POR JORGE TREVIN, INGENIERO FORESTAL – El 13 de marzo de 2008 se anunciaba en el Teatro Roma de Avellaneda el llamado en ese entonces “Proyecto Costa del Plata”, que en cuestión de meses iba a comenzar a rellenar y urbanizar la costa verde de Avellaneda y Quilmes. Al cumplirse tres años este año de aquel anuncio no materializado, desde la Asociación Civil Ambiente Sur de Avellaneda marcábamos el aniversario con un comunicado que entre otras cosas recordaba:
El “proyecto” era presentado por sus principales padrinos, el Gobernador Daniel Scioli y los intendentes de Avellaneda y Quilmes Baldomero Álvarez de Olivera y Francisco Gutiérrez, y no faltó tampoco la Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti. Había un ambiente de hecho consumado, y no se ocultaba.
Mas allá de la actitud tipo “al fin llega el progreso” que fluía de las notas de los grandes medios nacionales, al releer las crónicas de ese evento no puede hoy más que llamar la atención la forma relajada en que se trataban aspectos que en los meses por venir iban a ser críticos. Evidentemente no se veía la necesidad de “vender” algo que ya era un hecho para los participantes. Si lo anunciaban el Gobernador y todas esas autoridades, ¿quién podría oponerse?
La Nación hasta se permitía un giro casi picaresco sobre un tema grave: “Techint se había alzado con este terreno hace siete años”, decía con pimienta al otro día. Tampoco había una preocupación por abultar demasiado las bendiciones que nos traían los mismos que habían operado ahí al lado el mayor basural contaminante de Sudamérica. La inversión de Techint se cuantificaba modestamente en US$50 millones (recordar que la sola rezonificación a zona urbana le representa US$100 millones), cifra alejadísima del festival de miles de millones que la multinacional repetiría más tarde hasta el cansancio en su puja por materializar el engendro. También se insinuaba claramente que Techint no iba a tener nada que ver con un desarrollo inmobiliario, algo evidente, que ratificaría en los meses por venir que el negocio de Techint es simplemente embolsar millones con la rezonificación.
Aceptar la invitación de escribir una nota de opinión sobre “Nueva Costa del Plata” genera más de un dilema. ¿Qué aspectos del supuesto proyecto deberían abordarse principalmente en un comentario? ¿Puede intentarse en una sola nota una opinión abarcadora en este caso?
Los interrogantes surgen porque el negocio inmobiliario que han intentado, hasta ahora infructuosamente, de impulsar Techint y sus desarrolladores asociados expone varios problemas graves que frecuentemente afectan la planificación del territorio en el área metropolitana, y cada uno de ellos merecería un análisis más detallado del que puede permitir una nota. Una evaluación de la propuesta muestra a la tierra pública como sujeto de negociado, la privatización de la planificación urbana, la manipulación como sucedáneo de participación pública, y las debilidades técnicas e institucionales en la gestión ejecutiva de dos importantes municipios. A la vez, resalta sin embargo el compromiso con el interés público de varios concejales, el trabajo a conciencia de algunos funcionarios provinciales y, por sobre todo, la acción de la gente y las organizaciones de la comunidad como garantía última del interés de la sociedad y el sentido común.
La tierra pública como sujeto de negociado
Como bien explicitaba La Nación en la crónica de aquella velada en el Roma, Techint “se había alzado con este terreno” hacía unos años (alzar: 11. Sacar o llevarse algo.ǁ 12. Recoger, guardar, ocultar.ǁ 18. Apoderarse de algo con usurpación o injusticia. Alzarse con el botín. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 2001). Techint se alzó con esas tierras mediante irregularidades groseras cometidas en el pago de los “servicios” de entierro de basura y contaminación que proveyó a CEAMSE e inevitablemente a los habitantes de Avellaneda y Quilmes entre 1978 y 2003. Estas irregularidades se fundamentaron principalmente sobre cambios abruptos efectuados en 1993 al contrato veinteñal que expiraba poco después en 1998, por el cual se eliminaron costosas obligaciones de forestación e infraestructura comunitaria, vial, recreacional y deportiva al contratista SYUSA, del Grupo Techint. Aún así algunos aspectos, tales como la entrega como pago a SYUSA de tierras ribereñas que nunca fueron sujeto de sus tareas de “recuperación” o relleno, no han sido explicados al día de hoy ni siquiera por aquellos cambios contractuales.
