El Instituto de la Vivienda de la Ciudad es el Organismo estatal responsable de las políticas habitacionales que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El problema habitacional abarca enormes complejidades, desde la integración de los barrios informales y el déficit habitacional, hasta el difícil acceso a la vivienda propia para la clase media trabajadora. El IVC lleva adelante políticas públicas que intentan responder estas demandas sociales, trabajando coordinadamente con otras carteras del gobierno de la ciudad, con instancias estatales superiores, con empresas y organizaciones sociales.
Fundación Metropolitana pudo dialogar al respecto con el Presidente de dicho organismo, acerca de la gestión del IVC en general y los procesos de integración social y urbana de los Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Juan Maquieyra es Licenciado en Ciencias Políticas por la UCA con un posgrado en Políticas Públicas en Harvard. Actualmente se desempeña como Presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Fundación Metropolitana: ¿Cuáles son las principales dificultades de la integración social y urbana de las villas?
Juan Maquieyra: Nosotros tenemos un enfoque que tiene 3 partes: una es garantizar el acceso a una vivienda adecuada, por otro lado la integración urbana que tiene que ver con que no solamente tengas una casa adecuada, sino que también tengas acceso al transporte público, a que entre una ambulancia, la policía, a todos los servicios básicos. Y la tercera parte es la integración socioeconómica, que tiene que ver con la salud, el trabajo, que generemos un camino para que la gente pueda tener trabajo dentro del barrio, o cerca del barrio.
La mirada no es hablar de urbanización sino de integración, en ese marco se trata de estos tres pilares atravesados por un proceso participativo, que me parece lo más característico que estamos liderando en el Instituto. Tanto la mejora del barrio actual, como la construcción de lo nuevo intentamos que sea colectiva. Nosotros hemos pasado por los barrios, luego del consenso de la Legislatura las leyes de urbanización, las licitaciones también las hemos armado con los vecinos, la apertura de calles también la votan los vecinos. Ese proceso es fundamental para que después sea sustentable cualquier proyecto.
Creo que lo más difícil es trabajar a fondo. Integración urbana es cruzar una serie de variables para ver por ejemplo, cuánto caminás para llegar a tu trabajo, y eso es algo que se puede pensar con relativa facilidad. Lo que nadie sabe bien cómo se logra es la integración socioeconómica de los barrios. La principal dificultad es encontrar una metodología para generar trabajo que permita a las familias llegar a fin de mes y ahorrar, es una pregunta que no creo que nadie haya respondido bien en la Argentina.
FM: Además es una tarea que le escapa al IVC…
JM: Sí, nosotros trabajamos con todos los Ministerios y trabajamos de modo integral, no es q
ue dividimos el IVC solo se encarga de las casas y no hacemos las otras tareas. Nosotros creemos que representamos al Estado y tenemos que tener una mirada integral y ocuparnos de todo. Y en ese camino es donde más preguntas tenemos, acerca de cómo lograr trabajo de calidad en los barrios. Sea para gente que ya tiene algún emprendimiento, una verdulería, una carnicería lo que sea, como para el que no lo tiene.
FM: ¿Qué pensás de las iniciativas de economía popular como cooperativas o incubadoras de proyectos en barrios populares? Como por ejemplo la incubadora de empresas de La Corporación Buenos Aires Sur.
JM: Creo que son buenas. Creo que tenemos que pensar que iniciativas pueden tener escala, que es lo más difícil. Incubar 10, 15 o 20 empresas claramente ayuda y hay que ver como avanzamos en esa línea, la pregunta es cómo hacer que 1000 emprendimientos puedan florecer y desarrollarse en los barrios. Eso tiene que ver con cambiar la regulación por la cual se pueden habilitar emprendimientos en los barrios, abrir línea de créditos muy flexibles, que el Estado pueda comprarle a los productos a los emprendedores de los barrios o a cooperativas con más facilidad de lo que lo hace ahora. También reconsiderar el espacio público y que los vecinos de los barrios puedan ofrecer su producto al resto de la ciudad, no solamente dentro del mismo barrio, etc. Estos lineamientos estamos empezando a intuir que son una política de integración socioeconómica más robusta.
FM: ¿Cuál es el estado de las urbanizaciones, con qué plazos cuentan?
