POR LUCIANO PUGLIESE – Hace cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaba un fallo verdaderamente singular con el que dejó abierto un camino novedoso para la resolución de conflictos territoriales tan serios como el de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Todos en general conocemos el meollo de ese dictamen: sobre la base de un reclamo de un conjunto de vecinos afectados por la contaminación, la Corte determinó una serie de “obligaciones de hacer” dirigidas a los gobiernos de la Nación, de la Ciudad y de la Provincia para que pusieran en marcha un plan integral de saneamiento sobre la base de un conjunto de pautas que volcó en el fallo; fijó plazos para su cumplimiento; estableció un procedimiento para controlar su ejecución desde la propia esfera judicial; asignó un rol fiscalizador de todo el proceso a un conjunto de organizaciones demandantes; estableció mecanismos de transparencia para todos los actos e información que se generara; dispuso la intervención de la AGN para el contralor de la ejecución de recursos; y fijó multas dinerarias con cargo a los funcionarios que incumplieran con estos mandatos, entre otros puntos.
Lo importante es que el fallo logró poner en marcha un conjunto de resortes institucionales, incluyendo la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que parecen conducirnos por fin a un cambio de paisaje en la cuenca más contaminada de la Argentina, independientemente de que la marcha no sea para nada lineal. Por lo tanto hay aquí un hecho institucional y social que debemos valorar en toda su plenitud.
El origen de la historia también debe ser recordado: se remonta a esa demanda de vecinos afectados acompañados por organizaciones no gubernamentales, proceso del que también participó la Fundación Metropolitana. Esa acción instaló en el plano judicial aquello que el sistema político no lograba procesar.
El propósito de este breve artículo no es en realidad hacer un balance de logros y déficits puntuales en la gestión de la cuenca a partir de ese fallo histórico. Más bien lo que proponemos es volver a transitar un tipo de reflexión que viene sosteniendo la Fundación Metropolitana y que creemos que no siempre está presente en el escenario de la gestión que ahora transitamos. Tiene que ver con la observación de algunas dinámicas sociales y económicas desplegadas en el espacio y su relación con el estado ambiental de la cuenca. En términos operativos, refiere a esa materia que usualmente llamamos planificación territorial u ordenamiento territorial, y en el fondo supone un intento por trabajar sobre algunas de las causas profundas del estado de la cuenca, y no solo sobre los efectos.
El sentido común indica que existe una relación inescindible entre actividades antrópicas y estado de los recursos naturales; nos resulta sencillo apreciar efectos directos de las primeras sobre los segundos. Por citar una de las cuestiones clave, la relación entre vuelcos industriales y condiciones de los cursos de agua. La supresión o mejoramiento de los vuelcos de esos establecimientos es una necesaria intervención sobre la causa directa del problema de la calidad del agua superficial.
Una mirada algo más allá nos permitiría avanzar en la comprensión de relaciones causales más complejas que nos expliquen el patrón de desarrollo y localización de esa actividad, antes y ahora, y su relación con el agua y los restantes recursos naturales. En el tema industrial, entonces, es ineludible hacer foco en comprender cómo se configuró y funciona la más que centenaria plataforma industrial de la cuenca baja que explica tan fuertemente la contaminación que se verifica y las previsibles dificultades para que pueda transformarse en serio la gestión ambiental que se realiza en buena parte de esos establecimientos.
Lo importante a los efectos prácticos e instalados en la gestión será identificar sobre cuáles de los factores que explican la situación actual sería conveniente y posible incidir para asegurar la sostenibilidad ambiental de la cuenca hídrica una vez recuperados sus indicadores de calidad básicos. Se trata de evitar que se reproduzcan los procesos que nos llevaron a la situación actual.
