POR MÁXIMO LANZETTA, FUNDACIÓN METROPOLITANA – Las catástrofes suelen marcar la conciencia colectiva y colocar un tema como prioridad en una sociedad, al menos por un tiempo. Sin dudas las inundaciones en Argentina constituyen eventos que se han ido desnaturalizando, entendiendo que las mismas tienen que ver más con la acción del hombre que con la aleatoria regularidad de los fenómenos naturales como desencadenantes; donde si bien no es recomendable simplificar las razones, es cierto que una importante causa está asociada al modo en que se ocupa y explota el suelo y el recurso agua.
Dos ejemplos: la inundación de la ciudad de Santa Fe en 2003, donde parte del casco urbano se encuentra en el valle de inundación del río Salado, protegida por una obra que no resultó eficaz para el caudal de agua generado. Más recientes las inundaciones en Lujan, cuyo nivel de frecuencia se ha incrementado en la última década, explicado en gran parte por el desarrollo de urbanizaciones cerradas que han avanzado sobre las zonas bajas de la cuenca.
En otros puntos del país han emergido protestas en relación con lo que se considera la apropiación privada de cuerpos de agua, como el caso de Lago Escondido en Río Negro por el magnate Joseph Lewis. En muchas áreas de nuestra geografía, no es sencillo para la población acceder de manera regular a agua segura. Estas, y otras problemáticas, están asociadas al modo en que se lleva adelante la gestión de las aguas, en cuyo contexto resulta de alta significación un elemento que ha tomado notoriedad en las últimas décadas: los humedales.
Los humedales son territorios caracterizados por un suelo con una alta proporción de agua; la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional de Naciones Unidas reunida en su primer sesión en Ramsar, Irán en 1971, ha definido estos sitios en su primer artículo como “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En diversos documentos y trabajos, esta definición abarca además a pastizales húmedos, estuarios, deltas y zonas costeras; y entre los sitios artificiales podemos encontrar estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.
La importancia de los humedales está dada porque constituyen elementos beneficiosos en términos ambientales, prestando lo que se denomina “servicios ecosistémicos”, esto es: ayudan a mantener la cantidad y calidad de recursos naturales claves. Facilitan la recarga de acuíferos, sostienen ámbitos claves del hábitat de muchas especies que hacen a la biodiversidad, cumplen funciones de regulación hídrica frente a sequías e inundaciones, y por lo tanto, resultan relevantes para la mitigación de los efectos del cambio climático.
El valor estratégico de los humedales, reconocido por la comunidad internacional, lleva consigo la necesidad de protegerlos, dado que se evidencia un retroceso por la acción del hombre. La pregunta que le sigue a este planteo no sencilla de responder: “qué hacer?”. Una iniciativa que habitualmente surge es normar sobre el tema, buscando generar una herramienta de protección; esto en Argentina se traduce en la búsqueda de establecer una ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental, figura emergida en la última reforma constitucional, la cual además puso en cabeza de las provincias el dominio originario de los recursos naturales, y por lo tanto el manejo y la explotación de estos. Este camino lo han transitado un conjunto de actores, principalmente varias organizaciones no gubernamentales ambientales, que vienen instalando el tema en la agenda pública.
Cuando se regula aparece una primera cuestión, la definición del objeto. Como se ha señalado la palabra “humedal” remite a un muy amplio espectro de sitios, lo cual incluye a los artificiales; éste no es sólo un problema técnico, es político y económico, dado que en el caso de la Argentina hay provincias cuya superficie quedaría en gran medida bajo los términos de la definición de humedal, incluyendo claro, la superficie productiva, como es el caso de los arrozales que cubren una buena porción de la región Mesopotámica; o áreas de la región Pampeana bonaerense caracterizadas por una trama de lagunas interconectadas.
No cabe duda la importancia de la preservación de los humedales, pero quizás, la pregunta más atinada sea “¿cómo hacer?”. Debemos poner la mirada en los sistemas de gestión necesarios para alcanzar la meta de preservación o valorización de estos sitios estratégicos, para la cual es posible que sea necesario desarrollar un marco normativo. Esto resulta esencial para que las normas sean realmente operativas y no meramente declamativas, o que remitan como máxima expresión a la generación de inventarios que presagian el posterior lamento por las pérdidas. En tal sentido, la política ambiental debe dar un salto, ser más ofensiva, involucrarse en los planes de desarrollo del territorio, tanto en términos productivos, como del desarrollo de las infraestructuras que los modelos requieren.
En esta senda de desarrollo de un sistema de gestión de humedales, es necesario involucrar a todos los actores claves. La dimensión hídrica requiere el diálogo y alcanzar acuerdos con las autoridades provinciales que se nuclean en el Consejo Federal Hídrico (COHIFE). En la dimensión ambiental, el factor biodiversidad y agua, demanda la palabra del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Las comisiones legislativas, las instancias académicas que desarrollan investigación; y las ONG´s que han desarrollado trabajos de producción de conocimiento e incidencia en el tema, son voces necesarias.
Es esperable que la autoridad política ejerza el liderazgo para convocar a un gran debate en el cual deba discutirse una tipología de humedales, asociados a sistemas de gestión diferenciados y abiertos a los modelos que cada provincia crea conveniente instrumentar bajo los principios generales que se establezcan como paraguas a nivel nacional. En ese debate, debe participar todas las voces, las de la producción y el trabajo, las del conocimiento, las político-territoriales, las organizaciones ambientales, y todo el que tenga saberes e intereses involucrados. A 35 años de restauración democrática, es necesario acordar sendas de largo plazo para recursos estratégicos como los humedales.