JM: Nosotros tenemos 7 proyectos de integración: Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Barrio 20, relocalizar a todas las familias que están viviendo en Camino de Sirga, a la ladera del Riachuelo, en el marco de la Causa ACUMAR, Barrio Lamadrid, Ramón Carrillo y empezamos hace poco el proceso en la 1-11-14.
En Rodrigo Bueno estamos construyendo casi 600 viviendas nuevas, abriendo 3 calles y generando una plaza, un centro cultural, un centro comunitario, una feria gastronómica, un vivero social, pensando en ese mapa y haciendo toda la infraestructura nueva del barrio. La vivienda nueva, va a estar para junio del año 2019. Para fin de 2018 ya queremos abrir las calles y probablemente para el 2020 ya hayamos terminado con el mejoramiento de todo el barrio.
En el Playón de Chacari
ta es muy parecido el proceso y los avances y plazos que esperamos cumplir. Queremos terminar las viviendas y la infraestructura definitiva. Para la mitad del año que viene la apertura de calles y en 2020 terminar con todos los mejoramientos.
En el barrio 20 tenemos proyectado construir 1.700 viviendas que van a estar terminadas en 2020. En ACUMAR, la idea es tratar de cerrar el 2019 habiendo mudado a todas las familias que están viviendo en la vera del Riachuelo, que son alrededor de 100.000.
FM: ¿Tienen algún protocolo para el desalojo de las familias?
JM: Hay un protocolo, quizás no tiene el nombre de “protocolo”, pero estamos documentando desde el IVC todo lo que se hizo, por ejemplo en la Villa 26 que es la primera mudanza que hicimos desde que empezó nuestra gestión en el IVC. Ya mudamos 2 conjuntos habitacionales y estamos trabajando en documentar la mudanza del Barrio Papa Francisco.
FM: ¿Las viviendas nuevas donde las hacen?
JM: Depende de dónde trabajemos. En Rodrigo Bueno y en el Playón de Chacarita las hacemos exactamente en el barrio o en las inmediaciones del barrio, en Barrio 20 también. En el Camino de Sirga hay que reubicar a los vecinos. Hubo un caso que fue bastante lejos, que fue el de Lacarra. Como ya estaba comprado el terreno tuvimos que reubicar a las familias lejos del barrio, pero trabajamos con mucho acompañamiento y estuvo funcionando bastante bien. Después ya se mudaron familias a San Antonio, que es un conjunto habitacional que está cerca, a 20 cuadras, y después todo lo que estamos construyendo en general, está en un radio de 20 cuadras.
FM: Porque una de las dificultades de los procesos de urbanización es que las familias no se quieren ir lejos de donde ya están viviendo o trabajando…
JM: Nosotros trabajamos siempre con el concepto del arraigo. Es un concepto fundamental en el avance de estos procesos, respetar dónde la gente se acentó, cómo y por qué eligió crecer ahí. Cuando empezó nuestra gestión, todavía se estaba terminando de definir qué se iba a hacer con el Barrio Rodrigo Bueno y fuimos promotores de que se integrara exactamente donde estaba y no se trasladara a sus habitantes.
FM: Enfocándonos en la gestión en general del IVC ¿Qué planes tienen de vivienda social, de alquiler y compra?
JM: Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo: una que son los 7 proyectos de integración social y urbana, otra que es la rehabilitación de los conjuntos habitacionales y una tercera línea que tiene que ver con la promoción del acceso a la vivienda para la clase media, fundamentalmente a través de la compra o el alquiler. La primera línea es la que charlamos recién. La segunda línea tiene que ver con rehabilitar conjuntos habitacionales con una importante labor de mantenimiento y manejo de las emergencias. También tiene que ver con la rehabilitación habitacional de viviendas que requieren infraestructura definitiva como el Barrio Piedra Buena o Villa Soldati. Y finalmente, la consorcialización y la escrituración de todas las viviendas. Es un plan con vistas a más de 10 años con respecto a los 55 conjuntos habitacionales que tiene el IVC, 22 de ellos necesitan obra de infraestructura fuertemente. Estamos empezando con este proceso, con hincapié en este momento en el Barrio Piedra Buena sobre todo, pero en todos los conjuntos en general estamos trabajando en esta línea.
