Por Víctor Nahuel Palomo.
La histórica y tradicional concepción de los objetivos y las metas que asumen las empresas privadas se centra en su rentabilidad a través de la competencia, según el mercado en el cual desarrolle su principal actividad productiva y/o comercial. Sin embargo, a fines del siglo pasado se comenzó a desarrollar un nuevo marco conceptual sobre el rol que podría asumir el sector privado en el progreso de la sociedad en la que se sitúa. Fruto de la variedad de posiciones, la masividad de la información a la cual acceden los ciudadanos, la fuerte emergencia de las organizaciones de la sociedad civil, la participación de los movimientos sociales y la progresiva conciencia que se fue tomando acerca de los límites de los recursos naturales desembocó en una exigencia social compartida, y en un llamado de atención para aquellos actores que históricamente no habían estado ligados a la esfera pública.
Sin olvidar el objetivo principal que asume un emprendimiento privado, cada vez es mayor la responsabilidad social empresarial (RSE), es decir, “el compromiso que adquiere una empresa ante sus grupos de interés y la sociedad en general” (Scade, 2012). De eso se trata la responsabilidad social empresarial, de la conjugación entre el fin primario que llevó a construir una empresa privada, la ganancia económica, y la comunidad en la cual todos vivimos. No se puede escindir al emprendimiento, de los trabajadores, proveedores, clientes, asesores y directivos que forman parte natural de una sociedad. La pluralidad de las esferas que conviven en una sociedad deben cumplir con ese objetivo básico pero indispensable: convivir.
La RSE busca ser un valor en sí mismo para la empresa, integrarse a la misión de la compañía para conformar una marca propia que sea un diferencial ante sus pares, y que le permita cumplir con el compromiso que asumió ante la comunidad, el medio ambiente, y sus colaboradores. La sustentabilidad debe ser la columna vertebral de la RSE que se empeña como ética de la compañía, entendida como “la habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras” (Universidad Abierta Interamericana). Si bien son valorables, y nunca se pueden menospreciar si se entienden los contextos, las acciones aisladas e interconectadas entre sí no terminan de responder al concepto de RSE, ya que no se constituyen como un valor integral en sí.
La sustentabilidad, que cuenta con el gran valor de ser voluntaria y nacer de las preocupaciones sociales y ambientales de la empresa en las operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores (comunidad), se puede dividir en tres grandes categorías:
Sustentabilidad económica: Responde a la búsqueda de generar un crecimiento económico continuo y estable, mediante una armonía equilibrada entre éxito económico, compatibilidad social y cuidado de los recursos naturales. Ya no se busca la rentabilidad económica a cualquier costo, sino que se tiene conciencia del uso de los recursos de la comunidad.
Sustentabilidad ambiental: Toda acción empresarial considera el impacto y manejo de recursos naturales, la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y estimulan el cambio climático, la eficiencia en el uso de recursos y uso de sustancias químicas que puedan dañar al ambiente.
Sustentabilidad social: Su objetivo final es la creación de comunidades saludables, equitativas, diversas, conectadas, plurales, amigables y democráticas que gocen de libertades y derechos que hagan a prácticas justas, tanto para los consumidores, como para la población general.
En un contexto en el que, según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para el segundo semestre del 2023, más de 19 millones de personas en la Argentina son pobres, es necesario contar con el compromiso de todos los actores que tienen relevancia y responsabilidad en la vida en la comunidad. Lógicamente, y es fundamental dejar en claro esta posición, no se le puede exigir a una empresa lo que el estado no lleva a cabo, o ejecuta de forma ineficiente sin logros para mostrar. Aquí no se está haciendo un llamado a la conformación de una red de empresarios que erradique la pobreza de nuestro país, ni una búsqueda de empresarios preocupados por los problemas ambientales que los lleve a salvaguardar el futuro de las próximas generaciones. Sí se está haciendo foco en la gran oportunidad de articular saberes, responsabilidades, conocimientos y recursos, en pos de lograr una convivencia armónica entre todos los que integramos la misma comunidad. Se trata de aunar esfuerzos en pos del presente, pero sobre todo de las próximas generaciones.
Sin embargo, es fundamental que desde el Estado se impulse un plan de políticas públicas que invite a que cada vez más empresas agreguen a su perfil la RSE. Mediante la exención de impuestos, el reconocimiento público, la facilidad al acceso de créditos, el posicionamiento ante otros proveedores, y la difusión de sus buenas prácticas en pos del crecimiento de su reputación son solo algunas de las herramientas que podría llegar a impulsar el Estado para premiar a aquellas compañías que se involucren en su comunidad.
Es imprescindible que se realice una correcta discriminación entre aquellas empresas que están en condiciones de afrontar los costos que conlleva realizar acciones sustentables y que no se ahogue a quienes, por más buena intención que tengan en sus programas, no pueden financiarloss. No se puede obviar que la mayor traba al desarrollo de la RSE es la inestabilidad macroeconómica que atraviesa nuestro país, por lo que no se puede hacer foco en quienes no cuentan con una solvencia económica acorde para tamaño compromiso con la comunidad. Tampoco se puede imponer de forma vertical un cambio de paradigma en la esfera privada, sino que se deben construir los consensos necesarios para que la gran mayoría de las compañías -en condiciones- puedan tomar conciencia de la comunidad en la que se desarrollan. Argentina está ante un gran desafío, que es sumarse a un movimiento mundial que busca preservar el bien común desde el sector privado en articulación con el aparato estatal.
