Por Natalia Aguerre – Consejo Consultivo, Observatorio de Políticas Públicas de la Fundación Metropolitana.
El desarrollo de los dispositivos electrónicos ha expandido y modificado las comunicaciones. La mediación de diversas prácticas culturales a través de medios digitales ha producido una transformación radical en el tiempo/espacio del universo de relaciones; en la subjetividad; en los modos de producción, circulación y acceso a una cantidad infinita de datos, información y contenidos; en la aparición de nuevos roles y puestos laborales; en las formas de trabajar, estudiar, enseñar; en la resolución instantánea de trámites, diagnósticos o pago de cuentas; en la compra de insumos, pasajes, vestimenta; en la participación “en vivo” en eventos de distinta magnitud y lenguajes; y en las modificaciones de normas, entre otros.
Este fenómeno disruptivo y transcendente, que deviene de un proceso histórico de larga data, sigue generando asombro y reflexión, en virtud de los cambios en la cotidianeidad, en las maneras de representar lo real, y en las reformas de marcos y reglamentaciones de la convivencia ciudadana. Sin embargo, la bibliografía existente -que tiene como propósito la observación, descripción, interpretación y análisis de dichas prácticas culturales-, exhibe cierta vacancia en el estudio de una variable que forma parte de la complejidad de estos hechos mediados por la virtualidad, la garantía de derechos y de la seguridad de los ciudadanos. Enfocar la mirada en ello es insoslayable frente a un ciberespacio que, como en la vida física y material, presenta riesgos, amenazas y delitos.
Podemos advertir estos hechos cuando se viralizan en entornos íntimos o circulan en los medios masivos de comunicación titulares como “estafas virtuales”, “robos de cuentas de whatsapp o de tarjetas de crédito” señalando que estas acciones repercuten en nuestra economía produciéndose con dispositivos de fácil acceso a la información, de forma anónima y desde cualquier parte del mundo. Surgen entonces, los cuestionamientos sobre la responsabilidad del Estado, de las empresas portadoras de servicios y de la ciudadanía frente a estos hechos que se enuncian en los medios como cualquier otro acontecimiento de la agenda pública.
Estos delitos no siempre son aleatorios, dado que existe una ingeniería social por parte de los ciberdelincuentes que conlleva a otras amenazas más sofisticadas como los códigos maliciosos o malware. Estos programas, que acceden a los dispositivos del usuario sin su consentimiento, se propagan cuando este comparte datos personales de forma pública en las redes y no tiene un saber preciso de las aplicaciones o páginas web que utiliza. El diseño de esas páginas tiene como objetivo engañar al usuario para que, al abrirlas, se instalen en su ordenador o dispositivo con el fin de recopilar información confidencial y controlar el equipo de forma remota.
Otra amenaza producida a través de los códigos maliciosos es el denominado ransomware, el cual bloquea o cifra el contenido de un ordenador o dispositivo, exigiendo el pago de una recompensa para volver a normalizarlo. En la actualidad, surgen otros fenómenos como el secuestro de contenido íntimo sexual denominado como “violencia digital”, otro tipo de violencia que se produce cuando una persona realiza daños físicos y/o psicológicos utilizando las TIC´s o cualquier espacio digital, en la que se vulnera la dignidad, la imagen, el honor y sobre todo la vida privada de una persona. Los nuevos escenarios de violencia digital implican intrínsecamente a la ciberseguridad en tanto también existe la pornovenganza, en la que una persona viraliza imágenes íntimas de otra con el propósito de dañarla y la sextorsión, un chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en las que las víctimas se muestran en actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales.
Estos riesgos y amenazas no solo implican delitos como el robo, la estafa o el daño, sino que también afectan derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho al olvido, el derecho a la seguridad cibernética, la salud –en particular lo relacionado a la integridad psicológica—, la intimidad, el patrimonio, afectaciones centrales en una perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, cada acción que lleve adelante el Estado debe ser analizada y debatida con la mayor cantidad de actores sociales posibles, a fin de garantizar la protección de los usuarios y sus derechos fundamentales. Por ello, la ciberseguridad es un tema que requiere el abordaje desde los Estados, la ciencia, y la cooperación y participación de organizaciones a nivel internacional pero, fundamentalmente, del papel de cada usuario en aras de prevención en el entorno virtual.
En esa línea, surge la necesidad de una cultura de la ciberseguridad enfocada al uso responsable de internet y la prevención mediante la divulgación del conocimiento de riesgos y amenazas a las que estamos expuestos como:
1) Las campañas de desinformación y manipulación de la opinión mediante redes sociales;
2) Infecciones vía ataques a compañías dedicadas a la producción de software masivo;
3) Robo de contraseñas y claves para la venta en los mercados ilegales;
4) Sextorsión para recaudar dinero;
5) Ataques a instituciones financieras y a sus clientes;
6) Campañas de extorsión bajo la amenaza de filtrar información personal al dominio público;
7) Robo de datos y de identidad para acceso a diversos sitios; entre otros.
Frente a esto, podemos recomendar algunas medidas preventivas como:
- Hacer respaldos periódicos de nuestra información.
- Mantener actualizado el sistema operativo.
- No abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos ni sus archivos adjuntos.
- No abrir enlaces de dudosa procedencia a menos de estar seguro de la confiabilidad de quien lo publica o envía.
- Mantener actualizado nuestro sistema anti-malware.
Como sociedad debemos trabajar para que la seguridad cibernética pase de un paradigma criminal a uno preventivo, no solo para que los esfuerzos se centren en orientar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el entorno virtual, sino para la creación de una cultura de la ciberseguridad que establezca un uso responsable de internet encaminado a la salvaguarda y protección de la seguridad de los usuarios.
