POR ELISABET CONTRERA – Los hechos ocurridos en diciembre pasado en la Legislatura provincial con los militantes de La Cámpora, volvieron a colocar la política de seguridad del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el centro de la escena, y nuevamente se escucharon críticas y pedidos de cambio de rumbo. En esa línea, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata crearon a fin del año pasado, el Observatorio de las Políticas de Seguridad Ciudadana. El primer objetivo es elaborar un mapa del delito en la Provincia.
Los hechos ocurridos en diciembre pasado en la Legislatura provincial con los militantes de La Cámpora, volvieron a colocar la política de seguridad del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el centro de la escena, y nuevamente se escucharon críticas y pedidos de cambio de rumbo. En esa línea, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata crearon a fin del año pasado, el Observatorio de las Políticas de Seguridad Ciudadana. El primer objetivo es elaborar un mapa del delito en la Provincia.
El acuerdo para la creación de este espacio se firmó el 16 de diciembre pasado en el auditorio de la CPM y tiene varias tareas definidas: relevar, investigar y difundir la producción de datos sobre el delito y las políticas provinciales de seguridad; realizar un diagnóstico preliminar para evaluar el tratamiento institucional de la información relacionada con el delito y la violencia y promover encuentros de debate y discusión entre académicos, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales.
El Observatorio fue presentado poco después de los hechos violentos producidos durante la jura del gobernador Scioli. Ese día, militantes de La Cámpora que intentaban ingresar al palco de la Legislatura fueron atacados a los golpes y con balas de goma por efectivos de la Infantería a cargo de la seguridad. Como consecuencia, dos jóvenes debieron ser hospitalizados. La historia no terminó allí: a las pocas horas, unos 150 policías se autoacuartelaron en “solidaridad” con los compañeros que habían sido sancionados.
La medida fue levantada horas después, pero despertó las críticas y reclamos de cambio en el rumbo de las políticas de seguridad en la Provincia. La ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, el periodista Horacio Verbitsky, y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, fueron algunas de las voces que volvieron a pedir la conducción civil de las fuerzas de seguridad. En respuesta, Scioli corrió al ex jefe de la Policía, Juan Carlos Paggi, y puso en su lugar al comisario general Hugo Matzkin, pero mantuvo en funciones al ministro de Seguridad, Carlos Casal.
En este contexto de fuertes cuestionamientos, la tarea del Observatorio será realizar un diagnóstico sobre las estadísticas de delitos en la Provincia, hoy manejadas por las mismas fuerzas de seguridad. “El acceso a la información es un problema no sólo por las dificultades o las deficiencias en su publicación, sino también por la calidad de la producción. Si no existen datos estadísticos certeros no pueden diseñarse políticas públicas serias”, consideró Rodrigo Pomares, director del programa de de Seguridad Democrática de la CPM. “Los riesgos no sólo tienen que ver con que la construcción de la información estadística la hagan los agentes policiales, sino con la ausencia de reglas metodológicas claras para que esa producción estadística sea fiable”, explicó.
Los resultados que arrojen las investigaciones permitirán además dimensionar el fenómeno de la “inseguridad” en el territorio. “Servirá para desterrar sentidos comunes que muchas veces se instalan pero no tienen anclaje en la realidad. La idea es interactuar con ese discurso y no anularlo o desestimarlo”, aclaró Pomares.
“En los últimos años, ante la consolidación de la inseguridad pública como problema central de la agenda mediática y política, las políticas estatales han evidenciado una tendencia a las respuestas efectistas y a la simplificación del fenómeno delictivo” analizó Angela Oyhandy, socióloga e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. “Se ha insistido en la implementación de políticas punitivas basadas en diagnósticos de dudosa confiabilidad que no sólo se han mostrado ineficaces para dar respuesta a las demandas de mayor seguridad ciudadana sino que también han contribuido a la construcción de escenarios sociales de mayor conflictividad”, evaluó.
Este trabajo se suma a la labor realizada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana para los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, creado en 2011 a partir de una alianza entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el Gobierno bonaerense con el objetivo de capacitar y promover el ejercicio de una gestión de seguridad ciudadana en los distritos. Su tarea es fortalecer a los actores comunales a través de un trabajo permanente de asesoramiento a funcionarios municipales; la instalación de Unidades Municipales de Análisis Criminal (UMAC) que permitan detectar, responder y evaluar factores vinculados al delito, la violencia y la conflictividad y la Prevención Terciaria a fin de reducir los niveles de reincidencia, entre otras metas.
Una policía para cada municipio
En medio de los cruces y planteos en materia de seguridad, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció algunas medidas. La más aplaudida fue la decisión de crear la Policía Judicial y la que genera más dudas es el proyecto de ley sobre la Policía de Prevención Municipal. Se trataría de una fuerza con jefe operativo policial, pero que estaría en manos de los intendentes. Tendría efectivos armados y se concentraría en medidas preventivas, como espectáculos públicos o conflictos vecinales. Este nuevo cuerpo funcionaría en los municipios del conurbano y en los distritos del interior con más de 100 mil habitantes. En la actualidad, este sistema está vigente en 60 distritos de la Provincia con menos de 70 mil habitantes y fue creado a partir de un proyecto impulsado por el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. Fue una medida que buscaba iniciar un proceso de descentralización de la estructura de la Policía bonaerense. La pregunta es si el gobierno provincial estaría dispuesto a continuar con ese camino.
La medida fue celebrada por un conglomerado de intendentes, entre los que se anotan Sergio Massa, de Tigre; Luis Acuña, de Hurlingham; Pablo Bruera, de La Plata; y Jesús Cariglino, de Malvinas Argentinas, quienes habían planteado la necesidad de contar con una Policía de proximidad. “La decisión de Scioli de enviar la ley para la creación de policía municipal es un paso fundamental en el camino de la lucha contra la inseguridad, porque la gente quiere vivir tranquila”, remarcó Massa.
Al mismo tiempo, genera dudas entre los organismos de derechos humanos y algunos sectores políticos. Marcelo Saín, diputado provincial por Nuevo Encuentro, sintetizó esos reparos en una columna de opinión publicada el 6 de diciembre pasado en el diario Tiempo Argentino. Consideró que “es el momento para conformar policías municipales abocadas a la prevención”, pero que ese proceso implica “la transferencia de las competencias, funciones y servicios de a los municipios”, aclaró. Si no se propicia un traspaso integral y gradual de las fuerzas, la medida no tendría el efecto esperado, evaluó. “Transferir los costos del desmadre institucional de la policía provincial a los intendentes pedigüeños y dejar el control real de la calle a la policía provincial para seguir regulando el delito que le permite apropiarse de los cuantiosos fondos que se van hacia arriba”, sostuvo.
Elisabet Contrera