El pasado 14 de junio, de 9.00 a 18.30, en el Hotel Sheraton Libertador, CABA, la Unión Industrial para Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista (UISCUMARR) organizó la 2° Conferencia Ambiental.
Empresarios, referentes de ONGs y sindicatos, funcionarios nacionales y provinciales y especialistas internacionales se congregaron en la ciudad de Buenos Aires para participar del evento. El cambio climático y el saneamiento de las cuencas Matanza- Riachuelo fueron los ejes de discusión.
Las palabras de bienvenida de la Conferencia estuvieron a cargo de Aldo Espósito, presidente de UISCUMARR. “Es hora de tomar real conciencia sobre los efectos que está provocando el cambio climático. En nuestro país, tenemos un ejemplo fundamental respecto a la contribución que se está haciendo para paliar el efecto invernadero: el saneamiento del río Matanza – Riachuelo”, destacó.
El acto de apertura contó también con la participación del rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, quien resaltó la importancia de “jornadas como estas que nos permitan replantear y repensar qué soluciones podemos darle a nuestra Tierra. Debemos pasar de la filosofía y la buena intención a la práctica y la factibilidad”.
El primer panel trabajó sobre “El cambio climático”. Allí se destacó la exposición del reconocido economista y autor del libro “La Economía Azul”, Gunter Pauli. “Es urgente tomar las iniciativas necesarias para no generar efectos peores respecto al cambio climático. Debemos transformar lo biodegradable en reciclable, cambiar la industria química, tener más acción y sobre todo no dejar para mañana lo que podemos comenzar hoy”, sentenció.
Luego continuó con el panel sobre abordaje multisectorial, a cargo del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires, Jorge Elustondo, quien ratificó el trabajo en equipo en la materia con Nación y ciudad de Buenos Aires; Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, expuso los planes que existen a nivel nacional para mitigar esta problemática; Carlos Alberto Accaputo, responsable de la Pastoral Social de Buenos Aires, brindó su visión como representante eclesiástico basándose en la Encíclica Laudato Si escrita por el Papa Francisco. “El planteo ecológico es también social. Tenemos que sentirnos parte del cambio para gozar de un ambiente más sano”, concluyó.
El cierre estuvo a cargo de Marcelo Taboada, presidente del departamento de Ambiente de UISCUMARR quien habló sobre las normativas internacionales que existen para paliar los efectos del cambio climático.
El segundo panel: Experiencias del Matanza – Riachuelo y Ganges
En este panel abrió la presidenta de ACUMAR, Gladys González: “Mi optimismo está fundado en la convicción de que la Cuenca Matanza Riachuelo se puede sanear. Si todos tuviéramos que ponernos de acuerdo sobre el diagnostico sería bastante fácil: la Cuenca Matanza Riachuelo es sin duda una de las deudas ambientales más importantes de nuestro país. Y es el reflejo claro del fracaso de la política”.
“En esta mesa nos acompaña el juez Jorge Rodríguez, como también Sergio torres que es uno de los jueces de ejecución. La intervención de la justicia, como también se está haciendo en el Ganges es una prueba de que la política fracaso. Y si bien hoy trabajamos con el poder judicial de la mano cada uno cumpliendo con su deber y con su rol bien distinto, la necesidad es primero de los propios vecinos, porque fueron ellos quienes empujaron esta iniciativa y luego, la intervención de la corte suprema de justicia. Este fracaso que uno lo ve desde un dato objetivo constitucional la verdad que se ve de manera mucho más clara y mucho más terrible cuando camina la cuenca, los asentamientos, los pasillos de las villas. Nosotros tenemos 1.600.000 personas en la cuenca viviendo en villa y asentamientos. Cuando caminas esos pasillos y ves que la gente no tiene cloaca en este siglo, no tiene agua, ahí ves plasmado el absoluto fracaso de la política.”
“Nosotros tenemos en la cuenca 70% de contaminación porque no hay cloaca. Hay que empezar con esta cloaca que estamos haciendo con el plan director de AySA, una obra inédita que es el colector del margen izquierdo que va a permitir que todo lo que se colecta en la CABA deje de caer al rio y a su vez va a permitir la conexión a la cloaca de todo el conurbano”.
