El martes 26 de mayo, en Villa 31, vecinas del barrio, referentes sociales, académicos y polÃticos se reunieron para discutir algo que rara vez se debate con datos en mano: qué son en realidad los llamados «planes sociales», quiénes los reciben y qué deberÃan ser en el futuro. El encuentro, organizado por Futuros Mejores y La Poderosa, giró en torno a la presentación del informe «Un futuro mejor para los planes sociales«, elaborado por LucÃa Cirmi, Iris Pezzarini, Chiara Maestri, Cristian Silva, Lisandro Cometta y Daniela Maciel.
En un contexto de desfinanciamiento generalizado, congelamiento de montos y desmantelamiento de programas como el Volver al Trabajo y el Acompañamiento Social, la pregunta de fondo que planteó el informe es simple pero poco frecuente: antes de discutir qué se les exige a quienes reciben estas polÃticas, ¿sabemos quiénes son?
Los datos detrás del debate
El informe, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (tercer trimestre de 2024), pone en cuestión uno de los supuestos más extendidos del debate público: la imagen de la persona pobre en edad de trabajar como alguien que no trabaja o no quiere hacerlo.
Los números muestran otra cosa. Solo el 7,4% de las personas pobres en edad de trabajar está desempleada. El 59% ya tiene empleo —en construcción, comercio e industria— y aun asà no logra superar la lÃnea de pobreza. Otro 18% son amas de casa: mujeres que dedican su tiempo al trabajo de cuidado no remunerado. En cuanto a horas trabajadas, las personas pobres promedian 41,8 horas semanales, levemente por encima de quienes no son pobres (40,2 horas).
Lo que marca la diferencia, según el informe, es la formalidad laboral. Entre los trabajadores pobres, apenas el 41% tiene empleo registrado; entre los no pobres, ese porcentaje sube al 82%. En el tercer trimestre de 2024, el salario promedio formal era de $785.000, mientras que el informal rondaba los $265.000. El informe también señala que el 60% de los hogares monomarentales se encuentra bajo la lÃnea de pobreza, al igual que el 60% de las trabajadoras de casas particulares, incluso aquellas con relación laboral registrada.
Una polÃtica, múltiples realidades
Uno de los argumentos centrales del informe es que la polÃtica social argentina ha tendido a agrupar bajo una misma etiqueta —»planes»— a poblaciones con situaciones muy distintas. En los últimos 30 años, el principal programa de ingresos para personas en edad de trabajar se reformuló 10 veces, sin que eso se tradujera en cambios sustanciales para quienes lo reciben.
Esa homogeneización tiene consecuencias: alimenta estigmas, dificulta la evaluación de resultados y oscurece la discusión sobre qué tipo de intervención necesita cada grupo. Como señaló LucÃa Cirmi, una de las autoras, el debate suele plantearse al revés: «Antes de preguntarnos a quién hay que exigirle qué, tenemos que entender quiénes son las personas en condiciones de pobreza en Argentina y qué están haciendo«.
El programa actual, Volver al Trabajo, asigna $78.000 —un cuarto del salario mÃnimo— durante 24 meses a 1,1 millones de personas. El gobierno nacional anunció su reemplazo por un sistema de capacitación mediante vouchers en empresas. Para los autores del informe, esa respuesta parte de un diagnóstico incompleto: si la mayorÃa de las personas pobres ya trabaja, la capacitación no resuelve el problema estructural, que radica en la informalidad, la precariedad y la carga de cuidado no remunerada.
Qué propone el informe
El documento plantea 6 ejes de reorientación para la polÃtica social. El primero, y más desarrollado, es el de la diferenciación: en lugar de un programa único, polÃticas especÃficas según la situación de cada grupo. Entre las medidas concretas se mencionan la remuneración y registración del trabajo de las cuidadoras comunitarias —que según el Registro Nacional de Trabajadores de la EconomÃa Popular superaban las 600.000 personas en 2023—; la expansión de sistemas de licencias y cuidado para la primera infancia; y el acompañamiento a hogares monomarentales donde el problema no es la falta de empleo sino la ausencia de la cuota alimentaria de un progenitor.
Los otros 5 ejes apuntan a garantizar universalidad con criterios claros de acceso para reducir la discrecionalidad; financiar de manera autónoma a las organizaciones sociales que operan en los barrios; articular mejor los roles de los gobiernos nacional, provincial y municipal; incorporar la polÃtica de vivienda como componente central de la agenda antipobreza; y avanzar hacia la medición oficial de pobreza multidimensional, que paÃses como México, Colombia, Chile y Ecuador ya implementan de forma estandarizada.
Cuidado no remunerado y pobreza
Más de la mitad de las personas clasificadas como «inactivas» en hogares pobres son mujeres con menores de 18 años a cargo. «Las mujeres venimos trabajando y sosteniendo los espacios: comedores, merenderos, acompañamiento a otras mujeres que sufren violencia. Hay que organizarse para pensar cuáles son los programas que necesitamos para salir adelante«, planteó la Negra, referente de La Poderosa durante el encuentro del 26 de mayo.
El Observatorio Villero de La Poderosa aportó un dato que ilustra esta tensión: el 54% de quienes sostienen actualmente el trabajo comunitario de cuidados es titular del programa Volver al Trabajo, y el 34% de quienes fueron dados de baja del programa continúa realizando esas actividades de todos modos.
Organizaciones, academia y barrio
El encuentro reunió a más de 20 organizaciones e instituciones: la UTEP, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la carrera de Trabajo Social de la UBA, el IPyPP, la Red de Concejalas y otras. Entre los puntos de consenso que emergieron se destacaron la necesidad de concebir estos programas como derechos universales con criterios transparentes de asignación, y la importancia de reconocer el trabajo comunitario como una categorÃa especÃfica dentro de la polÃtica social, no como una contraprestación residual.
La discusión sobre los planes sociales es, en última instancia, una discusión sobre qué tipo de trabajo reconoce el Estado, cómo se distribuye la protección social y qué sucede con quienes quedan fuera del mercado formal. El informe completo está disponible aquÃ.