Luego, estamos trabajando en una Mesa de Alquileres para mejorar el acceso a la vivienda vía alquiler. El año pasado pudimos lograr que se apruebe la ley para que la comisión inmobiliaria y la gestoría de informes no la paguen los inquilinos. Tenemos una oficina de gestión gratuita acá en el IVC para que los inquilinos y propietarios que tengan problemas con el contrato de alquiler puedan resolver sus problemas. Y sobre la misma línea, el lunes pasado se la presentó al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, 14 propuestas que surgieron del consenso de inmobiliarias, inquilinos y propietarios, en una mesa de la cual también participaron organizaciones de la sociedad civil, como el CELS y ACIJ. En aproximadamente un mes, con el Jefe de Gobierno vamos a responder a esa mesa con una serie de propuestas concretas a las inquietudes y necesidades que surgen en ella. Serán distintas propuestas para mejorar la manera en que se alquila en la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, con respecto al tema de la compra estamos trabajando con el Banco Ciudad en reformar el Plan Primera Casa Buenos Aires con el objetivo de hacerlo más flexible y más atractivo para los vecinos. Estamos trabajando también con el gobierno nacional para potenciar el plan PRO.CRE.AR y el PRO.CRE.AR. Ahorro Joven en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos avanzando muy bien en la preventa, selección y adjudicación de los departamentos de la Villa Olímpica, la Estación S.A. y la Estación Buenos Aires.
FM: ¿Tienen alguna serie de indicadores que mida los resultados de los planes habitacionales?
JM: Armamos el Observatorio de la Ciudad, dentro del Instituto para poder analizar esos indicadores. El objetivo es medir el resultado, pero más que nada el impacto de estos planes que llevamos a cabo. En general, en algunas políticas públicas de Argentina se han medido el resultado que tienen y no el impacto en la vida de sus habitantes. La idea es poder avanzar en medir ambas cosas. Estamos trabajando para ello con la UCA y con la New School de Estados Unidos para generar indicadores sobre este tema. La UCA más específicamente está trabajando con nosotros en un estudio de nuestro trabajo en el Barrio Rodrigo Bueno. Son estudios e indicadores que hoy en día todavía no 
son públicos, pero estamos trabajando en ello y los estamos desarrollando.
FM: ¿Qué va a pasar con la evolución del precio de los créditos UVA en los planes de crédito hipotecario que tiene el IVC?
JM: El problema del dólar está más relacionado con el precio de las propiedades y no tanto con los créditos UVA, tanto con los que nosotros ofrecemos como los que ofrece el mercado ¿Por qué? Porque una propiedad que antes salía u$100.000 y equivalía a un millón y medio de pesos, hoy son 2 millones y medio de pesos. En eso estamos trabajando tanto nosotros como el gobierno nacional para aumentar el monto de los préstamos, de manera tal que permitan adquirir una propiedad frente a esta nueva realidad. Lo que pasa es que para el que ya tiene un crédito UVA no es un gran problema, o bien es un problema similar al que tendría si hubiera seguido alquilando: pagaría la inflación en la cuota del crédito o en el precio del alquiler. En ese escenario, la UVA sigue siendo una buena alternativa, porque la cuota que se paga es similar al alquiler, y va subiendo en consonancia con los alquileres o menos. El año pasado la cuota de las UVA subió menos de lo que subieron los alquileres. El problema se presenta para los que aún no tienen un crédito y los que se ofrecen en la actualidad no alcanzan el valor de adquisición de una vivienda en dólares.
FM: ¿Tiene el IVC en la actualidad alguna política que se encargue de la redistribución de la plusvalía del suelo?
JM: No. Es algo que se está trabajando actualmente con el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, en la presentación de un proyecto de ley que va a estar en consonancia con la discusión del Nuevo Código Urbanístico. La idea es que se modifique el código y que a más constructividad, haya una Ley de Plusvalía que acompañe ese proceso. De modo que el sector publico capte la plusvalía del suelo y la redistribuya. Todavía no está definido ni el porcentaje que se tomará como plusvalía ni el mecanismo que se utilizará para la redistribución, son asuntos que deben ser discutidos por la Legislatura de la Ciudad, pero la idea es que ayude a financiar una política de vivienda cuyo objetivo principal es que en la Ciudad de Buenos Aires pueda vivir tanto el dueño de una empresa como un maestro o un policía. Esa es la nueva obsesión de la política de vivienda de la ciudad de Buenos Aires: que el laburante pueda comprar un departamento en la Ciudad. Para eso el Estado tiene que estar presente y tener un rol protagónico.
Entrevista: Gabriela Cévalo Boro