“Además tenemos un programa que estamos impulsando desde ACUMAR y tiene que ver con las conexiones intradomiciliarias. Hoy día hay parte del conurbano que tiene cloaca pero la gente no se conecta. Puede haber varios motivos: por un lado la falta de recursos económicos para hacer la conexión de cloaca y por otro lado el desconocimiento, la falta de educación. En esto se nos hace evidente en algunos barrios en los que hemos llevado la cloaca y el agua y debemos militar esa obra para que la gente entienda la importancia de conectarse. De dejar de tomar agua del pozo y que puedan tomar agua potable.”
“Hay un tercer tema que es importante en una cuenca que es la gestión de los residuos. Uno cuando recorre los barrios más carenciados claramente la pobreza es absolutamente estructural. Nuestra gente no tiene un ingreso que le permita tener una vida digna, no tiene agua ni cloaca y no pasa el camión de la basura, es el peor de los mundos. Además viven en una tierra contaminada, que por supuesto tiene que ver con otras épocas en donde el ambiente no estaba en agenda. En esto la responsabilidad primaria la tienen los municipios. ACUMAR invierte gran parte de su presupuesto en acompañar a los municipios en todo el proceso de limpieza. Entonces hoy estamos invirtiendo en la limpieza del espejo de agua que es nuestra responsabilidad, en la limpieza de los márgenes. Hay mucha población viviendo sobre los márgenes y si los municipios no garantizan una recolección eficiente de esos residuos esa basura termina en el rio. Si no hay un contenedor de manera permanente, ese contenedor lo prenden fuego y eso termina en el rio, en el arroyo, en nuestra cuenca”.
“Por lo tanto la exigencia que nosotros tenemos es que cada municipio presente su plan de gestión de residuos urbanos. Y nosotros lo acompañamos con la limpieza de márgenes y con un sistema de limpieza de micro basurales y puntos de arrojo. A su vez estamos llevando adelante con OPDS el cierre de basurales que para nosotros es muy importante, porque es la forma que tienen los distritos de resolver donde disponen la basura o ha sido históricamente. Estamos con la gobernadora María Eugenia Vidal cerrando basurales en la provincia y en la cuenca. Estamos ahora cerrando San Vicente, vamos a cerrar Cañuelas y Marcos Paz. Esos municipios lo que hacen es disponer la basura en el CEAMSE. En el CEAMSE, estamos con una idea de incorporar esa innovación y esa nueva tecnología que vemos que el mundo ya está incorporando.”
“ACUMAR no hace cloacas ni hace agua. Acumar lo que hace es articular las políticas con la secretaria de vivienda, con AySA, con ABSA, con la secretaria de hábitat cuando hacemos urbanización y tenemos que abrir calles para que pase el caño. Acumar lo que hace es articular, no ejecuta ese presupuesto. Nuestro gran desafío es que en un sistema como el nuestro que es federal, con cuatro niveles jurisdiccionales y 14 municipios, el gran desafío es la articulación, generar la gobernanza necesaria para poder avanzar, ese es el mayor de los desafíos que ha tenido esta autoridad de cuenca a lo largo de estos años”.
A su turno, Juan José Paladino, Coordinador Ejecutivo de Fiscalización Ambiental de OPDS afirmó “Hace 35 años atrás, el 50% de la contaminación de Matanza-Riachuelo era previsto de la falta de inversión en la obra pública de agua y cloaca, cosas elementales para una vida digna. Estamos haciendo esa lectura. Un Estado ausente, un Estado que no invertía en las cosas importantes. Mi idea es mostrar como la OPDS se inserta en las operaciones de ACUMAR y en la demanda judicial de la corte. La OPDS y la Autoridad Del Agua estuvieron muchos años ausentes en la cuenca por una estricta orden judicial. Desde fines de 2015 que venimos con la idea de involucrarnos.”
