{"id":12796,"date":"2025-09-01T11:38:58","date_gmt":"2025-09-01T14:38:58","guid":{"rendered":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/?p=12796"},"modified":"2025-10-08T12:50:04","modified_gmt":"2025-10-08T15:50:04","slug":"la-privatizacion-de-aysa-entre-la-eficiencia-prometida-y-el-derecho-al-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/la-privatizacion-de-aysa-entre-la-eficiencia-prometida-y-el-derecho-al-agua\/","title":{"rendered":"La privatizaci\u00f3n de AySA: entre la eficiencia prometida y el derecho al agua"},"content":{"rendered":"

El anuncio oficial<\/b><\/span><\/p>\n

El 18 de julio de 2025, el vocero presidencial <\/span>Manuel Adorni <\/b><\/span>anunci\u00f3 que el Gobierno de Javier Milei iniciar\u00e1 el <\/span>proceso de privatizaci\u00f3n de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)<\/b><\/span>, empresa estatal que presta servicios de agua potable y cloacas a m\u00e1s de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires. La medida, prevista en la Ley Bases de 2024, se formaliz\u00f3 luego mediante la Resoluci\u00f3n 1198\/2025 firmada por el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, y publicada en el Bolet\u00edn Oficial.<\/span><\/p>\n

C\u00f3mo ser\u00e1 el proceso de privatizaci\u00f3n<\/b><\/span><\/p>\n

El Estado nacional posee actualmente el 90% del capital social de la compa\u00f1\u00eda, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados a trav\u00e9s del Programa de Propiedad Participada, que seguir\u00e1 vigente. La decisi\u00f3n oficial contempla un <\/span>esquema de venta en dos etapas<\/b><\/span>: la transferencia de al menos el <\/span>51% de las acciones a un operador estrat\u00e9gico mediante licitaci\u00f3n p\u00fablica nacional e internacional<\/b><\/span>, y la colocaci\u00f3n del resto en el mercado burs\u00e1til local. El plazo fijado para completar el proceso es de ocho meses, con abril de 2026 como fecha l\u00edmite.<\/span><\/p>\n

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Argumentos del Gobierno<\/b><\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el Ejecutivo, la iniciativa busca <\/span>\u201cmodernizar el sector, atraer inversiones y mejorar precio y calidad del servicio\u201d<\/b><\/span>. Entre los argumentos presentados, se destaca que AySA recibi\u00f3 transferencias del Tesoro por m\u00e1s de 13.400 millones de d\u00f3lares entre 2006 y 2023 sin lograr revertir su d\u00e9ficit estructural ni evitar un deterioro en la infraestructura. Solo durante el \u00faltimo gobierno, se destinaron 4.800 millones de d\u00f3lares, cifra que, seg\u00fan Adorni, se utiliz\u00f3 en parte con fines pol\u00edticos.<\/span><\/p>\n

En respaldo de la privatizaci\u00f3n, el oficialismo subraya que la empresa alcanz\u00f3 en 2024 un super\u00e1vit operativo, pero \u00fanicamente tras fuertes aumentos tarifarios (367% desde diciembre de 2023) y reducci\u00f3n de subsidios. Para sostener y expandir el servicio, argumenta, ser\u00edan necesarias <\/span>inversiones imposibles de afrontar<\/span> <\/b>sin capital privado.<\/span><\/p>\n

Marco institucional y regulatorio<\/b><\/span><\/p>\n

El proceso de traspaso contempla adem\u00e1s la creaci\u00f3n de la <\/span>Agencia de Transformaci\u00f3n de Empresas P\u00fablicas<\/b><\/span> como organismo ejecutor, la supervisi\u00f3n de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas y la intervenci\u00f3n del Tribunal de Tasaciones o de un banco estatal para valuar el paquete accionario. Bernardo Heredia, subsecretario de Recursos H\u00eddricos, fue designado al frente de la Agencia de Planificaci\u00f3n, que definir\u00e1 las obras de expansi\u00f3n de la red.<\/span><\/p>\n

Los antecedentes de los 90<\/b><\/span><\/p>\n

La medida<\/span> no es in\u00e9dita <\/b><\/span>en la historia argentina. En 1993, durante el gobierno de <\/span>Carlos Menem<\/b><\/span>, Obras Sanitarias de la Naci\u00f3n fue concesionada al consorcio Aguas Argentinas, encabezado por la francesa Suez. El contrato termin\u00f3 rescindido en 2006 por <\/span>incumplimientos de inversi\u00f3n, subas tarifarias y problemas en la calidad del servicio<\/b><\/span>. Ese antecedente alimenta las cr\u00edticas actuales: acad\u00e9micos, especialistas en gesti\u00f3n del agua y organizaciones sociales advierten que el traspaso a privados puede <\/span>vulnerar el principio de universalidad del acceso al agua potable<\/b><\/span>.<\/span><\/p>\n

