En el marco del curso de posgrado en Gobernanza de Ciudades Metropolitanas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina, el 24 de septiembre se desarrolló la mesa redonda “Desafíos de la gobernanza metropolitana en Argentina actual”, un espacio de intercambio entre referentes del ámbito político, académico y de la sociedad civil sobre los retos que enfrenta el país para construir una institucionalidad metropolitana sólida.
Participaron el diputado nacional Daniel Arroyo, el arquitecto y urbanista Alfredo Garay, el director del Centro de Estudios Metropolitanos, Matías Barroetaveña y -en representación de nuestra fundación- el presidente, Gastón Urquiza. La conversación fue moderada por Adriana Rofman, socióloga y miembro de nuestro Consejo Técnico Consultivo. Todos coincidieron en un diagnóstico central: Argentina está rezagada en el desarrollo de estructuras de gobernanza metropolitana, pese a ser uno de los países más urbanizados de América Latina.
Los participantes estuvieron de acuerdo en que la ausencia de estructuras de gestión metropolitana consolidadas tiene efectos directos sobre la calidad de vida en las grandes ciudades. Mientras el país concentra más del 90% de su población en áreas urbanas, los marcos institucionales siguen anclados en una lógica municipal y provincial fragmentada. La falta de cooperación entre niveles de gobierno y la persistencia de conflictos políticos y financieros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), agravan la desigualdad y limitan la capacidad de planificación a largo plazo.
El debate puso en evidencia las asimetrías estructurales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Ciudad de Buenos Aires concentra recursos muy superiores a los de los municipios del GBA —en 2024, su ingreso tributario per cápita fue cuatro veces mayor que el de la Provincia—, lo que se traduce en fuertes desigualdades. Mientras tanto, el Estado nacional, históricamente hiperpresente en la gestión territorial, muestra hoy un proceso de retiro que, según los especialistas, podría derivar en una “municipalización de la crisis”. Esta dinámica refuerza la competencia entre municipios por inversiones y empleo, dificultando la construcción de una visión común.
Los participantes señalaron que los problemas metropolitanos trascienden las fronteras administrativas: expansión urbana, falta de infraestructura, desigualdad social y ambiental. Entre 1989 y 2014, la mancha urbana del AMBA se extendió de 133.000 a 193.000 hectáreas, sin una planificación coordinada ni inversiones acordes. La fragmentación institucional alcanza áreas clave como el transporte, la gestión de residuos, el saneamiento y las cuencas hídricas. Pese a la existencia de organismos interjurisdiccionales, estos carecen de poder real o de recursos suficientes.
Frente a ese panorama, los expositores propusieron avanzar mediante pactos temáticos antes que crear nuevas estructuras burocráticas. La idea es construir acuerdos sobre problemas concretos —como la educación, el transporte, el puerto o la gestión de residuos— que permitan articular esfuerzos entre municipios y niveles de gobierno. Unificar el sistema educativo del AMBA, por ejemplo, fue planteado como un primer paso hacia una coordinación que simplifique la vida cotidiana de quienes cruzan límites jurisdiccionales a diario.
El cierre del encuentro dejó un mensaje claro: la gobernanza metropolitana requiere liderazgo político, visión estratégica y consenso social. Los participantes coincidieron en que la política debe recuperar la capacidad de planificación a largo plazo, la academia debe traducir su conocimiento en propuestas aplicables, y la sociedad civil debe seguir impulsando el tema desde la práctica. Reducir las desigualdades, fortalecer los vínculos entre territorios y construir acuerdos pluripartidarios aparecen como condiciones esenciales para avanzar hacia una gestión metropolitana más justa y eficiente.