“En el tema de emisión es gaseosas, la provincia tiene una normativa que está cambiando y no sé si ya habrá firmado la gobernadora el decreto modificando el 333.196 que tiene 21 años, que nunca se retoco ni modifico. Ahora se espera que tenga cambios paradigmáticos para toda la provincia de Buenos Aires pero también para ACUMAR. Las emisiones gaseosas de la cuenca tienen otras particularidades en comparación con otros recursos. Los contaminantes atmosféricos entran y salen de la cuenca. Es un tema más global que no se origina solamente en la cuenca y queda ahí. Sale y entra a la cuenca según las condiciones meteorológicas. Estas modificaciones de la norma han sido trabajadas con todos los organismos: ACUMAR, Nación, entidades no gubernamentales, especialistas, universidades, centros de investigación, las cámaras empresarias, la unión industrial argentina, la unión industrial de la PBA. Es consolidar una norma, consensuada en buena parte de ella que nos va a dar un sistema distinto. Nosotros estamos pensando en un sistema de control de las emisiones a la atmosfera distinto al que hacemos en la actualidad. Vamos a controlar a las empresas no a todas, pero si en casos paradigmáticos, con empresas contaminantes, empresas que han sido denunciadas por los vecinos. Los municipios tienen una responsabilidad ahí importante sobre el tema regulando las fuentes móviles que tienen un proceso de contaminación muy fuerte. En la ciudad es tal vez mucho más fuerte que la implicancia industrial. Así que en ese camino estamos trabajando junto con los municipios y ACUMAR”.
“Con respecto al tema de los residuos sólidos urbanos, la provincia tiene una política de erradicación de los basurales a cielo abierto. Lo estamos haciendo en el interior. Los municipios tienen responsabilidad y estamos exigiéndoles en plazos realmente perentorios la presentación de su sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos. Así que creo que también en poco tiempo vamos a tener un camino bastante allanado ahí. Y también estamos trabajando el tema de pasivos ambientales. Tenemos varios pasivos en la cuenca y estamos trabajando allí, también con la participación de ACUMAR.”
“En ese sentido estamos buscando algunos cambios sobre todo en la parte alta de la cuenca. Hay una resolución, la 32017 sobre envases químicos, y estamos poniendo en marcha que los responsables de la generación de este tipo de envase deben presentar su plan de gestión en la PBA”.
“La ley es la ley, la ley es clara y nosotros no vamos a dejar haber ninguna limitación al momento de establecerla. Esta es la séptima ley de presupuestos mínimos que sale desde el 2009 a la fecha. Una sola está reglamentada. Así que no vamos a esperar la reglamentación nacional y vamos a trabajar arduamente para poder encausar este tipo de problemáticas que en el interior de la provincia es muy importante”.
“Son muchas las cosas comunes que tenemos con ACUMAR. El desafío es si podemos sostenerlo en el tiempo, si podemos sostener este trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones. También es cierto que la coincidencia política de los distritos más importantes: CABA, PBA y Nación ayudan mucho en esa conjunción. Y si somos capaces de poner un paraguas a las diferencias políticas que puedan venir en el futuro habremos dado un paso muy importante para mejorar la calidad de vida de la gente.”
Luego, Jorge Rodríguez, juez federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, realizó un balance de los logros conseguidos hasta el momento y las cuentas pendientes: “En varios momentos se habló de la presencia del poder judicial en esta sentencia. Es una sentencia que es para elogiar porque ha sido una ley que ha puesto un punto de inflexión en el mundo. Ponderada por prácticamente todo Sudamérica y también Estados Unidos y hoy teníamos la posibilidad de hablar con gente de la India donde ellos también impulsaron hace bastante tiempo algo parecido”.
“La corte, de alguna forma, condeno a la Nación, la Provincia y a la ciudad por contaminación. Uno de los primeros objetivos fue fijar que debía mejorarse la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Fíjense como la justicia puede insertarse desde otro punto de vista dentro de lo que es la gestión del poder político. Al principio fue resistido, pero de a poco se empezó a trabajar las bondades de esta intromisión. En realidad, la corte estaba dando a cada uno lo suyo según la definición de justicia. Estaba preocupándose para que se mejore la calidad de vida que fue realmente devastada”.