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Las cr\u00edticas y los riesgos<\/b><\/span><\/p>\n

El soci\u00f3logo <\/span>Juan Pablo Olsson<\/b><\/span> sostiene que <\/span>la l\u00f3gica de lucro empresarial es \u201cincompatible con garantizar el agua como derecho humano b\u00e1sico\u201d<\/b><\/span>, mientras que el investigador <\/span>Juli\u00e1n Z\u00edcari<\/span> <\/b>recuerda que hoy <\/span>no hay evidencia de deterioro ni sospechas graves de corrupci\u00f3n<\/b><\/span> que justifiquen una salida dr\u00e1stica.<\/span><\/p>\n

En la misma l\u00ednea, <\/span>Malena Galmarini<\/b><\/span> (expresidenta de AySA) advierte que<\/span> privatizar \u201csignifica poner en riesgo el derecho b\u00e1sico de acceso al agua\u201d<\/b><\/span>. Se\u00f1ala que el decreto <\/span>493\/25<\/b><\/span>, por el cual Javier Milei autoriza la privatizaci\u00f3n, habilita a un posible concesionario a cortar el servicio por falta de pago, algo expresamente prohibido desde la reestatizaci\u00f3n firmada por N\u00e9stor Kirchner en 2006.<\/span><\/p>\n

Para Galmarini, la historia reciente respalda sus advertencias: entre 1993 y 2006, bajo la gesti\u00f3n privada de Aguas Argentinas (liderada por la francesa Suez), <\/span>los barrios populares quedaron postergados, hubo problemas de presi\u00f3n de agua y a\u00f1os de desinversi\u00f3n que solo pudieron revertirse con la estatizaci\u00f3n<\/b><\/span>. En sus palabras, \u201cel usuario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un cliente\u201d.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 los argumentos econ\u00f3micos del Gobierno: recuerda que las transferencias del Tesoro Nacional se tradujeron en <\/span>nuevas conexiones de agua y cloacas<\/b><\/span>, mientras que hoy, a pesar de los fuertes aumentos tarifarios, las obras est\u00e1n paralizadas.<\/span><\/p>\n

El agua como derecho humano<\/b><\/span><\/p>\n

La decisi\u00f3n de privatizar AySA reabre un debate sensible sobre<\/span> c\u00f3mo garantizar un servicio que no solo es estrat\u00e9gico, sino que constituye un derecho humano <\/b><\/span>reconocido por Naciones Unidas. Si bien el Gobierno plantea que la participaci\u00f3n privada permitir\u00e1 aliviar las cuentas fiscales y atraer inversiones, la experiencia hist\u00f3rica y comparada muestra que en muchos casos este tipo de esquemas derivaron en<\/span> aumentos tarifarios, segmentaci\u00f3n territorial y dificultades para mantener la universalidad del acceso<\/b><\/span>.<\/span><\/p>\n

El agua potable y el saneamiento no pueden reducirse a un bien de mercado, ya que de ellos dependen la salud p\u00fablica, la equidad social y el desarrollo urbano. En este sentido, m\u00e1s que discutir \u00fanicamente sobre la eficiencia econ\u00f3mica, el centro del debate deber\u00eda ser <\/span>c\u00f3mo asegurar que todas las personas, sin distinci\u00f3n de ingresos o lugar de residencia, accedan en condiciones justas a un servicio esencial<\/b><\/span>.<\/span><\/p>\n

La privatizaci\u00f3n, sin una regulaci\u00f3n s\u00f3lida y controles efectivos,<\/span> corre el riesgo de poner el inter\u00e9s empresarial por encima de la garant\u00eda de derechos<\/b><\/span>. Por eso, antes que avanzar en la transferencia al capital privado, la verdadera discusi\u00f3n es c\u00f3mo lograr un modelo sostenible de gesti\u00f3n que combine eficiencia, transparencia y la protecci\u00f3n del agua como bien com\u00fan y derecho fundamental.<\/span><\/p>\n

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El Gobierno avanza en la privatizaci\u00f3n de AySA para reducir el gasto y atraer inversiones, pero especialistas y opositores advierten que la medida pone en riesgo el acceso universal al agua, un derecho humano esencial.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":12797,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3166],"tags":[3174,3175,2862,3177,2916,3173,3176,651],"class_list":["post-12796","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2025-septiembre","tag-aguapotable","tag-derechoalagua","tag-granbuenosaires","tag-inversiones","tag-milei","tag-privatizacion","tag-serviciospublicos","tag-aysa"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12796","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12796"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12796\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12802,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12796\/revisions\/12802"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12797"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/metropolitana.org.ar\/idm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}