POR ELISABET CONTRERA – ¿Cómo se combate la inseguridad? ¿Qué tipo de medidas son necesarias? ¿Desde qué abordaje? Todos estos interrogantes se instalaron nuevamente a partir de los planes del Gobierno porteño de colocar cámaras de seguridad en 90 establecimientos educativos, incluidos 17 jardines y otras tantas escuelas secundarias. La medida fue suspendida por la Justicia porteña al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Mientras las organizaciones rechazan este sistema de vigilancia por considerar que “violan el derecho a la intimidad de los niños y los adolescentes”, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, lo defiende como medida para garantizar la seguridad de los edificios. En la Ciudad, ya funcionan más de 1200 cámaras instaladas en las calles y dos Centros del Monitoreo Urbano (CMU), donde los operadores observan las imágenes.
Según se consigna en la web oficial, “las cámaras de seguridad cuentan con un software analítico para captar patrones de conductas anormales que alertan a los operadores”. Hasta el momento el consumo de drogas es la situación más detectada, seguido por los arrebatos y asaltos, señalan. El plan es instalar mil cámaras más antes de fin de año.
El boom de las cámaras de seguridad
El uso de este método de vigilancia no es exclusivo de Mauricio Macri, sino que en los últimos años se ha convertido en una de las patas de la política oficial implementada en la provincia de Buenos Aires, con el apoyo económico del Gobierno nacional.
El Ejecutivo bonarense también planea instalar alarmas con monitoreo y seguimiento policial permanente en escuelas de todos los niveles de educación. El convenio para la implementación de la iniciativa fue firmado entre la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA). De esta manera, explican, se reforzaría la seguridad en las escuelas.
El Gran Hermano también es la base de las políticas de seguridad en los municipios de la Provincia. Primero, empezaron a instalarse en los centros comerciales del primer y segundo cordón del conurbano, pero aspira a llegar a todos los distritos del territorio bonaerense. También vigilan los pasos de los ciudadanos que viven en barrios periféricos.
Una de las localidades pioneras fue el Tigre. Empezó en 2008 y lleva instaladas más de 600 cámaras. “Hoy la gente me pide videocámaras, no patrulleros. Tienen el 93 por ciento de aceptación y logramos bajar el robo de autos en un 70 por ciento”, sostuvo el intendente, Sergio Massa.
“No se hace más seguridad desde la policía”
Tanto la Ciudad como la Provincia combinan la política de las cámaras con una mayor presencia policial en las calles. El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián participó en mayo pasado del Ciclo de Desayunos Metropolitanos, organizados por la Fundación Metropolitana. En su exposición sobre “Coordinación de la seguridad en el espacio metropolitano”, Arslanián llamó la atención sobre “el déficit en materia de seguridad” en la Provincia y cuestionó “la mirada unidimensional con la que se analiza el problema y que en algunas ocasiones se tradujo en el incremento de las penas”.
Criticó el abordaje mediático de los hechos delictivos y la falta de discusión acerca de la incidencia de la inequidad y la exclusión social sobre el aumento del delito. “El mero cambio de un modelo económico por otro, por ejemplo de un modelo neoliberal por otro de corte desarrollista y distributivo que pueda tener eficacia respecto a los fenómenos de exclusión no es suficiente para resolver este tipo de problemas o conflictos sociales que se dan en los nudos del conurbano”, sostuvo.
Por ello, propuso un tratamiento integral del tema que incluya terminar con el autogobierno de la policía y generar intervenciones para resolver la desigualdad social.
“No se hace más seguridad desde la policía, desde la justicia penal ni desde la cárcel, no se hace más seguridad sin incorporar en las decisiones más importantes a las agencias no penales, tampoco sin legitimar la participación de las ONGs. Hay que construir un nuevo Estado, no es el estado gendarme ni el de bienestar, sino el estado articulador”, remarcó.
Arslanián forma parte del Acuerdo para la Seguridad Democrática, que engloba a la mayor parte del espectro político, social y de organismos de derechos humanos. Tras las muertes de jóvenes producidos en José León Suárez, Baradero y Mar del Plata por parte (supuestamente) de agentes, elaboraron un documento sobre la violencia de la policía bonaerense. El documento enumera las causas por las que la seguridad provincial está en crisis y sostiene que “la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas. No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad, sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial, necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad”.
Una iniciativa colectiva para luchar contra la inseguridad
Desde el 2010, en la Provincia funciona el Observatorio de Seguridad Ciudadana para los Municipios. Nació de una alianza entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el Gobierno bonaerense con el objetivo de capacitar y promover el ejercicio de una gestión de seguridad ciudadana en los distritos.
La seguridad ciudadana, según Julio Frutos, coordinador del Observatorio, “persigue alcanzar aceptables niveles acerca de la posibilidad de sufrir un delito, pero también se hace cargo del miedo a padecerlo; procura mejores niveles de eficiencia en las agencias de control penal, pero reconoce en toda la comunidad el verdadero potencial para enfrentar el problema; intenta mejorar los niveles de criminalidad, pero con énfasis en la prevención y con un abordaje de respeto a los derechos humanos”.
Bajo esa premisa, el objetivo de Observatorio es fortalecer a los actores comunales a través de un trabajo permanente de asesoramiento a funcionarios municipales; la instalación de Unidades Municipales de Análisis Criminal (UMAC) que permitan detectar, responder y evaluar factores vinculados al delito, la violencia y la conflictividad y la Prevención Terciaria a fin de reducir los niveles de reincidencia, entre otras metas.
Para Frutos, una de las claves para “reducir el delito es la alianza con la comunidad, donde está el mayor potencial para conocer, gestionar y resolver el problema. La comunidad es el destinatario del servicio, pero no puede ser un agente pasivo que reciba del Estado los resultados de una política pública”.
Elisabet Contrera