“Qué pasa cuando un intendente, por ejemplo no cumple con algunas medidas por colores políticos o porque a lo mejor es una confusión. Allí la justicia tiene que asegurar la política de estado y es lo que está haciendo. Es lo que debe hacer, asegurar la política de estado sin perjuicio del color político que sea”.
“También quisiera dedicar un espacio al tema de la salud, donde se está trabajando fuertemente. Siempre hay deudas porque mientras tengamos un contaminado es injusto y hay que escucharlo y ver su problema, pero se ha avanzado muchísimo. Se están por terminar 3 unidades específicas y el hospital de Cañuelas tímidamente ya está funcionando y alberga los problemas de 5 municipios de la cuenca alta”.
“Mientras tengamos una familia sin relocalizar nos falta, estamos en deuda. Pero también quiero decir que hay un montón de cosas que se están haciendo y soy optimista, también tengo esperanza”.
El tercer panel convocó a representantes de ONGs y sindicatos. Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, se enfocó en las medidas pendientes: “En nuestro rol como organizaciones no gubernamentales, hemos atravesado un proceso largo. Nosotros estamos trabajando desde el año 2000. Junto con el Defensor del Pueblo y otras ONG promovimos un informe. Fue el primer informe Defensor del Pueblo, cuando estaba nombrado, en el 2002 y 2005 también. Después no sumamos a la causa Mendoza, estuvimos como accionantes como terceros interesados. Atravesamos todo ese proceso y al final la corte nos citó a 5 ONG y al Defensor del Pueblo para ocupar un rol que es el de controlar y promover la participación ciudadana”.
“Pero después en la ejecución de la sentencia donde no existen los fiscales, el Ministerio publico donde misteriosamente hizo una pirueta y se salió del caso, nos entregaron la posibilidad de ser la contraparte. Como una suerte de monitoreo de contralor del cumplimiento de la sentencia. Ese conjunto de temas nos coloca en esta situación. Esta es la cuestión que tenemos hoy en frente, cuando además, quien lidera ese organismo, que es el Defensor del Pueblo, que no está nombrado hace años, la corte le da el caso solo a las ONG y nos ha dado este rol. Tenemos todo ese cumulo de cosas que hacer y nadie, nos soporta ningún recurso para hacerlo. Tenemos que hacerlo, como trabajo voluntario en principio o pidiéndole a otros financiadores que financian otros temas, que nos den una parte para poder trabajar en este tema”.
“¿En qué avanzo este proceso? Primero, que está en la agenda pública, hoy hablamos del Riachuelo. No tienen la misma suerte el Reconquista ni el Luján, ni el arroyo El Gato, ni el San Francisco. En segundo lugar se creó la ACUMAR, no es un tema menor. A un país federal no le resulta fácil crear organismos compartidos, donde todos se sientan en una mesa y se toman decisiones de conjunto. Señalaba el representante de la OPDS que por mandato judicial la provincia no intervenía, error. El mandato judicial era que la provincia se integrara al organismo de cuenca y no se integró hasta ahora. Y es muy poco lo que ha hecho la Provincia de Buenos Aires, lo digo seriamente. En la última audiencia, el 30 de noviembre, la PBA exhibió como máximo logro haber realizado la reconversión del polo petroquímico de dock sud. Esa reconversión lo que hacía era beneficiar un puerto, dejaron gente viviendo adentro de un polo industrial y nadie se ocupa de la ella. Es decir que cuando exhibimos logros queremos saber que estamos haciendo”.
“Se avanzó también en la limpieza del camino de sirga, la construcción del borde de sirga, se iniciaron las relocalizaciones y se avanzó poco pero se iniciaron esas relocalizaciones. Hay 17770 soluciones habitacionales que se prometieron. De esas soluciones habitacionales, que significan muchas cosas, entre ellas, hacer una casa, poner una puerta, construir una habitación, etc., se ha avanzado en un 15%. Pero de las personas que están en el borde de sirga, las 1800 que están en los 35 metros de curso principal del Riachuelo, se han relocalizado aproximadamente a 460 familias. Resta la parte más importante, la parte cuesta arriba que es la villa 21-24 en la capital. Allí el problema no es construir viviendas, sino decidir con los vecinos donde van a vivir. Porque a los vecinos no se los puede sacar de un lugar y llevarlos 30, 40 kilómetros en otra dirección, sino en las proximidades donde tiene sus afectos, donde sus chicos van al colegio. Es complicado y costoso y en ese sentido queda mucho por hacer”.
