POR LUCIANO PUGLIESE, ARQUITECTO – Gracias a los editores del IDM tuvimos oportunidad de leer hasta ahora cuatro interesantes perspectivas, notoriamente diversas, sobre el megaproyecto “Nueva Costa del Plata”.
Después de la descripción general hecha por los editores, Roberto Converti, proyectista del master plan de NCP, destaca la propuesta como parte de una cadena de “lugares globales”, aquellos que aun en países tan disímiles como Alemania, Estados Unidos, Taiwán o Argentina, hace que nos encontremos con retazos de paisajes urbanos casi clonados entre sí. Estos “inciertos lugares de referencia global” como los llama Converti, (“indiferentismo espacial” y “urbanalización” los llama el especialista catalán, Francisc Muñoz), se nos aparecen muy especialmente en emprendimientos urbano portuarios, urbanizaciones en paisajes litorales, o en las extensas periferias de barrios cerrados. En definitiva sería todo un síntoma de alineamiento con el mundo.
También destaca Converti la fuerte integración que se lograría entre la ciudad y el río y la posibilidad de su disfrute por todos, la calidad que asigna a la propuesta urbana (bajo la forma de “rizomas”) y finalmente la medulosa gestión del emprendimiento que cuenta con múltiples estudios de impacto, y para el que, sostiene, se han transitado numerosas instancias de consulta con niveles de gobierno y público en general. Este proyecto sería ejemplo de convergencia público privada.
En el mismo número Jaime Sorin se planta del otro lado y en vez de hablarnos de aterritorialidad inunda su artículo de historia; de los viejos viñeteros y pescadores al proceso militar que mandó al suburbio villeros y también basura con la que tapó parte de esas quintas de Villa Domínico, nos dice. Apunta que allí comenzó a operar Techint que en renegociaciones del contrato original recibió las tierras, que no fueron rellenadas, en la que hoy se proyecta NCP.
Sorin habla de este vicio de origen pero sobre todo niega los argumentos de los proyectistas: NCP no acerca la ciudad al río porque es en sí misma un enclave virtualmente inaccesible, bien lejos de la ciudad que tenemos hoy. También cuestiona la propuesta de trazado y espacios públicos, que no tienen nada de esa “urbanidad” que saben tener las ciudades con historia, y se ven en el dibujo como pura “anomia y aislamiento”.
Jorge Trevín habla sobre todo de gestión. Tilda de negociado el manejo de la tierra que fuera pública y cuestiona lo que considera una “privatización de la planificación urbana” donde lo que mandaría sería la extracción de rentas extraordinarias por la recalificación del suelo, de rural a urbano. También dice que la verdadera participación en la discusión del proyecto fue suplantada por la “manipulación” con presentaciones genéricas que proveían “informaciones superficiales”. Señala la debilidad de los municipios cuyos funcionarios ignoraron todas las regulaciones locales y provinciales que establecían la protección ambiental del sector; dice que las supuestas evaluaciones ambientales son meras “líneas de base”, y que lo que impide hoy el acceso a la costa es precisamente la posesión que ejerce Techint de suelo que debería ser público. Considera finalmente Trevin que la falta de acuerdo en el Concejo Deliberante de Quilmes, la reacción de algunos funcionarios provinciales y la preocupación de numerosos ciudadanos constituyen el saldo favorable de esta historia. 
Finalmente Carlos Rodríguez, el subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia, reivindica el proyecto de NCP como parte de un criterio planificado de transformación del territorio. Sostiene que el modelo propuesto permite ampliar la oferta de suelo urbanizado en lugares centrales con infraestructura, como contratendencia al antieconómico “sprawl” o crecimiento difuso en la periferia por parte sobre todo de sectores pudientes; y que los municipios de la primera corona del GBA deben tener opciones para recuperar un cierto crecimiento demográfico y opciones de desarrollo perdidos. Pone en el centro la discusión sobre la “sostenibilidad ambiental” señalando la necesidad de establecer una compatibilidad socialmente aceptable entre ésta y un desarrollo económico incluyente. Tilda a la crítica ambientalista como sólo “cualitativa y principista” incapaz de establecer un balance objetivo y cuantificable entre costos ambientales y beneficios sociales de la urbanización.
Este último punto nos ayuda a organizar un poco nuestro comentario: ¿qué sabemos realmente de NCP? Del proyecto tenemos “renders”, visiones (“un nuevo Puerto Madero”, “la integración de la ciudad y el río”), referencias a todos los estudios ambientales realizados, y noción de la existencia de un plan maestro que determina parámetros urbanísticos en cuanto a usos y ocupación del suelo.
En el aspecto ambiental, ¿cómo es posible que existiendo un completo régimen nacional y provincial de gestión ambiental, con una ley de acceso a la información ambiental en la Nación, y una ley provincial que obliga a la publicación de las evaluaciones, ninguno de los amplios estudios que Converti nos enumera sean realmente públicos?. No puede negarse la probidad de los responsables de esos trabajos, pero algo está fallando que impide que esta información pueda ser conocida por todos.
