Por Eduardo Verón, Licenciado en Administración Pública y en Ciencia Política (EPyG), Magister en Derechos Humanos (EH) y doctorando en Ciencias Ambientales (3Ia-UNSAM). Actualmente es becario CONICET con lugar de trabajo en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas y es miembro del Área de Ambiente y Política (EPyG-UNSAM)
El 17 de mayo se celebra el día internacional del reciclaje, declarado en el 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se eligió esa fecha en conmemoración a una gran manifestación ambientalista en 1970 que convocó a 20 millones de personas en distintos puntos de Estados Unidos que solicitaban la creación de una agencia ambiental (Moreno y Verón, 2021). Hasta aquellos años, las cuestiones ambientales se encontraban reducidas al campo científico y especializado (Caride Bartrons y Di pace, 2012). Desde los últimos años de la década de 1960 y los primeros de 1970 fueron surgiendo grupos ambientalistas e interés sobre la cuestión ambiental tanto desde el Estado como desde la ciudadanía (Federovisky, 2011).
Centro de reciclaje.
En Argentina, el interés por las cuestiones ambientales también tuvo lugar en los primeros años de la década de 1970 con la creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en 1973, pese a que funcionó muy poco ya que se disolvió con la dictadura militar de 1976 (Gutiérrez e Isuani, 2015). Con el retorno de la democracia, en 1983, las cuestiones ambientales volvieron a la agenda gubernamental, aunque muy lateralmente y con el foco puesto en acuerdos y obtención de créditos internacionales más que por un interés genuino por el ambiente (Gutiérrez e Isuani, 2015).
Eduardo Verón dando una charla en un centro de reciclaje.
En lo referido al reciclaje, en Argentina, llegó fuertemente a la agenda pública (medios de comunicación) y gubernamental (políticas de gobierno) en los últimos años de la década de 1990 y los primeros del 2000 principalmente debido a dos cuestiones: por un lado, a la crisis económica del país que dejó a un vasto porcentaje de la población desocupada por lo que algunas familias se volcaron a la recolección de materiales por las calles de los principales centros urbanos (Schamber, 2009; Gorbán, 2011; Villanova, 2015; Verón, 2020);y por otro lado, debido al aumento del 1000% en el precio de los materiales reciclables en el mercado, siendo altamente rentables para su comercialización (Suárez, 2016). Prontamente, desde el año 2004 se sancionaron leyes a nivel nacional (Ley N°25916 del 2004) y subnacional (Ley N°1854 del 2005; Ley N°13592 del 2006) (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de provincia Buenos Aires) en torno a la gestión de residuos.
Las nuevas leyes sobre residuos incluyeron perspectiva social y ambiental antes omitida: la definición y atribución de funciones de los recuperadores urbanos (Montera et al, 2018; Gutiérrez, 2017 y 2020) y la fijación de objetivos para la disminución de residuos a disposición final que producen serios problemas ambientales en la tierra por la absorción de los lixiviados (líquido que producen los materiales en descomposición) y en el aire con la emisión de gas metano a la atmosfera (Leonard, 2011). Al incluir las dimensiones sociales y ambientales, se denominaron de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) ya que contemplaba distintos momentos en la gestión como la separación en origen (por parte de las familias y comercios), la recolección diferenciada y el tratamiento en plantas de clasificación para la valorización de los residuos antes de llegar a la disposición final.
Las normativas fueron aprobadas en los primeros años de la década del 2000 por los estados de nivel nacional y subnacional (provincia de Buenos Aires y CABA), no obstante, la implementación de políticas sobre tratamiento de los residuos corresponde, según las competencias, al nivel municipal. Tal situación impacta directamente en la diversidad y desigualdad de políticas en torno al reciclaje ya que las diferencias en presupuesto, demografía, actores que intervienen, voluntades políticas, objetivos de gestión repercuten en los tipos de políticas implementadas en cada jurisdicción (Gutiérrez, 2020).
Personal del centro de reciclaje dividiendo la basura.
Así es cómo se encuentra en los 41 distritos (40 municipios bonaerenses y CABA) que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires con disparidad de políticas en torno al reciclaje, algunos tienen recolección puerta a puerta es decir que los vecinos sacan sus reciclables a la puerta y son recolectados por camiones o bien por recuperadores urbanos que pasan por los domicilios; otros municipios tienen puntos verdes a los cuáles los donde vecinos pueden llevar sus residuos reciclables; en otros casos hay combinación de ambos mecanismos. La “desigualdad” en las políticas de reciclaje radica en dos cuestiones principalmente: 1) el área de abordaje, ya sea por medio del puerta a puerta (si abarca a todos los barrios de la jurisdicción o no) o del punto verde (que tan próximo o lejano se encuentra) a cuántos vecinos llega la política. 2) la incorporación (o no) de organizaciones de recuperadores urbanos en la gestión de reciclables.
Pese a que pueda suponerse que las condiciones presupuestarias son determinantes en las desigualdades en las políticas de reciclaje, análisis comparativos muestran que si bien los presupuestos impactan en las políticas no es limitante para implementar programas con inclusión de organizaciones de recuperadores y abarcando a buena parte de la población (Saidón, 2020; Saidón y Sorroche, 2022).