“También se avanzó en lo que es la limpieza del borde del rio y en ese sentido la CABA incluso tiene un plan, ha logrado incorporar en sus políticas publicas la limpieza del Riachuelo por el agua. Porque la gente que no tiene acceso a esa limpieza termina tirando la basura en el Riachuelo”.
“Lo importante es que el saneamiento del Riachuelo pueda transformarse en una política de estado. La cuenca atraviesa una jurisdicción compartida donde hay que tomar decisiones para el largo plazo. Nadie se va adjudicar el haber saneado el Riachuelo, es un esfuerzo conjunto, generacional donde todos tenemos que colaborar y sumar, por eso mismo hay que mirarlo como política de estado, como se deben mirar los problemas de seguridad o de educación, son los mismos temas, los mismos problemas y los mismos afectados: la gente de menores recursos”.
“Estos esfuerzos que realiza UISCUMARR son importantísimos, porque traen a todos los que están metidos en el tema a discutir y ver qué pueden aportar. Son parte del problema, dentro de lo que son las 6000 industrias que tienen afluentes en la cuenca, de los cuales hoy 900 son agentes contaminantes. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos? Qué les parece la resolución de agua que ha sancionado la ACUMAR. Nosotros hemos batallado 6 años por esa resolución de vertidos, porque es muy importante para el control industrial. El río debe contar con una legislación adecuada para controlar los vertidos. Porque de nada nos sirve tener una legislación que no sea adecuada para controlar los vertidos porque si la resolución no es adecuada no vamos a poder hacer una reconversión de todas las industrias y la cuenca va a seguir contaminada. Por eso nuestras críticas a la resolución porque habría contaminantes que están integrados dentro de lo que son la convención de contaminantes orgánicos persistentes que están prohibidos a nivel internacional y Argentina adhirió a esa convención. Porque los plazos son largos y la definición central para controlar las cargas del Riachuelo es definir la carga másica, es decir, cuanto le vamos a poder tirar de contaminantes a un río que es un estanque”.
“Tenemos que encontrar la legislación que le sirve a ese río para ayudarle. Porque estamos haciendo un esfuerzo enorme, tenemos un organismo que tiene 900 empleados, que es la ACUMAR, que gasta más de 450.000.000 de pesos por año y el Reconquista tiene derecho a preguntarle “¿Y para mí que hay?”. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué tardamos 7 años en reformar la normativa de vertidos y no avanzamos con eso? Bueno, habrá que preguntarse cuáles son los intereses que impiden el avance de la reforma de la solución de vertidos”.
“Preguntémonos cuanto nos sale el saneamiento del riachuelo y por qué no le damos continuidad a las políticas. Pongamos al Riachuelo por encima, establezcámoslo como una política de estado. Hagamos un acuerdo social en ese sentido. Nosotros como organizaciones no gubernamentales somos los que más queremos el saneamiento. Nos gustaría tener éxito en este tema.”
Luego, Manuel Abajas Rodríguez, representante del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGABATOS), explicó “El riachuelo esta así por 197 años de corrupción, de no cumplimiento de normas. Tenemos que ser muy cautos de no ponernos afuera del problema, debemos ser responsables de nuestras acciones y omisiones, cada uno en el rol que le ha tocado. Entonces, luego de esos 197 años de incumplimiento, bendito que la corte dictó este fallo, porque si no estaríamos discutiendo consultorías y cosas que no se hacen y se están haciendo, y ya vemos el camino casi de la finalización de estas obras que van a cambiar la faz del Riachuelo”.
“La presidente de la ACUMAR menciono que están en situación precaria 1.700.000 personas en la cuenca, eso equivale a la provincia de Córdoba, tengamos en cuenta que la exclusión es un crimen. La exclusión es un crimen, es inmoral, es considerar a otros seres humanos como descartes, eso no debe ocurrir.”
