POR ELISABET CONTRERA – Las dificultades de la clase media para comprar una vivienda propia o un lote donde construir, la expulsión de los sectores populares de los centros urbanos y su hacinamiento en villas y asentamientos, y un mercado inmobiliario volcado a la especulación, tanto en las ciudades como en el interior del país, son los elementos centrales del déficit habitacional que causa estallidos recurrentes en distintos puntos de la Argentina. Desde diferentes sectores insisten en que la solución pasa por regular el uso del suelo urbano. El Gobierno nacional enviaría este año al Congreso un proyecto de ley para garantizar el derecho el techo propio a todos los ciudadanos.
Uno de los conflictos más dramáticos fue la toma del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, zona sur de la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2010 fue ocupado por centenares de familias en reclamo de viviendas. La respuesta fue la represión y el asesinato de tres personas. A poco más de un año del hecho, la Justicia llamó a indagatoria a los agentes de la Policía Federal y de la Metropolitana que intervinieron en el violento desalojo. Otro caso más reciente fue la ocupación de quince hectáreas del Ingenio Ledesma en Jujuy. Cuatro personas murieron y para descomprimir los reclamos, la Legislatura provincial expropió 40 hectáreas de la empresa que serán destinadas a la construcción de casas.
Las estadísticas dan cuentan de las diferentes caras del problema. Según un relevamiento de la ONG “Un Techo para mi País”, en el Gran Buenos Aires hay 864 villas y asentamientos, donde residen 508.144 familias con un promedio de 604 familias por asentamiento. El 66,3 por ciento de las villas se conformaron hace más de 15 años mientras que el 24,3 por ciento nacieron entre los últimos 6 y 14 años. Los resultados del Censo nacional 2010 ayudan a entender la situación: en la ciudad de Buenos Aires hay 1.450.840 viviendas. De este total, 1.082. 998 están habitadas y 340.975, no lo están. En tanto en la provincia de un total de 5.383.536 viviendas, 4.425.193 están ocupadas y 952.593 se encuentran vacías.
Para Miguel Pato, consultor inmobiliario de Ey Real State Group, el sector inmobiliario es el mayor responsable del déficit habitacional actual. Sus actores especulan con el precio del suelo, construyen grandes torres y edificios en los centros urbanos y luego los ponen a la venta a cifras siderales. “El Estado tiene que intervenir frente a estos problemas”, sostuvo sin medias tintas. “En los últimos años, el salario se multiplicó por 4, los precios de las viviendas por 5, la construcción por 7 u 8 y la tierra por 12”, comparó para dar cuenta del escenario de especulación. “Hoy el sector está haciendo las cosas mal, está asfixiando el negocio, destruyendo la tierra”, sentenció.
Para empezar a revertir este escenario, el Gobierno nacional elaboró un anteproyecto que busca regular el acceso al suelo urbano. Según precisó Graciela Oporto, subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, la iniciativa cuenta con los aportes y el apoyo de los gobiernos provinciales y se enviaría este año al Congreso.
“Desde 2004 estamos recuperando instrumentos perdidos. Fueron muchos años de ausencia del Estado y de un mercado sin regulación. Esto generó la concentración que vivimos hoy y un desequilibrio fuerte”, reconoció la funcionaria en la última edición del Foro Metropolitano, que se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza y que tuvo como uno de los ejes de debate la lucha por el metro cuadrado. “Se están tomando decisiones para revertir esto. El proceso no es tan rápido, pero sí sostenido. Lo más importante es seguir sensibilizando a la gente, a los empresarios. Cada vez es más fuerte la voluntad de avanzar en este sentido”, contó.
El proyecto es planteado como “una ley marco” y establece como primer punto que “el ordenamiento territorial es un instrumento de política pública destinado a orientar el uso del suelo, mejorar la calidad de vida de la población y promover el aprovechamiento sustentable y democrático de los recursos”, precisa. Además define como principios rectores “la búsqueda de la equidad y la ciudad como un producto colectivo” y obliga a cada jurisdicción a realizar planes de ordenamiento. La regulación y el uso del suelo “tienen como finalidad común su utilización conforme al interés general y según los principios del desarrollo sustentable”, sostiene.
Sebastián Tedeschi, coordinador para América del Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, considera fundamental derribar algunos mitos que aparecerán como obstáculos a la hora de debatir la legislación. “Uno de ellos es que el Estado no tiene competencia para dictar una ley de este tenor, sino que es competencia de las provincias”, postuló para luego descartarlo. “Es mentira. El Congreso dicta el Código Civil que especifica el régimen de propiedad. La Constitución nacional pone límites a las provincias y reconoce los derechos a la tierra de las comunidades indígenas. Existen tratados internacionales de derechos humanos que hablan sobre la igualdad de oportunidades, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente apto para el desarrollo humano”, explicó.
También cuestionó la idea que el derecho a la propiedad privada no puede ser limitado. “Desde 1920, la Justicia recibe demandas por violación al derecho a la propiedad en casos de ocupaciones y la Corte no los convalidó argumentando que todos los derechos pueden ser limitados frente a la crisis social”, ejemplificó. “Otro mito es que se trata de una tarea exclusiva del experto, del Estado o el mercado. No voy a negar que en el proceso tengan que estar los tres actores sociales, pero el actor más importante es la gente, los habitantes excluidos”, remarcó.
Raúl Fernández Wagner es representante de Habitar Argentina, un espacio multisectorial que elaboró una serie de proyectos que proponen el ordenamiento territorial, la producción de viviendas y la regulación dominial. “Si bien este Gobierno ha avanzado en políticas sociales, las ciudades son injustas. Es necesario generar herramientas para regular el mercado y reducir los conflictos sociales”, consideró. “Ese proceso debe tener en cuenta conceptos como la función social de la propiedad, la prevalencia del interés general por sobre el particular, la distribución equitativa de las cargas y beneficios del ordenamiento”.
Las iniciativas presentadas proponen un incremento de los recursos destinados a la política de vivienda y urbanismo, diversificar las operatorias habitacionales y priorizar la aplicación de los fondos públicos en la población que no puede acceder por sus propios medios, garantizar la función social de la tierra urbana, facilitando su acceso mediante la cesión de tierras públicas, facilidades para su compra o regularización dominial, prohibir los desalojos forzosos a familias en condiciones de vulnerabilidad económica y social, que el Estado regule los mercados de tierra y vivienda
“La vivienda para el mercado es un negocio, para el Estado es una obligación y para la población, una necesidad y un derecho. Hay que acabar con una sociedad elitista para hacer una sociedad de todos”, recalcó Tedeschi.
Elisabet Contrera
