal ambigua desde Washington
El 3 de septiembre se conoció una entrevista del presidente estadounidense, Donald Trump, con la periodista Bev Turner, de GB News. Trump lamentó la falta de ayuda británica en la guerra con Irán y señaló que Londres depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su petróleo. Consultado sobre una eventual escalada de la disputa de soberanía y sobre el respaldo estadounidense al Reino Unido frente al reclamo argentino, evocó la guerra de 1982 y la cerró diciendo que «es un viaje largo, un largo camino«. La ministra británica Anna Turley respondió que las Malvinas son británicas y seguirán siéndolo.
Conviene medir el alcance de esa respuesta. Una frase ambigua no equivale a un cambio de política. Además, el trasfondo del cruce parece ser otro: la exigencia al gobierno de Andy Burnham de elevar el gasto en defensa al 5% del PBI. En Argentina la declaración se leyó como una señal de tensión entre Washington y Londres, aunque todavía insuficiente para afirmar un cambio de política estadounidense respecto de la soberanía de las islas.
Los instrumentos de la estrategia argentina
En el plano diplomático, Milei habló el 23 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General. Criticó que la ONU no haga cumplir sus resoluciones y recordó la 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras la disputa siga abierta. Planteó que, tras años de defensa meramente discursiva, el Gobierno eligió una defensa «pacífica, práctica y efectiva», y sostuvo que toda exploración, explotación o actividad económica realizada sin autorización argentina en los territorios y espacios marítimos en disputa vulnera los derechos soberanos de la Argentina y resulta ilícita conforme a la posición jurídica nacional, el derecho interno y las normas internacionales invocadas por el país.
El instrumento más concreto es el económico. En su cadena nacional, Milei anunció que inhabilitaría para operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas sin autorización argentina. El decreto 868/2026, firmado el 3 de septiembre y publicado al día siguiente, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659. Esa norma, sancionada en 2011, exige autorización argentina para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental, y la ley 26.915, de 2013, incorporó un régimen penal.
Las inhabilitaciones previstas van de 5 a 20 años. La Cancillería inició un proceso sancionatorio que alcanza a 45 empresas y personas de 11 países, entre ellas petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores vinculados con Sea Lion, el principal proyecto de explotación de hidrocarburos en las islas. A ello se suma una medida judicial: una jueza federal de Río Grande ordenó a las operadoras abstenerse de iniciar o continuar trabajos vinculados con el proyecto.
La eficacia de este instrumento es, hasta ahora, limitada. Rockhopper, la operadora británica a cargo de Sea Lion, ya había sido sancionada en 2013, y Navitas, su socio israelí en el desarrollo del yacimiento, en 2022. Ambas empresas respondieron que no esperan efectos materiales sobre el proyecto ni sobre su calendario. A fines de septiembre, Rockhopper calificó las sanciones de ilegítimas y ratificó que la primera producción sigue prevista para el primer trimestre de 2028. La eficacia de las sanciones dependerá de que la Argentina logre afectar intereses concretos: acceso al mercado nacional, financiamiento, seguros, cadenas de abastecimiento, contratos, activos o vínculos corporativos de las empresas involucradas. Si esos costos no superan la rentabilidad esperada de la explotación ilegítima de recursos argentinos, las medidas difícilmente podrían alterar el proyecto.
El tercer instrumento es logístico. La Base Naval Integrada de Ushuaia se lanzó formalmente en marzo de 2022, con el objetivo de reforzar la presencia argentina en el sur y la proyección antártica, pero muestra un avance físico de 9,13% y financiero de 19,40% según el último dato oficial. Tras la cadena nacional, el Gobierno amplió en unos $218.000 millones los créditos de Defensa, y el decreto 867/2026 asignó más de $200.000 millones a la base de Ushuaia y a la Base Conjunta Antártica Petrel.
La primera asignación concreta identificable para Ushuaia es de $114.732 millones, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, anticipó que más de $300.000 millones se incorporarán al Presupuesto 2027. El costo total estimado se ubica entre 400 y 500 millones de dólares, de modo que lo asignado cubre solo una parte. El desafío es convertir esos fondos en obra efectiva, algo que el historial del proyecto no garantiza.