En el caso de la industria, siguiendo con esta cuestión, nada impide que la ACUMAR se proponga impulsar junto a las jurisdicciones que la integran algunas nuevas condiciones para su transformación como sector, abordando de modo articulado tanto los objetivos ambientales como las necesidades de modernización de una industria allí radicada, en buena medida obsoleta. Esto supone incidir en la evolución de esa plataforma industrial ubicada en zonas urbanas consolidadas (que además da mucho empleo) buscando ir hacia producciones limpias, así como sobre el desarrollo de las superficies de uso exclusivo en parques industriales, parques tecnológicos o polígonos especializados. No tenemos claro si la estrategia de saneamiento del curso superficial incorpora proyecciones sobre este inevitable desarrollo de nuevos espacios productivos en la cuenca media y alta. La cuestión de la regulación de los usos y los objetivos de calidad del curso de agua es una materia todavía pendiente. El contexto es el de un sector industrial que necesita imperiosamente modernizarse, diversificarse e integrarse. Hay aquí también bastante para conjugar en término de régimen jurídico o tratamiento fiscal.
En relación a la cuestión residencial, puede decirse que los déficits en la respuesta por parte de mercado y sector público a la demanda de vivienda y urbanización agudiza la presión sobre el soporte natural, invasiones de los valles de inundación mediante, como es tan evidente en la margen izquierda en La Matanza. Complica también la extensión de los servicios y profundiza la segregación social y los conflictos urbanos. La CMR puede ayudar a impulsar de suelo con infraestructura para el desarrollo de nueva urbanización que dé lugar a vivienda social u otras tipologías residenciales y de usos mixtos. Para ello puede contribuir a articular dentro de un plan estructurado la expansión de servicios, el saneamiento hídrico y el crecimiento residencial, siendo que sobre los dos primeros puntos tiene competencias clarísimas. La movilización del suelo ocioso intersticial destinable a nuevos polígonos de urbanización, especialmente en áreas que incorporan servicios, es un imperativo y existen instrumentos para ello, como la nueva ley de hábitat de la Provincia, cuya puesta en vigencia esperamos.
A la vez, el saneamiento del cuerpo de agua y la puesta en valor del espacio litoral son aspectos complementarios de una sola estrategia. En ese sentido, deberá pensarse en los instrumentos que permitan el acceso equitativo a los beneficios de un ambiente saneado y las políticas adecuadas para captar y redistribuir la valorización extraordinaria que recibirán ciertos espacios, generando flujos de recursos intracuenca. Se puede sospechar, por ejemplo, que el lujoso proyecto Costa del Plata en la ribera de Avellaneda y Quilmes “descuenta” el efecto beneficioso en las costas de la merma en la contaminación superficial y la desactivación de buena parte de las industrias químicas del Polo.
La misma lógica que asocie ambiente y urbanización podría aplicarse a la organización de un sistema de zonas protegidas y espacios verdes que complemente y estructure áreas de enorme valor ecológico y paisajístico como los bosques de Ezeiza, Santa Catalina o Laguna de Rocha. Esto supone discutir el manejo del crecimiento en espacios intersticiales y en el borde periurbano donde se verifica la ocupación de las zonas de nacientes de arroyos con villas y countries. Con la misma lógica habrá que pensar en un manejo sostenible de los drenajes pluviales de cara a la densificación y expansión urbana. No nos queda claro por qué se ha abandonado el proyecto de materializar una laguna de retención en Marcos Paz perfectamente prevista en el proyecto hídrico del Comité Ejecutor (antecedente de la ACUMAR).
Se podrá avanzar con lógicas parecidas en relación a otros muchos temas como la estructuración del sistema vial y la movilidad de cargas, incluyendo en el tratamiento el gigantesco problema de los puertos, la agricultura periurbana y la contaminación de origen rural, o sobre la competencias entre usos por el consumo del agua subterránea, entre muchos otros temas que son el telón de fondo del estado ambiental de la cuenca.
Un análisis de esta naturaleza nos llevará a preguntarnos rápidamente acerca de cuáles son las competencias de gobierno en relación a los distintos problemas así analizados. Allí aparecerán las limitaciones legales pero también las singulares oportunidades que tiene la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como órgano intersectorial para mejorar la gobernabilidad de estos problemas dentro de las competencias que le fueron dadas. Así, la ACUMAR puede convertirse en un poderoso factor de transformación territorial.
Es importante que asumamos que tenemos el conocimiento, las capacidades y hasta los recursos para intentarlo. Por otra parte a esta altura resulta imperioso.