Por supuesto, el valor de las tierras considerado al momento de la transferencia era un valor vil, basado en su categorización como Reserva de Tierra Vacante, no apta para urbanización. La rezonificación a posteriori, que felizmente ha encontrado obstáculos en el Concejo Deliberante quilmeño, internalizaría el valor real de la tierra en los activos del afortunado nuevo propietario. Estos temas son sujeto de una denuncia penal que se tramita en el Juzgado de Garantías No. 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
La privatización de la planificación urbana
“A partir de la invitación que le hicimos para participar de un proyecto de parque ecológico en la zona, la gente de Techint nos elevó esta propuesta, que nos resultó más interesante”. Con estas palabras explicaba quien era en ese entonces Intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Olivera, la “razón” para urbanizar las últimas áreas verdes del Partido. “Álvarez explicó a La Nación que la idea se originó en un encuentro en 2007 con directivos de Techint” (La Nación, 14 de marzo de 2008). “¿Quién decide la planificación en la ciudad de Quilmes? ¿Quién decide la planificación en la ciudad de Avellaneda?” preguntaba en una nota dirigida al Intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, el arquitecto Héctor Casazza en diciembre de 2008. “¿La asociación del capital inmobiliario local y el internacional con los gobiernos locales y los medios? Los inversores se apropian del territorio, destruyéndolo, y cambian el modelo de ciudad exacerbando las desigualdades socio-urbanas”. El artículo sobre el tema del arquitecto Jaime Sorín en el último ID Metropolitano (Junio 2011) expone magistralmente la naturaleza de estas operaciones de marketing, que no llevan ningún beneficio para las comunidades en las que están insertas.
El modelo no es nuevo ni en Avellaneda ni en Quilmes. Es el mismo que gobernó la privatización y “desarrollo” de los terrenos del viejo Mercado de Lanares de Avellaneda en los años 80. Y el que está dando lugar al barrio cerrado Nuevo Quilmes en Don Bosco, aún en construcción, cien hectáreas que quedaron inexplicablemente “pegadas” en el traspaso de activos del Estado a las telefónicas en los 90, con la excusa de la privatización del servicio. No es tampoco el modelo exclusivo de estas latitudes. Decía Ramón Fernández Durán (“El tsunami urbanizador español y mundial”, 2006): “La ganancia principal está en la gestión del suelo, en el paso del suelo rústico al suelo urbano, mediante la compra barata, reclasificación y venta, con rentabilidades sencillamente fabulosas. Y estos planes urbanísticos se sacan adelante gobierne quien gobierne, y con alianzas contra natura. […] La corrupción política por el fabuloso negocio inmobiliario se está convirtiendo en algo generalizado”.
Manipulación como sucedáneo de participación pública
La propuesta de urbanización ha sido presentada básicamente ante funcionarios e interlocutores amigos, tales como algunos medios, y escasamente ante el público. No se escatimó sin embargo el uso de palabras atractivas, asociadas conceptualmente al bien común. Sorín explicaba en su artículo ya mencionado cómo la repetición continua de la palabra “integración” intenta ocultar lo que es en realidad una brutal expropiación de tierras públicas, la ocupación de un territorio en el que prevalecería el aislamiento. De igual manera se ha utilizado repetidamente la palabra “recuperación” para describir una posibilidad de acceso al río cuyo único obstáculo actual es precisamente la apropiación ilegítima de la franja costera por parte del propio Techint y de CEAMSE. Dicha apropiación se originó en los años de la Dictadura, y hasta el día de hoy comprende la ribera, que debe ser pública porque así lo establece el Código Civil, y hasta secciones enteras de calles, como tramos extensos de las calles Olmos y Las Flores en Avellaneda. El mismo maltrato sufrió la palabra “participación”.