A estos se suma la dimensión militar. «Daga Atlántica 2026» fue el primer entrenamiento de fuerzas de operaciones especiales entre Argentina y Estados Unidos en territorio nacional. Se desarrolló durante 42 días, con etapa final en Córdoba, y participaron más de 350 efectivos militares y civiles, y los procedimientos se ajustaron a estándares de la OTAN. El ejercicio concluyó en junio, antes de las declaraciones de Trump, por lo que no puede leerse como respuesta a ellas. Su valor para el reclamo es indirecto: profundiza el vínculo con el principal aliado del Reino Unido, pero no hay indicios de que por sí mismo modifique la posición de Washington en la disputa.
Lo que quiere Washington y lo que enfrenta Londres
El acercamiento estadounidense no es desinteresado. Estados Unidos persigue en el cono sur objetivos propios: limitar la influencia de potencias extrarregionales como China, asegurar rutas marítimas bioceánicas y mantener acceso y proyección hacia la Antártida. Es probable, entonces, que el alineamiento argentino tenga un precio y que las expectativas de contraprestación no coincidan con la agenda de Malvinas. El escenario más favorable para Buenos Aires no sería un respaldo explícito a su reclamo, sino una neutralidad más activa o un rol de mediador que deje de avalar automáticamente la posición británica.
Del lado británico, el 14 de septiembre los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, John Swinney (SNP), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) y Michelle O’Neill (Sinn Féin), firmaron en Cardiff un memorando para presionar por un cambio constitucional. El punto central del acuerdo es la autodeterminación, aunque el texto no unifica calendarios ni mecanismos y cada nación decidirá su futuro a su manera y en su tiempo. Dos días antes, en Dublín, Trump había dicho que la unificación de Irlanda ocurriría tarde o temprano y que sería «algo fantástico», aunque admitió que el Reino Unido tendría algo que decir. El gobierno británico respondió que el primer ministro cree firmemente en la Unión y está concentrado en el costo de vida.
Estos procesos no deben leerse como un bloque. El SNP busca un Estado escocés independiente y Plaid Cymru aspira a una Gales soberana, mientras que Sinn Féin busca la reunificación de Irlanda, no la independencia de Irlanda del Norte. Además, en Irlanda del Norte el Acuerdo de Viernes Santo prevé una consulta bajo condiciones específicas. Por eso la coordinación entre estas fuerzas no implica que el Reino Unido esté al borde de la desintegración, ni que ese frente reduzca de manera sustancial su capacidad de sostener la ocupación de las islas.
Los desafíos de una causa legítima
El primer desafío es de política internacional: Estados Unidos mantiene formalmente la neutralidad sobre la soberanía y las declaraciones de Trump, por ahora, no se tradujeron en un cambio de política. El segundo es económico, porque las sanciones solo funcionan si las empresas tienen en la Argentina intereses que valga la pena proteger y, como muestra el caso de Sea Lion, las operadoras siguen adelante. El tercero es la estrategia británica de sostener la ocupación mediante la invocación del principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
La posición argentina responde que el principio aplicable es el de integridad territorial. La resolución 2065, al hablar de los «intereses» de la población y no de sus «deseos», descartaría la autodeterminación según la lectura argentina, mientras que el Reino Unido se apoya en los deseos de los isleños. Esa es una interpretación que Buenos Aires sostiene y Londres rechaza.
La posición oficial es la restitución plena de la soberanía y el rechazo a esquemas de administración conjunta, con la propuesta de condicionar cualquier acuerdo sobre pesca o conectividad aérea a una hoja de ruta con plazos concretos. Para que esa estrategia tenga recorrido deberían darse al menos dos condiciones: que Estados Unidos pase de la neutralidad formal a un rol más activo y que el costo de las sanciones sea suficiente para alterar el cálculo de las empresas y, eventualmente, el del Reino Unido.
Conclusión
La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino, consagrado por la Constitución Nacional.
El contexto actual abre un margen de presión que no existía con la misma claridad hace algunos años: una señal ambigua de Washington, un instrumento económico concreto, un reimpulso a la infraestructura del sur y un Reino Unido atravesado por debates territoriales. Precisamente porque el reclamo es justo, conviene evaluar con rigor qué instrumentos lo hacen avanzar y cuáles son solo anuncios.
Los medios son todavía limitados y la variable decisiva, la posición formal de Estados Unidos, no depende de la Argentina. La soberanía argentina sobre Malvinas no depende de una declaración aislada de Washington ni de los anuncios de una empresa petrolera. La restitución efectiva exige una política de Estado sostenida, con diplomacia activa, presencia logística y antártica, capacidad de sancionar la explotación ilegítima de recursos y coordinación internacional. La causa es irrenunciable; la estrategia, en cambio, debe ser evaluada y corregida cada vez que no acerque a la Argentina a la recuperación efectiva de su territorio.