Por Micaela Sampietro – La implementación del sistema de vouchers escolares en la Argentina supone un cambio radical con respecto al modelo que tenemos en la actualidad. La alternativa liberal implica una serie de reformas legales para su correcta aplicación en el territorio argentino ¿Conllevaría una mejora en la calidad educativa y la integración social?
Los vouchers escolares han conformado una de las propuestas electorales más polémicas y discutidas del presidente electo, Javier Milei. El sistema de vouchers, cheques o bonos escolares consiste en una reforma del modo de financiamiento educativo.
Nuestro sistema actual se encuentra regido por la Ley de Educación Nacional 26.206 donde se establece al Estado como garante de la educación en el país. Se trata de una organización federal en la cual cada provincia es responsable de organizar, planificar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción. El poder nacional actúa a través del Ministerio de Educación fijando la política educativa y controlando su cumplimiento.
El presupuesto de cada provincia para la educación no solo está compuesto por fondos recaudados localmente sino también por aquellos que se originan en la distribución de la coparticipación de impuestos y en la asignación de recursos discrecionales, es decir, no reglados, por parte del gobierno nacional a las provincias.
En caso de implementarse el sistema de bonos, el Estado dejaría de financiar directamente las escuelas para pasar a financiar la demanda, es decir, al alumnado. Cada persona en edad escolar recibiría un voucher equivalente a una cierta cantidad de dinero y podría canjearlo en cualquier institución educativa. La elección será exclusiva de las familias que podrán optar por establecimientos tanto públicos como privados.
El bono debería ser equivalente al gasto total por alumno. En el caso de optar por una escuela pública, las familias no deberán abonar ningún tipo de pago extra. En caso de incursionar en el privado, el voucher equivaldría a un porcentaje del gasto total por alumno, siendo cada grupo familiar el encargado de abonar el restante.
¿Dónde ha tenido origen esta propuesta?
Milton Friedman – Economista, estadístico y académico estadounidense.
El ideólogo de este sistema ha sido el ganador del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman. El economista estadounidense se ha consagrado como referente a nivel mundial del liberalismo neoclásico. La propuesta tuvo lugar por primera vez en su libro “Capitalismo y libertad” publicado en 1962. Sin embargo, fue en la década de los 90 que adquirió mayor difusión y alcance.
Este sistema se ha posicionado como una alternativa liberal y expresamente mercantilista que busca darle prioridad a la libertad de elección de las familias e incentivar la competitividad entre las instituciones educativas. Uno de sus pilares más fuertes es la eficientización de los recursos públicos y la reducción del gasto producto de la delegación de los costos operativos de las escuelas.
Es importante resaltar que la propuesta constituida tiene una línea de acción económica y no política-pedagógica. Este sistema mejoraría la calidad educativa al estimular la competencia entre instituciones para atraer y retener alumnos. Las escuelas se verán obligadas a ofrecer mejores servicios que se adapten a la demanda para lograr su financiamiento.
¿Cómo ha sido la experiencia en otras partes del mundo?
El sistema se ha aplicado en varios países con características socio-políticas y económicas diversas y se han obtenido resultados igualmente variados.
El principal exponente de la zona ha sido Chile que incorporó esta modalidad en 1981 durante la dictadura de Pinochet. El caso chileno junto al sueco, donde también funcionan los bonos desde 1992, han sido analizados a lo largo y ancho del mundo. En ambos casos se ha implementado de manera nacional tanto en el ámbito privado como público y se ha mantenido de manera ininterrumpida desde entonces.
Algunas de las críticas recurrentes que se les han hecho consisten en el aumento de la desigualdad y la segregación. Particularmente del sistema chileno se habla de una baja en la calidad educativa a nivel macro y una degradación en las condiciones laborales para los docentes. De Suecia se resalta frecuentemente la capacidad de innovación adquirida pero la disminución en los resultados académicos a nivel país.
Otros casos donde se ha aplicado el sistema de vouchers educativos de manera parcial o total han sido Colombia, Bélgica, Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia (en algunas regiones), Singapur, Corea del Sur, Italia (en algunas regiones), Australia y Estados Unidos (en algunos estados). El caso de Países Bajos ha sido excepcional por su temprana adscripción (1917) y su excepcional rendimiento.
En general, los resultados han demostrado un efecto contrario al esperado con respecto a la capacidad de elección de las familias. En lugar de incrementar la libertad de elección y generar una distribución equitativa de los estudiantes, se ha observado un aumento de la segregación escolar con motivos socioeconómicos. Al mismo tiempo, es cierto que se ha comprobado una baja del gasto público en muchos de los casos mencionados.
Los estudiantes chilenos denuncian el deterioro del sistema educativo.
¿Qué implicaría la implementación del sistema de vouchers en Argentina?
La aplicación del sistema de vouchers en Argentina necesita de una transformación radical en el modo de financiamiento que conlleve una reformulación del papel del Estado y una descentralización del sistema actual. Se deberían realizar una serie de modificaciones en materia legal, incluida una reforma constitucional.
El artículo quinto de la Constitución Nacional, con un objetivo federalista, establece que cada provincia es la encargada de administrar y asegurar su propio régimen educativo. Este artículo debería ser modificado para implementar la nueva organización educativa, desempoderar a las provincias y nacionalizar la educación. A su vez, el esquema de coparticipación federal de impuestos y el estatuto laboral docente también deberían sufrir reformulaciones.
Las modificaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del sistema de bonos requerirían superar un proceso con alto grado de complejidad en materia legal y política. De no ser así, a cada provincia le correspondería la elección de adoptar la reforma o no en sus jurisdicciones. El gobierno nacional, por su parte, podría impulsar la propuesta.
Una reforma de esta implicancia y complejidad debiera ser sostenida por una propuesta político-pedagógica fuerte que asegure la integración social. El rol estatal debe ser garantizar que la educación esté puesta al servicio del desarrollo social y que su acceso no se vea restringido por sesgos socio-económicos, culturales, ideológicos, de género, origen étnico o cualquier tipo.
