Por Juana Farias.
“Necesitamos cambiar el modo en que concebimos la vejez”, así lo plantea María Migliore, politóloga, ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, y actual directora de Fundar, una organización dedicada a investigar y diseñar políticas públicas. Su llamado no es sólo simbólico: refleja la urgencia de repensar un sistema de cuidados que, ante transformaciones sociales profundas como el envejecimiento poblacional, la disminución de la natalidad y los nuevos modos de habitar el tiempo, exige una revisión estructural.
Lejos de ser una cuestión individual o privada, las políticas de cuidado han adquirido una creciente relevancia en los últimos años, ocupando un lugar central en las agendas públicas en muchos países, incluido Argentina. Entendido como todos aquellos bienes, servicios, valores y afectos involucrados en la atención de personas con algún nivel de dependencia (niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad), el cuidado es transversal, histórico y social.
Como señaló el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en 2018, las necesidades de cuidado han estado presentes a lo largo de la historia y en todas las sociedades. Constituyen una dimensión central del bienestar y, por ende, del desarrollo. Si bien existieron distintas formas de organizar la provisión de cuidados, en la mayoría de los casos esa responsabilidad se concentró en la familia, y dentro de ella, sobre la responsabilidad femenina. Por eso, se vuelve clave discutir: ¿quién cuida, en qué condiciones, con qué apoyos y bajo qué reconocimiento?
La problemática del cuidado está atravesada por la desigualdad de género. Las tareas vinculadas a la provisión de cuidados recaen, en gran medida, en mujeres. En Argentina, según el Informe “Los cuidados, un sector económico estratégico” publicado en 2020, elaborado durante la gestión de Mercedes D’Alessandro en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, 9 de cada 10 mujeres se dedican al trabajo doméstico no remunerado, que implican en promedio 6,4 horas diarias; es decir, 3 veces más que los hombres. A esto se suma la desigualdad económica: quienes cuentan con mayores ingresos pueden delegar estas tareas en servicios especializados o personal contratado. En cambio, los sectores populares deben asumirlos de manera directa, restringiendo el acceso equitativo al empleo, la formación profesional y otros derechos.
Frente a este panorama, los sistemas de protección social tienen un rol clave para contribuir a resolver las necesidades de cuidado. Como parte de la política social que busca garantizar condiciones y niveles básicos de vida digna, constituyen un marco adecuado para dar respuestas concretas. En Argentina, existen múltiples programas orientados a un reparto más justo e inclusivo, que otorgan transferencias de ingresos a personas y familias: asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones asistenciales por vejez o invalidez, entre otras. En particular, las moratorias previsionales para acceder a una jubilación, entre ellas la más conocida como «la jubilación para las amas de casa», fueron una de las medidas más importantes en términos de reconocimiento y valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Estas iniciativas, contributivas y no contributivas, buscan garantizar seguridad económica y permitir, de modo directo o indirecto, sostener el cuidado dentro de los hogares.
Sin embargo, avanzar en políticas de cuidado implica también revisar quiénes asumen las tareas y cómo se distribuyen. Es indispensable fomentar esquemas de corresponsabilidad social entre Estado, mercado, comunidad y familias; y dentro de estas últimas, entre varones y mujeres. En el caso de las personas mayores, esto resulta particularmente urgente, ya que su cuidado sigue recayendo en forma casi exclusiva sobre figuras femeninas, muchas veces en condiciones de informalidad, sin remuneración o con escaso reconocimiento.
Esta situación se vuelve aún más compleja en el marco de los cambios demográficos actuales: el envejecimiento poblacional, la mayor participación laboral de las mujeres y el aumento de hogares monoparentales complejizan la capacidad de las familias para sostener solas estas responsabilidades. Ante esta realidad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acuñó el concepto de “crisis del cuidado”, para nombrar esa brecha creciente entre las necesidades y los recursos disponibles para responder. En 2015, la región adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores que considera los cuidados a largo plazo como Derechos Humanos. En Argentina, fue ratificada en 2017 y se le otorgó jerarquía constitucional en 2022.
La pandemia de COVID-19 no hizo más que profundizar este escenario. El desplazamiento de actividades al interior de los hogares incrementó las cargas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Se multiplicaron las horas dedicadas a la limpieza, cocina y organización del hogar, y también aquellas destinadas a los cuidados de los niños/as y adolescentes, así como la asistencia a personas mayores. En este contexto, cobra fuerza una pregunta central: ¿cómo pensamos la vejez?, ¿cómo articulamos un sistema de cuidados sostenible y justo?
Una de las experiencias más innovadoras en este sentido es el cohousing, una modalidad de vivienda colaborativa en la que personas mayores conviven en unidades individuales, con espacios comunes y redes comunitarias de apoyo. Si bien no está exenta de limitaciones económicas, representa una forma de cuidado centrada en la autonomía, la vida colectiva y el acompañamiento no institucionalizado. También constituye un llamado de atención a los Estados. Las políticas públicas no deben ir a la zaga de las transformaciones sociales, sino acompañarlas y potenciarlas.
En definitiva, el cuidado, en sus múltiples aristas, debe dejar de ser un destino y afirmarse como un derecho. Un derecho que requiere decisión política, inversión pública, marcos normativos sólidos, y una conversación plural entre actores del Estado, de la sociedad civil, de las comunidades organizadas y del mundo académico. Es necesario conocer a fondo las políticas públicas ya existentes, aprender de las experiencias comparadas, y generar diálogos entre voces diversas. Solo así podremos repensar el envejecimiento no como una carga o destino, sino como una etapa digna de ser vivida plenamente.
