Por Camila Lescano – Una de las cuestiones más presentes en el debate público desde el inicio de la pandemia es la resignificación del rol del Estado. En un contexto de alta incertidumbre se hace manifiesta una (re)valoración del rol que cumple la esfera estatal frente a situaciones críticas.
Sin dudas, el 2020 marcó el inicio de un cambio en nuestras formas de vivir y relacionarnos. Los efectos negativos del COVID-19, especialmente sobre la economía, han reforzado las desigualdades preexistentes. Frente a este escenario complejo, el Estado argentino desplegó un conjunto de medidas que no solamente buscaron cuidar la salud sino también los ingresos de la ciudadanía.
Cabe destacar que el diseño y la implementación de políticas públicas no son neutrales al género, es decir que, al tener impacto en la actividad económica, repercuten a su vez sobre las diversas brechas de género que ya existían. De esta manera, el objetivo de esta nota es enfatizar en aquellas políticas implementadas durante el 2020 que tienen efectos sobre las distintas brechas (de ingresos, de tiempo, de inserción laboral, de violencia, de cuidados, entre otras) haciendo hincapié en la importancia de las mismas en el marco de la emergencia sanitaria. Por último, nos preguntamos ¿Cómo es la agenda de género 2021? ¿Cuáles son nuestras próximas fronteras?
El alcance del enfoque de género en las políticas públicas
El camino hacia una nueva perspectiva de género en nuestro país comenzó en diciembre del 2019, cuando el presidente Alberto Fernández a través del Decreto 15/2019 designó a la abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta como la nueva ministra del “Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”, algo inédito en Argentina. A partir de este momento se hace manifiesta la toma de posición por parte del Estado frente a una cuestión que moviliza a diferentes actores de la sociedad civil.
Analizando las diferentes medidas que los países han tomado para mitigar los efectos de la pandemia, el documento ‘Covid-19 Global Gender Response Tracker’, realizado por el PNUD y ONU Mujeres, destaca que Argentina es uno de los países líderes en políticas de género para enfrentar el impacto del Covid-19. El estudio analizó las políticas con perspectiva de género en 3 áreas: aquellas que abordan la violencia contra las mujeres y niñas, las que fortalecen la seguridad económica de la población femenina y aquellas referidas a las tareas de cuidados. En el caso de Argentina, el informe destacó las 44 medidas adoptadas en respuestas a la situación ante la pandemia, de las cuales 26 son “sensibles al género”. De estas, 13 corresponden a políticas específicas contra las violencias por motivos de género, 8 destinadas a la seguridad económica de las mujeres y diversidades, y 5 vinculadas a la economía del cuidado.
IFE, AUH/AUE y Tarjeta Alimentar
Entre las medidas se puede mencionar, en primer lugar, al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que, si bien no es una política de género específica, impacta en las desigualdades estructurales de la sociedad. Tiene como población objetivo a las personas que, producto de la pandemia y las medidas sanitarias implementadas, se ven privadas de generar ingresos, así como también es un refuerzo para los sectores más vulnerables de la sociedad. De acuerdo con un Informe del Ministerio de Economía, la Secretaría de Política Económica y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, las mujeres representan el 55,7% de las personas beneficiarias.
Ahora bien, ¿por qué el IFE contribuye a cerrar brechas de ingresos entre varones y mujeres? En principio, porque es una medida destinada a la población informal, donde la brecha de ingresos entre varones y mujeres es mayor. Además, esta política tiene efectos sobre las trabajadoras dedicadas al servicio doméstico, la principal ocupación de mujeres en Argentina. Ante las medidas dispuestas a partir del ASPO, la gran mayoría de estas trabajadoras han perdido la posibilidad de realizar sus labores y, con ello, sus ingresos. Por lo tanto, los efectos de la pandemia en este sector tienen fuertes repercusiones en las mujeres dado que, aproximadamente, 1 de cada 5 trabajadoras desarrollan esta ocupación, y como la vulnerabilidad de este sector es tan grande, el IFE tuvo en cuenta también a quienes trabajan en casas particulares.
Otra medida importante fueron los bonos complementarios a la AUH y AUE. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas que reciben estas asignaciones son mujeres, y que están en los deciles más bajos de ingresos, estas políticas contribuyeron a cerrar brechas y permitieron el acceso al dinero propiciando la autonomía económica.
Además, la Tarjeta Alimentar y su refuerzo monetario que forman parte del Plan Argentina contra el Hambre, diseñado para mejorar la cobertura alimentaria en los hogares de menores ingresos, debió cerrar brechas de ingresos, tanto por su focalización como por el diseño de la política.
Las medidas desde el MMGyD
En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad apuntó a fortalecer la asistencia integral para situaciones de violencia de género. Ante la posibilidad de un incremento de casos de violencia por motivos de género que las situaciones de aislamiento forzoso pudieran traer aparejadas, en primer lugar, se reforzó el equipo de atención y se crearon nuevos canales de comunicación con la Línea 144.
Otra de las medidas tomadas fue la intensificación de la articulación con los gobiernos provinciales, locales y con organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer los hogares de protección integral.
Además, una decisión fundamental que da cuenta de la importancia de la articulación con diferentes sectores del Estado fue la gestión en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para incorporar 270 mujeres en situación de violencia al programa Hacemos Futuro, brindando asistencia a quienes más lo necesitan.
Una decisión importante en materia de violencia de género se hizo manifiesta a través del Programa Acompañar, que forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, el cual busca impulsar políticas públicas que garanticen a las personas y grupos más afectados por las violencias de genero desarrollar proyectos de vida autónomos.