Los proponentes mencionan la supuesta realización de dos “audiencias públicas”, en Avellaneda y Quilmes respectivamente. Se refieren a dos ejercicios de presentación en términos generales de la propuesta de urbanización, en noviembre de 2008, que en el caso de Quilmes el Municipio ni siquiera se atrevió a calificar de audiencia pública. En Avellaneda, tras largas presentaciones a favor del proyecto por parte del Intendente y un promotor del negocio, y sin posibilidad de preguntar, el público pudo expresarse a razón de cinco minutos por persona. Nada ha sugerido en ese momento ni posteriormente que alguna objeción haya sido tenida en cuenta.
La realización de ejercicios denominados impropiamente audiencias públicas sufre en nuestro país de males que se derivan de la falta de objetivos claros y reglamentación, así como de la ignorancia de lo que debería ser una audiencia pública por parte de los propios funcionarios. A veces incluyen, como en el caso del evento de Avellaneda, un desfile de representantes de clubes de barrio y centros de jubilados que dependen de subsidios municipales y son convenientemente persuadidos de asistir. Esto sólo representaría un problema de extensión inútil de la “audiencia”, si no fuera porque se pretende además tomar al ejercicio como una encuesta, y no como la presentación de opiniones y hechos a ser necesariamente considerados, respondidos, e incorporados cuando así corresponda en el proceso de planificación. No existen paneles profesionales independientes que puedan asegurar estos procesos, y los funcionarios repiten indefectiblemente el discurso de los proponentes. Se puede decir que a excepción del público, todos los elementos básicos de una audiencia pública estuvieron ausentes en el caso de Nueva Costa del Plata. El propio sujeto de la audiencia, el proyecto, no estaba definido, y por consiguiente tampoco lo estaba su evaluación de impacto ambiental. Estos elementos siguen sin definirse al día de hoy.
Aparentemente, la descripción que Sherry Arnstein ya reflejaba en 1969 en su clásico artículo “A ladder of citizen participation” (Una escalera de participación ciudadana), de procesos que buscan sustituir la participación pública, tiene plena actualidad para el caso: “Funcionarios que educaban, persuadían y aconsejaban a los ciudadanos, no lo opuesto”, “Reuniones transformadas en vehículos de comunicación en un solo sentido, por el simple artilugio de proveer información superficial, desalentar preguntas o dar respuestas irrelevantes”, “Chicanería típica de lo que ha sido perpetrado en el nombre de retórica de alto vuelo como ‘participación pública’” (Ibid.).
Debilidades técnicas e institucionales en la gestión ejecutiva municipal
Las actuaciones de las áreas de los ejecutivos municipales de Avellaneda y Quilmes con incumbencia en planeamiento urbano y ambiental fueron muy pobres. Las declaraciones públicas estuvieron a cargo de los intendentes y unos pocos funcionarios políticos. Los cuestionamientos del público, que en algunos casos incluían presentaciones técnicas elaboradas por profesionales independientes, se ignoraron o fueron respondidos por canales informales, con respuestas vagas o directamente inexactas. Las presentaciones por escrito ante los organismos municipales nunca fueron contestadas.
Techint invitó a un verdadero contingente de funcionarios municipales a un viaje a Nueva York en 2008. Algunos medios señalaron la semejanza de las fotos con imágenes de viajes de egresados y criticaron fuertemente la ética de todo el asunto. El tour se publicitó como un viaje para conocer proyectos semejantes. Pero en realidad los emprendimientos visitados, como los parques Freshkills en Staten Island y Norman Levy en Hempstead, eran un ejemplo de todo lo contrario. No se trataba de desarrollos residenciales y comerciales, sino de proyectos ambientales y recreacionales ejecutados sobre antiguos rellenos sanitarios. No representaban pérdidas de áreas verdes, sino ganancias. Nada de esto fue transmitido o analizado por los felices viajeros a su vuelta, y el público interesado terminó enterándose de los verdaderos hechos por Wikipedia.
