POR FACU
NDO VILLAR, DIRECTOR DE CONTENIDOS FUNDACION METROPOLITANA
El pasado 5 de julio se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación la sanción del “Régimen de integración socio-urbano y la ”, una ley para comenzar el proceso de urbanización de la totalidad de los barrios populares del país. El proyecto surge de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto a distintas organizaciones sociales; la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Techo, Barrios de Pie y Caritas Argentina, entre otras.
Para cumplir su objetivo, el proyecto declara de utilidad pública las tierras en donde se asientan los barrios populares del país. Plantea la expropiación de las tierras privadas, provinciales y municipales, que pasarán al estado nacional para luego ser entregadas a sus ocupantes. A partir de la regularización de los territorios, propone trabajar en subsanar necesidades básicas insatisfechas a través de la realización de obras de integración urbana.
Por otro lado, legisladores de la oposición manifiestan sus dudas respecto de la veracidad de este proyecto en términos de disponibilidad presupuestaria para su ejecución, ya que en el corto plazo aprieta la crisis económica.
El proyecto surge de la tarea que comenzaron en 2016 organizaciones sociales junto al gobierno, dejando como resultado el primer Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El relevamiento ha dado información oficial, inexistente hasta el momento, que da cuenta de las particularidades territoriales, dimensiones problemáticas y dinámica de crecimiento de estos barrios.
El RENABAP arrojó la existencia de más de 4300 barrios en situación de precariedad, que cubren una superficie de 415,5 km2 a lo largo del país, y en donde viven más de 4 millones de personas. En el registro figuran “aquellos barrios populares que se encuentran integrados con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos”.
Los datos del RENABAP indican una triplicación de estos asentamientos en las últimas dos décadas a lo largo de todo el país. Esta situación que se puede explicar por múltiples factores, entre ellos: las condiciones de informalidad en el empleo, imposibilidad de acceso al mercado laboral de un sector de la sociedad -pobreza estructural-, y carencias en el acceso al hábitat por la ausencia de políticas habitacionales de gran escala en el mediano y largo plazo en las últimas décadas.
De un tiempo a esta parte, los desarrolladores inmobiliarios se han constituido en los principales actores que producen y modelan la ciudad, dejando como resultado profundos efectos negativos en términos territoriales y sociales. Ciertas áreas urbanas se revalorizan a partir de inversiones privadas tornando imposible el acceso a la vivienda a los sectores más postergados, este proceso de gentrificación resulta una constante. La ciudad se convierte en mercancía, y el derecho a la misma se concentra y restringe cada vez más a los intereses de una minoría.
Dentro de este panorama, la región más poblada de barrios populares es la Provincia de Buenos Aires, que contiene 1656 asentamientos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires hay 1340, localizándose 1284 en los 40 Municipios de la PBA y 56 en la CABA.
Un estudio de 2010 del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento afirma que los territorios ocupados por las urbanizaciones cerradas constituían más de 500 km2, dos veces y medio el territorio de la CABA, y en donde viven alrededor de 250 mil personas. En contraste, el territorio ocupado por los barrios populares en Buenos Aires representa una superficie de 65 km2 (un tercio de la superficie de la CABA), conteniendo más de 1 millón de personas.
El proyecto que se votó en Diputados es el inicio de un camino para comenzar a corregir estas desigualdades, pero mientras no se planifique el uso del suelo, la marginalidad y la crisis habitacional seguirán reproduciéndose.
El proceso de integración urbana debe llevarse a cabo en un marco de coordinación y articulación entre los distintos organismos nacionales, provinciales, municipales, organizaciones sociales, universidades, asociaciones profesionales y entidades públicas o privadas afines, para que el abordaje de las problemáticas estructurales del territorio sea participativa.
La integración de los barrios populares con el resto de la ciudad no debe ser sólo urbanística. No alcanza con el espacio público, las conexiones a servicios básicos, el acceso a la salud, la educación y el transporte público de calidad, entre otras cosas. La integración también debe ser socio económica. Debemos pensar como integramos a las clases más desfavorecidas al mundo del trabajo, a la economía formal y la universidad para que puedan vivir en condiciones dignas con una efectiva y sostenible integración económica. Respetando su identidad cultural, costumbres y sentido de pertenencia.
Estamos ante una buena iniciativa, pero debemos pensar el mediano y largo plazo para reparar las actuales desigualdades y que no se reproduzcan nuevamente.
