POR ELISABET CONTRERA – Tras décadas de abandono y con un ultimátum de la Justicia de por medio, el Estado cumple a pasos lentos pero sostenidos con el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo y busca garantizar condiciones de vida dignas para la población. En ese contexto, en pocos meses comenzará la construcción de las unidades sanitarias ambientales. Su función será confeccionar un mapa epidemiológico que permite dar cuenta de los efectos generados por la contaminación del afluente. De esta manera, se cumpliría una más de las disposiciones estipuladas en el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando se conoció la resolución judicial, en la zona vivían cinco millones de habitantes. La mayoría no tenían acceso a agua potable ni a cloacas y compartían el aire con las casi 20 mil industrias radicadas en el territorio. Villa Inflamable, un barrio precario de Avellaneda ubicado muy cerca del Polo Petroquímico Dock Sud, fue un claro ejemplo de los efectos provocados por esa convivencia: el 50 por ciento de los chicos que vivían allí tenían plomo en sangre, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Frente a este panorama, en 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno porteño y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del afluente. En 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la causa e intimó a los demandados a que presenten un plan de saneamiento de la cuenca. Al no haber respuesta, en julio de 2008, el máximo tribunal dictó una sentencia histórica, en la cual ordenó a los tres Estados a sanear el Riachuelo. El fallo, entre otros puntos, obliga a las autoridades a reubicar a las familias instaladas a la vera de la cuenca, mejorar las condiciones de vida del resto de la población, detectar a las empresas contaminantes y sanear el curso de agua.
Tras un tiempo sin avances, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), integrada por los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, empezó a cumplir con las disposiciones judiciales. Según informó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, ya fueron relocalizadas “más de 13 mil familias”, “más de un millón de habitantes tienen agua potable y 480 mil pobladores cuentan un nuevo sistema cloacal”.
En cuanto a las empresas, “sobre un universo de 19.727 establecimientos industriales empadronados, 12.027 ya fueron fiscalizados y 332 presentaron planes de reconversión industrial para dejar de verter efluentes contaminantes, 167 fueron clausurados por no cumplir con las normas ambientales”. Todas estas medidas son seguidas por las organizaciones sociales, encargadas de controlar las obras y procedimientos, que reconocen los avances, pero cuestionan la lentitud y la falta de acceso a la información.
Como parte del Plan de Emergencia Sanitaria, cada municipio creó centros de salud para la atención de la población de la zona y recientemente firmaron convenios para la construcción de las unidades sanitarias ambientales. “Se trata de centros de gestión de la vigilancia epidemiológica ambiental y de atención de los problemas vinculados a contaminantes en el área de la cuenca”, explicó Fernando Nunes, director de salud de Acumar.
Allí, se centralizará la información sobre las patologías, contará con asistencia primaria de la salud y funcionará un pequeño laboratorio de baja complejidad que administrará la recepción de muestras toxicológicas, detalló el funcionario. “Estas nuevas unidades nos permitirán abordar con mayor precisión y eficacia las distintas consecuencias de la contaminación”, remarcó por su parte Alejandro Costa, subsecretario de Planificación de Salud del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La salud del millón de niños que vive en la zona es uno de los temas que más preocupa a los magistrados. También fue uno de los reclamos más fuertes de las organizaciones sociales. Según la Encuesta de Factores Ambientales de Riesgo para la Salud realizada a finales de 2008, “los problemas son de tipo estructural y altamente complejos, vinculados no sólo con la alta incidencia de contaminantes en la región, sino también con todas aquellas situaciones emergentes de las precarias condiciones de vida en una gran parte de los habitantes de la Cuenca”. El mismo informe indica que los factores ambientales que más afectan a los hogares de la cuenca son la calidad del aire exterior, la disposición de residuos y el abastecimiento de agua.
La Encuesta de Nutrición, Desarrollo Psicomotor y Toxicológico realizada en 2010 a un poco más de mil trescientos chicos menores de 6 años arrojó señales de alerta. De ese total de niños, el 34 por ciento presentaron trastornos en el desarrollo psicomotriz. También se halló en sus organismos sustancias como plomo (4 por ciento) arsénico (3.58), cromo (1.78) y mercurio (1.5) e hidrocarburos como tolueno (4 por ciento) y benceno (25 por ciento).
En la primera etapa, se construirán los centros de Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown y San Vicente. El terreno será cedido por cada intendencia y estará ubicado en áreas de máximo riesgo ambiental. Cada edificio tendrá una superficie de de 400 metros. Una parte dependerá de Acumar y allí funcionará el observatorio de vigilancia epidemiológica, nutricional, toxicológica y de desarrollo psicomotriz y neurocognitivo, las salas de situación y un salón de usos múltiples para capacitación y actividades con los promotores de salud ambiental. El espacio restante será de gestión municipal y tendrá consultorios de clínica, pediatría, ginecología, ecografía y vacunatorio.
Luis García, secretario de Salud de Lanús, remarcó la importancia del proyecto a fin de cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y señaló que la unidad “funcionara en coordinación con hospitales y centros de salud”. Consultado sobre si el municipio cuenta con un registro de enfermedades generadas por la contaminación, el funcionario informó que de un testeo realizado el año pasado a mil personas, entre ellos 52 niños menores de 6 años, los resultados fueron positivos. “Hubo algunos casos de dificultades de desarrollo psicomotriz, pero luego se descartó que tuvieran que ver con la contaminación”, señaló.
En Almirante Brown, la unidad sanitaria ambiental funcionará en el barrio La Cumbre, en la localidad de Burzaco. “No hay un número cerrado sobre la cantidad de familias afectadas por la contaminación, pero hay un conjunto de patologías que se detectan en forma recurrente y tiene que ver con la cuestión ambiental, la falta de infraestructura en redes de agua y cloacas y los basurales”, explicó Máximo Lanzzeta, responsable de la Agencia de Política Ambiental del distrito. El plan también establece la ampliación de dos unidades en el partido de La Matanza y de una del partido de Morón.
