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Regulación de la IA: oportunidad institucional, riesgo educativo

Por Luz Quintana Becerro

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo abrió un debate que oscila permanentemente entre 2 polos. El reciente establecimiento de un marco regulatorio para su implementación en la Provincia de Buenos Aires renueva e institucionaliza este debate central: ¿La IA representa una oportunidad o un riesgo?

Una respuesta tentativa a esta pregunta podría ser aseverar que la IA es ambas cosas: una herramienta capaz de mejorar aprendizajes y automatizar tareas; pero también un riesgo que puede afectar derechos básicos, como la privacidad. Aún cuando la Inteligencia Artificial permanece bajo esta lógica contradictoria, su expansión hacia los organismos estatales es inevitable, y es allí donde cobra importancia la incorporación de un marco regulatorio que defina el cómo y cuándo se puede utilizar. 

Recientemente el municipio de Zárate nombró una IA como funcionaria. El chatbot ZARA estará a cargo de su propia Direccion General de Atencion al Vecino y las tareas que realizará incluyen: gestión de trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas. Esta incorporación innovadora al organigrama estatal asegura mayor eficiencia en la atención al público y promete no reemplazar a los trabajadores municipales, sino, potenciarlos.  Aunque la intención es que ZARA sea una herramienta que fortalezca las capacidades del municipio, esta medida deja ver los grises legales en los que se sitúa el desarrollo e incorporación de la Inteligencia Artificial en los organismos estatales.

En respuesta a este caso, la Provincia de Buenos Aires (PBA) publicó una nueva normativa en el Boletín Oficial del 20 de noviembre de 2025. Argentina, como muchos países, carece de leyes de implementación de la Inteligencia Artificial. Es por eso que la iniciativa reguladora de PBA es pionera en la materia.  Se trata de un marco que se aplica de manera transversal a la gestión estatal y cuyo cumplimiento es obligatorio y auditable. Busca garantizar la seguridad, privacidad y transparencia, así como también delimitar como, cuando y para que, el sector público puede utilizar modelos de IA.

Este marco regulatorio utiliza un modelo de clasificación por riesgos que requiere de una evaluación previa a la implementación de los sistemas de IA, y su posterior desarrollo dependerá del grado de riesgo que representen. De este modo Buenos Aires reconoce 4 clasificaciones: 

Dentro de esta clasificación, el área educativa se configura como un sector crítico, donde la implementación de sistemas de inteligencia artificial son de alto riesgo y requieren un escrutinio sobre sus alcances y características previo a su desarrollo. ¿Qué significa esto? No se trata de prohibir la IA ni de regular el uso cotidiano de herramientas como Chat GPT por parte de los estudiantes. Lo que regula es el uso institucional de sistemas de IA que pueden influir en la trayectoria educativa, a través de sistemas que evalúen de forma automatizada el desempeño académico, algoritmos que ponderen admisiones, permanencias y decisiones administrativas así como también, sistemas de vigilancia, monitoreo automatizado y perfilamiento de los alumnos para personalizar sus recorridos. Cuando la Inteligencia Artificial participa en este tipo de decisiones se requiere una evaluación de impacto algorítmico previa, supervisión humana obligatoria y una justificación del uso

Esta regulación confirma explícitamente la paradoja del uso de la IA en la educación ya que, si la provincia exige evaluaciones de impacto, supervisión, límites y transparencia, es porque reconoce a la IA como una herramienta con enorme potencial. Pero a su vez, al catalogarla como tecnología de alto riesgo, admite que su uso puede producir daños significativos. Así, el gobierno bonaerense formaliza una idea central: la IA es valiosa y peligrosa al mismo tiempo, y en la educación, esta dualidad se intensifica. 

El dilema docente

Aunque la regulación es un primer paso, deja sin resolver un punto fundamental, la formación docente, que es un eslabón crítico en el proceso. Estos, no reciben capacitación sistemática para comprender, evaluar o supervisar estas tecnologías que la normativa exige controlar, quedando en desventaja frente al uso ya extendido de la IA por parte del alumnado. En este escenario prohibir estas herramientas resulta inútil, pero permitir su uso sin preparación, profundiza problemas como la desinformación y el debilitamiento del pensamiento crítico. Es por esto que se vuelve imprescindible capacitar a los docentes para que puedan aprovechar la IA en el marco institucional y, al mismo tiempo, guiar a las nuevas generaciones en el uso responsable. La clave es comprender a la Inteligencia Artificial como una herramienta al servicio de los ciudadanos, y no como un sustituto de la formación crítica. 

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de UADE realizo una encuesta que revela que 7 de cada 10 argentinos piden docentes formados en IA, pero a su vez, 8 de cada 10, temen por los riesgos en la mente de los alumnos. Esta relación tensa también se observa en otra estadística: mientras el 44% de los encuestados consideran que las nuevas tecnologías favorecen la calidad de la educación, un 35% cree que la empeoró. 

Docentes con superpoderes: la IA como aliada en el aula

Paralelamente, la advertencia más recurrente es el deterioro en las capacidades cognitivas de los estudiantes y la desigualdad en el acceso a la tecnología, sobre esto, el estudio dice  “La percepción es que la formación del profesorado es la clave para transformar a la IA en una herramienta pedagógica y no en un obstáculo”. Nuevamente encontramos la dualidad de la incorporación de la IA en el sector educativo, pero también surge la pregunta: ¿En qué condiciones está el sistema educativo?

Riesgo educativo

Una política de educación en inteligencia artificial solo es efectiva si se asienta sobre condiciones materiales mínimas, la formación en habilidades digitales no puede pensarse en el vacío, hablar de educación en IA exige hablar primero de las condiciones que permiten que esa educación sea real, igualitaria y efectiva.

Para incorporar efectivamente la Inteligencia Artificial en las instituciones estatales es necesario una población formada en IA, lo que recae en la educación, pero antes que educar en IA resulta fundamental garantizar contenidos básicos y condiciones de infraestructura decentes. 

Si bien entendemos que las  nuevas tecnologías son una herramienta, también se debe recordar que su incorporación no debe ser automática ni universal. La IA puede facilitar procesos pero debilitar habilidades cognitivas si se introduce sin criterios. En educación no todo debe resolverse con tecnología, existen contenidos mínimos que requieren prácticas analógicas, procesos lentos de atención sostenida. Este tipo de experiencias no pueden ser reemplazadas por tecnología. Además, hay edades en la que la exposición a tecnologías avanzadas puede interferir con la formación de capacidades fundamentales, por lo que la exclusión deliberada de la IA en ciertas etapas es una decisión pedagógica, no un retroceso tecnológico. 

El nuevo marco es un paso importante: reconoce los riesgos así como también las oportunidades que la IA presenta, introduce estándares de transparencia y límites a la utilización de los datos, e impulsa mecanismos de control. Al mismo tiempo deja claro que la discusión no puede reducirse a “regular la tecnología” y que es necesaria una política educativa integral que incluya formación docente, lineamientos pedagógicos claros y criterios para acompañar el uso que ya hacen los estudiantes y las instituciones. 

La IA es una herramienta poderosa que presenta riesgos, y esta dualidad no se resuelve con prohibiciones ni con entusiasmo tecnológico, sino con conocimiento y un debate informado. Apostar por la IA entonces, no significa saturar las instituciones y las aulas de habilidades nuevas, sino comprender en qué momentos potencia las capacidades y en qué momentos las debilita.