El hecho de que el área en cuestión está zonificada en Quilmes como Parque Natural y Reserva Ecológica agrava el despropósito representado por el negocio inmobiliario propuesto. Avellaneda había hecho pública su intención de proteger el área como reserva natural en 2004, incluso a través de los mismos funcionarios actuales. Un cambio de rumbo tan abrupto parecería desafiar toda racionalidad. Pero en todo caso exige un análisis que nunca se demostró y una discusión que nunca se dio. En Quilmes funcionarios del área ambiental se prestaron a participar en un par de reuniones públicas al comienzo del proceso. Pero éstas sólo dejaron en claro que miembros de ONGs y otros participantes independientes tenían información y análisis más completos.
Desde un primer momento, profesionales independientes y algunas ONGs señalaron que no existía un proyecto elaborado, y que por lo mismo tampoco se había realizado la evaluación de su impacto ambiental. Un documento presentado como tal era apenas una línea de base no exenta de defectos. Esto fue siempre negado o ignorado por las administraciones municipales, hasta que fue ratificado oficialmente tres años más tarde, en marzo de 2011, por la Dirección de Evaluación Ambiental de la Provincia.
Reacciones: Vida después del power point
En Quilmes el Ejecutivo Municipal no ha conseguido obtener la aprobación del Concejo Deliberante para urbanizar la costa que el mismo Concejo declaró área protegida en 2002. El negocio inmobiliario de Techint también ha encontrado cuestionamientos en varias áreas de la administración provincial. En Ordenamiento Urbano y Territorial criticaron aspectos de fondo y hasta detalles específicos como la aplicación injustificada de un FOT máximo que eliminaría límites a la edificación en altura. En el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) funcionarios del área de recursos naturales se pronunciaron a favor de declarar la zona dentro de alguna categoría de área o paisaje protegido, y la Dirección de Evaluación Ambiental reconoció que la evaluación ambiental nunca se realizó. Asimismo, el proceso de elaboración de la ley provincial de bosques nativos, una obligación de la Provincia de acuerdo con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, le está dando la prioridad que amerita a la protección del bosque ribereño, por lo cual el área en cuestión deberá ser protegida. De hecho ya lo es, ya que la Ley 26.331 impide desde 2007 cualquier cambio de uso del suelo sobre estas áreas con anterioridad al ordenamiento provincial.
Pero la lección más positiva del caso Nueva Costa del Plata ha sido la demostración de la capacidad de influir en este tipo de procesos por parte de la gente y las organizaciones de la comunidad. Esto a pesar de la pobreza e ineficiencia de los mecanismos de participación existentes. Organizaciones populares de Quilmes realizan regularmente caminatas por el lugar para que la gente conozca el ecosistema que se está defendiendo. Se realizan actividades de difusión. Muchos medios locales han encontrado que las informaciones y análisis que sobre el tema proveen algunas ONGs son más confiables que las que provienen de ciertas fuentes oficiales, lo que facilita el acceso al público. Hay reuniones y trabajo en red permanentes. Se crean y fortalecen contactos que se aplican a problemáticas similares. Más de treinta organizaciones presentaron un proyecto de ley para declarar la zona Reserva Natural de Objetivos Mixtos de acuerdo con el marco legal provincial, varios legisladores lo promovieron en 2010 y deberá insistirse con este objetivo.
Hay una riqueza y capacidad de trabajo creativa de organizaciones sociales y ambientales que se desaprovecha en gran medida desde el Estado y de alguna forma desde la sociedad en general. Esto sucede porque estas fuerzas terminan aplicándose a conflictos que nunca debieron haber existido. Estos conflictos son productos de males que ya se señalaron. Nueva Costa del Plata es un reflejo de todos esos males.
Jorge Trevin, directivo de la Asociación Civil Ambiente Sur