Sabemos que estas medidas no son suficientes. Urge una reforma integral de la justicia, con perspectiva de género. Es necesario que haya un seguimiento de las denuncias, que exista un trabajo coordinado entre los municipios, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. No podemos dejar de exigir que la violencia por motivos de género sea un tema prioritario.
Aborto legal, seguro y gratuito
Finalizando el 2020, se hizo historia. Si bien la llegada del COVID- 19 pospuso el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo y la problemática se corrió de la agenda pública, seguía estando presente. De hecho, los problemas en torno al panorama del aborto en el país se profundizaron debido a las restricciones de circulación a las que obligó la pandemia. A pesar de las limitaciones para manifestarse en las calles producto de la pandemia, desde muchos sectores de la sociedad se seguía exigiendo que la interrupción voluntaria del embarazo sea un hecho en el 2020, que no se dilate su aprobación y que se cumpla la promesa de campaña electoral que había presentado Alberto Fernández en 2019.
El período de distanciamiento no implicó una desarticulación, sino todo lo contrario. La fuerza que caracterizaba las masivas manifestaciones en las calles pudo trasladarse en cierta medida a la virtualidad, y allí tanto la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como las agrupaciones y colectivos feministas inundaron las redes sociales ejerciendo presión para que el presidente incluyera en la agenda del Congreso el debate de la ley.
En noviembre del 2020 la democracia argentina asistió nuevamente al debate por la despenalización del aborto. Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Programa de los Mil Días para ser tratados en sesiones extraordinarias. En diciembre, con un acompañamiento masivo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto tras 20 horas de debate, se logró la media sanción y se dio el gran paso para convertirse en ley.
Finalizando el año, tras una extensa jornada de debates en el Senado de la Nación, con 38 votos a favor y 29 en contra, con una abstención y cuatro ausencias, pudimos afirmar con gran emoción que el aborto es legal en la Argentina. Una multitud se movilizó hacia el Congreso para acompañar el debate y esperar el resultado que llegó poco después de las 4 de la mañana del 30 de diciembre.
La despenalización del aborto es una conquista de la lucha feminista, y es sumamente importante para los sectores más vulnerables, donde hasta el momento las mujeres se veían obligadas a recurrir a la clandestinidad. La aprobación de esta ley significa también una disminución de la brecha de desigualdades sociales y de clase entre las mujeres, para que todas las personas gestantes sean dueñas de sus propios cuerpos.
Si bien se hizo manifiesta una política pública que prioriza y garantiza el acceso en condiciones salubres sin riesgos de por medio, este es el principio. El presidente promulgó las leyes de IVE y de los Mil Días, pero aún queda mucho por hacer. La etapa de garantizar el acceso al derecho en todo el territorio ha comenzado, por lo tanto, cuidar y hacer valer la ley será fundamental para que quien solicite un aborto no obtenga un trato indigno, para que haya presupuestos adecuados, formación permanente y para que no falten insumos.
¿Cómo sigue la agenda?
Muchas de las políticas que impulsó el Estado desde el principio de la pandemia fueron imprescindibles para contener una situación económica más grave. Sin embargo, aún existen sesgos en muchas otras medidas de política pública o en torno a cuáles son considerados sectores estratégicos para el desarrollo.
Durante el aislamiento aumenta la carga del trabajo doméstico no remunerado, además, gran parte de los trabajos esenciales están feminizados: enfermeras, maestras, trabajadoras de la industria alimenticia y responsables de comedores comunitarios, entre otros. Frente al cierre de las escuelas y de los espacios de cuidado y socialización de niñas/os y adolescentes, enfrentamos una recarga en las tareas cotidianas. Para muchas mujeres que deben continuar las tareas laborales desde sus hogares bajo la modalidad de teletrabajo, o que tienen que acudir al hospital o el comedor barrial, el cuidado hijos/as o ancianos/as es un elemento que dificulta la conciliación. Todas estas cuestiones constituyen desafíos centrales a la hora de llevar adelante políticas públicas.
Esta realidad muestra la necesidad de pensar instrumentos que contribuyan a revalorizar los trabajos de cuidados, esenciales no solo durante la pandemia. Es decir, entenderlos como un vector que atraviesa todos los demás sectores productivos y que, de ese modo, se vuelve también estratégico a la hora de mirar el futuro de la Argentina.
De aquí la importancia de diseñar estrategias que sirvan para romper las llamadas «paredes de cristal» que reproducen una estructura productiva asimétrica en donde los trabajos relacionados a los cuidados son menos valorados y, muchas veces, invisibles a las estadísticas y políticas públicas. Como señaló Julia Strada en el diálogo ¿Qué es el AMBA y qué le pasa? del Ciclo que organizamos desde la Fundación Metropolitana, las horas de trabajos “feminizados” valen menos. De esta manera, Strada precisó que el 62% de las ocupaciones con carga de cuidado la realizan las mujeres, y el 90% de las ocupaciones sin carga de cuidado las hacen los varones.
Algunos de los temas que deberían estar incluidos en la agenda gubernamental son la economía del cuidado y la licencia por paternidad. Sin dudas la extensión de la licencia por paternidad puede ser el punto de partida para lograr una discusión mucho más amplia. Esta licencia es casi inexistente en nuestro país, lo que pone a la mujer en el rol de única responsable del cuidado, legitima y garantiza una “costumbre”, que a su vez condiciona el crecimiento y desarrollo profesional de las mujeres.
En el ejercicio de las tareas en el hogar y el cuidado, que se naturalizan como femeninas desde los procesos de socialización, se inicia una distribución inequitativa en el manejo del tiempo, los deseos, el dinero y las oportunidades. Visibilizar lo que implica el cuidado es un gran punto de partida, cambiarlo es el siguiente paso.
