Por Micaela Sampietro.
A pocas semanas de comenzar su mandato, Javier Milei prorrogó el presupuesto de 2023 para el 2024. Con un 325.1% de inflación acumulada entre enero del año pasado y marzo del actual, el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76%, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esto desencadenó una crisis presupuestaria sin precedentes en las 65 universidades nacionales y provinciales y sus instituciones dependientes.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración (ASAP) realizó un informe que muestra cuál ha sido el ajuste en cada una de las universidades nacionales de Argentina. A nivel general el ajuste fue del -34,2% en todas las universidades del país.
Las distintas universidades debieron tomar medidas para sobrellevarlo. En el caso de la Universidad de Buenos Aires se suspendió el uso de aire acondicionado, gas y caldera, se apagó la iluminación en aulas, oficinas y espacios comunes durante el período diurno, se restringió el uso de ascensores únicamente para personas con movilidad reducida y se han supeditado los programas de investigación y ciencia a la disponibilidad de recursos.
El impacto en universidades más pequeñas fue incluso más severo. Los recortes llegaron al 66,1% en el caso de la Universidad de San Antonio de Areco mientras que la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo no recibió ninguna asignación adicional.
El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández, se manifestó alarmado por la situación presupuestaria en las universidades alejadas “del centro” y teme que podrían ser desfinanciadas debido a variables como la cantidad de estudiantes. Ha declarado no poder pagar el alquiler, mantener las instalaciones, ni garantizar la continuidad de algunas carreras. En la Universidad Nacional de Comahue, no ha habido recomposición salarial y se han tomado medidas como reducciones en el servicio de limpieza para garantizar el funcionamiento esencial.
Crónica de los eventos
Las universidades se encuentran afrontando una difícil crisis que imposibilita la proyección presupuestaria a futuro. Se suma a la situación el contexto de recorte de subsidios y aumento de tarifas de servicios públicos. Por su parte, el gobierno no se muestra abierto a la negociación.
En el marco, el 23 de abril tuvo lugar una marcha federal multitudinaria bajo el lema “En defensa de la educación pública”. La movilización buscó visibilizar la situación que está atravesando el sistema universitario y científico nacional. El día anterior al evento masivo, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó la aplicación del protocolo antipiquetes por posibles provocaciones. Afortunadamente, la manifestación se desarrolló de forma pacífica y sin disturbios.
Horas antes del momento de convocatoria, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento para mayo del 70% para gastos de funcionamiento de las universidades y hospitales universitarios, partidas que representan el 8,9% del presupuesto total. Esto implica un incremento del 91,3% y del 89,5%, respectivamente, para esas partidas específicas pero un 3,4% del total respecto al presupuesto original. Dados estos números, la caída del presupuesto real a finales de 2024 sería del 69,3%.
El 82,6% del presupuesto corresponde al fondo para el pago de salarios que no han aumentado respecto al presupuesto inicial.
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)
La respuesta del Gobierno Nacional
Frente a este panorama de tensión, los distintos voceros del oficialismo se manifestaron en un intento de restarle fuerza a la crisis educativa. Por un lado, se habló del “adoctrinamiento en las aulas” y “la caja política de los centros de estudiantes” como fundamento en desmedro de la Universidad Pública. Una serie de referentes del mundo académico contestaron a estas acusaciones definiendolas como “ilógicas” e “infundadas”.
Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se expresó a través de sus redes sociales sobre el gasto de las universidades con un tono amenazante acerca de las auditorías, citando la legislación de Educación Superior.
Cabe resaltar que la administración de control ya se encuentra normada por la Ley de Administración Financiera 24.156 y la Constitución Nacional. Las universidades nacionales argentinas son entes autárquicos, lo que significa que tienen autonomía en la gestión de sus recursos financieros y administrativos. Dicha cualidad le permite funcionar de manera independiente y autónoma del gobierno, esto incluye gestionar su presupuesto.
Para garantizar el principio de transparencia, las universidades se encuentran auditadas por dos entes: un control interno que le compete a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) junto con unidades de auditoría interna de cada entidad (de forma concomitante) y un control externo que le compete a la Auditoría General de la Nación (AGN) por orden del Congreso.
La SIGEN, dependiente del Presidente de la Nación, es parte del poder ejecutivo y autocontrola su gestión. Se ocupa de informar sobre cómo se comporta el sistema financiero de los distintos organismos del sector público, es decir, revisar que los recursos públicos sean obtenidos y aplicados cumpliendo con principios como regularidad financiera, legalidad, economicidad y eficacia. No está autorizada a auditar sino a fiscalizar irregularidades.
La AGN depende del Congreso Nacional, es un control que ejerce el poder legislativo sobre la administración pública. Su función es la de auditar a los entes, como las universidades.
El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, subrayó que el proceso para revisar el presupuesto de las universidades públicas no es potestad del Poder Ejecutivo. La órden para auditar a través de la AGN la debe realizar una comisión mixta revisora del Congreso, integrada por diputados y senadores.
24 horas después de las movilizaciones masivas en todo el país tenía lugar una sesión parlamentaria convocada por Unión por la Patria para restituir el FONID, garantizar el financiamiento de las universidades y modificar la movilidad jubilatoria. A 5 votos de diferencia para poder dar inicio a la sesión, fracasó por falta de quórum en la Cámara de Diputados.
A pesar de las enérgicas manifestaciones a favor de la educación pública realizadas un día antes en todo el país, varios legisladores que respaldaron estas protestas no se presentaron en el recinto. La Libertad Avanza junto con el PRO no dieron quórum aunque la interna dentro del partido radical fue un factor decisivo ya que terminó aportando menos de la mitad de sus diputados.
Argentina y la educación pública
Algunos datos:
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La movilización masiva del 23 de abril fue caracterizada como histórica en principio por su gran convocatoria: se estimó una concurrencia de 800 mil personas en el centro porteño y 1 millón y medio en todo el país.
Más allá de la magnitud de la multitud, se destacó su pluralidad y transversalidad. La marcha universitaria reunió manifestantes de todas las edades, géneros y sectores que portaban sus libros en alto, pero fundamentalmente hubo apoyo de gran parte del espectro político. Participaron de ella miembros del nivel superior, ya sea docentes, estudiantes, exalumnos, académicos, investigadores, como también comunicadores, padres y madres, niños, jubilados, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos. Incluso algunas universidades privadas se sumaron a la convocatoria.
La educación pública es una narrativa con mucho peso en el imaginario argentino y se vio reflejado en la marea de personas que se dispuso a manifestarse en su defensa.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se manifestaron en un texto titulado “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social” que se leyó el 23 ante la Plaza. “Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, de la producción y de los lazos sociales” señalaron.
La Universidad de Buenos Aires, a su vez, se expresó al respecto: «La universidad pública argentina, no arancelada y de calidad, es un orgullo nacional y una referencia en el mundo por ser una herramienta estratégica para el desarrollo. Desfinanciar la universidad pública es desfinanciar el futuro del país«.
Así también lo hizo Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: “Hay un sentido colectivo de la educación en nuestro país que se da como experiencia extraordinaria comparado con el resto del mundo. Es un orgullo y un pacto civilizatorio para nuestro pueblo. En la llamada ‘batalla cultural’ se buscan atacar los fundamentos de la construcción de lo público, de lo colectivo, de la memoria y de las luchas”.
El nivel educativo superior, junto con los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales, están atravesando uno de los momentos más críticos de su historia. La falta de planificación sobre el curso educativo y la poca intención de gestión del conflicto social resultan preocupantes para un gran porcentaje de la población argentina que continúa creyendo en la educación pública.