Pero además, ¿acaso un megaproyecto como NCP no tiene “sujetos”?; me refiero a sujetos usuarios y sujetos productores. ¿Cuánto costará comprar un metro cuadrado en NCP? ¿Quién financiará?, y por lo tanto, ¿para quiénes será? ¿Quiénes ejecutarán NCP?; ¿Techint será solo un urbanizador “mayorista”?, ¿Quiénes y cómo podrían en ese caso participar de una etapa “minorista”?. ¿El modelo de producción será el de Puerto Madero? ¿Cuáles son los números de la operación desde el suelo cedido a Techint al piso a estrenar? ¿Cuál es la inversión en cada una de las fases de la producción y a cargo de quién estará? ¿A cuánto asciende la inversión en equipamiento público que se cede a la comunidad? ¿Cómo se internalizan los beneficios de la millonaria operación Matanza Riachuelo y el desmontaje de las quimiqueras de Dock Sud? ¿Cuál es la evaluación frente a alternativas como dirigir inversiones a transformar sectores deteriorados de la ciudad existente amplificando los beneficios para todos quienes habitan y transitan por allí? (por ejemplo el viejo proyecto de las barracas de Avellaneda)
Al menos el público en general (nosotros) no conoce estas cosas, sin las cuales las cuentas que reclama Rodríguez son imposibles de hacer. Ni falta hace decir que rellenar, polderizar y “pampeanizar” las zonas bajas litorales trae costos ambientales inevitables que de alguna manera facturará la naturaleza. ¿Cómo calcular realmente los beneficios si es tanto lo que no conocemos?
Desde esta lógica entonces no parece que las cuestiones de la arquitectura urbana (con todo lo trascendente que es tener una ciudad bien concebida) constituyan el nudo de la cuestión, al menos en el momento de las grandes decisiones. Ni que lo sea la calidad de uno y mil estudios de “impacto” ambiental, siendo que siempre habrá un plan de gestión ambiental para “mitigar”, salvo que edifiquemos arriba de un polvorín. Cambiar la morfología del terreno con enormes rellenos para escapar a la prohibición de urbanizar bajo esa cota en ese enorme litoral costero, requiere de una evaluación estratégica que es claramente resorte público. Es verdad que “publificar” la gestión privada del suelo en estas grandes operaciones es algo a lo que no estamos acostumbrados. Horacio Torres hablaba de nuestro permanente “laissez faire territorial”, mientras el estado organiza las grandes infraestructuras y el sistema de precios de los servicios públicos que dan soporte material al mercado. Esto no ocurre así en tantos lugares del mundo.
Hay además otra cuestión que a mi modo de ver es hoy crítica. Hace poco el especialista Miguel Pato señalaba que en Argentina se construyen formalmente dos viviendas cada 1000 habitantes por año cuando el estándar recomendado para una natural evolución del stock sería de cinco veces más. Solo que Pato remarcaba que para el 4% más rico se construyen 30 viviendas cada 1000 por año, y para el 96% restante solo 0.80 cada 1000 por año. Y que esto va de la mano de la fuerte “financiarización” del mercado de viviendas.
Es decir que el segmento más dinámico de la construcción residencial es básicamente un vehículo de inversión financiera; quienes compran son financistas, no usuarios porque para éstos, en este segmento hay sobreoferta. Esto seguramente obliga a privilegiar este urbanismo de imágenes como el que ensalza Converti y critica Sorin, más que otros valores urbanos. Más claro aun, explica la gran cantidad de viviendas vacías de alta gama, y también el enorme déficit en la otra punta del espinel social.
Se trata de movimientos de capital bien reconocibles. ¿Es muy aventurado sostener que NCP se inscribe cómodamente en esta dinámica? Y mucho más allá de NCP, sus proyectistas y promotores: ¿podremos como sociedad encontrar instrumentos para canalizar de manera productiva y al servicio de capas bien amplias de nuestra población, tanto capital atesorado por una fracción de nuestros conciudadanos? ¿Renunciamos a recrear instrumentos financieros que ya tuvimos? ¿Podremos lograr la verdadera convergencia público privada en el financiamiento de ciudad y vivienda para las mayorías?
A veces mirar otras prácticas ayuda, aunque no esté bien hacer comparaciones lineales. Cuando se comenzó a mover el proyecto NCP, en Bogotá, por ejemplo, se anunciaba que el gobierno había declarado el “desarrollo prioritario” de los inmuebles donde se construirían las 120 mil viviendas necesarias para contener el crecimiento de varios años, que se ponían en marcha los sistemas de valuación inmobiliaria de ley, que se abrían las convocatorias para propietarios y desarrolladores, y que en las bases se establecían los porcentajes de vivienda de interés público o social a construir cuyos futuros habitantes recibirían un subsidio estatal. Muchos datos para lo que estamos acostumbrados a saber acá; tal vez necesitemos empezar a tener de éstos un poco más.
Luciano Pugliese, integrante del Consejo de Administración de la Fundación Metropolitana