Guillermo Marchesi, referente de la Fundación Expoterra, planteó “Hace 9 años la corte dictó la sentencia. Lo que nosotros hemos observado desde lo más académico es que lo que ha ocurrido se inserta dentro de lo que llamamos “procesos de reforma estructural” o “litigios de reforma estructural”. Básicamente son una especie de proceso colectivo. Pero digo una especie de proceso colectivo porque este tiene aparte una particularidad y es que la resolución que se adopta ataca directamente estructuras burocráticas de otro poder. En el caso de la causa Mendoza, la corte dictó una sentencia estructural que se entrometió en facultades propias del poder ejecutivo. Este tipo de resoluciones implica una situación absolutamente compleja porque es un poder de estado dándole ciertas órdenes a otro a partir de una acción judicial. Al menos en nuestro país, no hay normas procesales que digan cómo debe llevarse adelante el proceso. Todo esto lo cuento para que nos demos cuenta de la complejidad en la que estamos metidos. En ninguna causa judicial o casi ninguna son protagonistas esta cantidad diversa de actores trabajando con distintos roles. Si ustedes van a buscar donde dice que debe hacer cada uno, no lo van a encontrar. Por eso es interesante esta estructura compleja”.
“Entonces, en este tipo de procesos estructurales nos encontramos con dos problemas: uno político y otro procedimental. Lo política tiene que ver con el poder judicial en este caso entrometiéndose en cuestiones administrativas y del poder ejecutivo. Lo procedimental es que no tenemos formula.”
“Ahora, pasaron 9 años, pasaron un montón de cosas, un montón de funcionarios, un montón de planes, de ideas que podrán ser más o menos innovadoras. Pero desde el punto de vista procesal, seguimos igual que antes. Es decir, no tenemos norma de procedimiento. No tener una norma de procedimiento finalmente atenta contra las reglas claras para todos. Es decir, si no tenemos al menos normas (no digo de presupuestos mínimos), sino normas básicas que establezcan pautas concretas para el funcionamiento de cada uno de los actores donde se entremezclan y se superponen funciones, la cuestión es muy compleja”.
“Si este es el camino a seguir para resolver cuestiones de este tipo, necesariamente requerimos de una norma ¿Por qué? Las decisiones en los litigios estructurales de este estilo, para que sean eficaces requieren de un trabajo unificado y pormenorizado de la justicia, un cumplimiento acabado por parte del estado que es el destinatario de la resolución y un trabajo mancomunado de las ONG y los organismos del tercer sector. Entonces, si no tenemos una norma que regule y pueda ser aplicada en un futuro, probablemente siempre veamos a la causa Mendoza como el único caso que tengamos en el país.”
Por su parte, Fernando Cruz Molina, coordinador Programa AIDIS- Autoridad del Agua, detalló el programa que tiene la organización para mejorar la calidad de los recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires.
El cuarto panel fue integrado por referentes de las cámaras empresarias. Claudio Terres, presidente del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA, señaló que las problemáticas ambientales están en la agenda pública, pero no así en la dinámica de las pymes. “Les falta información, capacitación y nosotros trabajamos para cambiar eso. Es necesario promover la participación y colaborar con la reconversión de las empresas”.
El último panel versó sobre la visión jurídico- ambiental. Fernando Barrionuevo, investigador MC Mehta Environmental Foundation (India), expuso sobre la importancia de generar nuevos conocimientos para hacer frente a la problemática ambiental. “Los problemas son globales y las soluciones también deben ser globales y requieren la necesidad de construir marcos conceptuales políticos nuevos”, sostuvo. María Rosa Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, analizó los acuerdos internacionales en la materia y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y luego expuso el invitado internacional, Mahest Chandra Mehta instó a todos los actores sociales a actuar para cuidar el medio ambiente. “El medio ambiente es una cosa viva, la tierra tiene una vida, tenemos que cambiar este modelo que está llevando a la destrucción de la humanidad, tenemos que respetar al agua”, interpeló Mehta.
