(Por Deleandra Spinato) Aunque los datos indican que en la metrópolis Buenos Aires la cantidad de antenas no es suficiente para prestar un servicio adecuado, en los últimos años han aumentado considerablemente las denuncias sobre su posible impacto en la salud. Y, si bien es cierto que hasta el momento no hay estudios que certifiquen con total contundencia si los niveles de ondas electromagnéticas que irradian estas antenas están dentro de los límites tolerables o no, la Argentina es uno de los países con más celulares por habitante en toda América.
Las ondas electromagnéticas son generadas por equipos electrónicos en funcionamiento y se propagan de la misma manera que las ondas de luz, de radio y de televisión. Todos los electrodomésticos emiten este tipo de ondas, pero la mayoría son de baja frecuencia. Los teléfonos celulares, en cambio, emiten radiaciones que han sido vinculadas a ciertas enfermedades como cáncer y leucemia. Quienes viven cerca de las antenas aducen que la duda debería estar del lado de los posibles damnificados y, en varias localidades del Gran Buenos Aires, los vecinos han emprendido acciones para impedir que el fenómeno avance, sobre todo en zonas cercanas a hospitales, colegios y donde reside la población más vulnerable.
Como contrapartida, desde el Centro Argentino de Estudios de Radiocomunicaciones y Compatibilidad Electromagnética (CAERCEM) confirman que, hasta ahora, sólo se ha probado el calentamiento que producen, aludiendo que no existe un vínculo directo con enfermedades. A su vez, un reciente estudio de la Agencia Porteña de Protección Ambiental (APRA), afirma que en ningún rincón de la Ciudad de Buenos Aires se superan los niveles de radiaciones establecidos por las normativas nacionales. El estudio se realizó durante 2010 y 2011, y constó de más de 12.000 mediciones en diferentes puntos de la Ciudad, arrojando como resultado que “los valores medios medidos se encuentran, en el peor de los casos, más de 20 veces por debajo de la peor condición del límite poblacional”. Lamentablemente, no existe este tipo de estudios a nivel metropolitano.
Las radiaciones en el ojo de la tormenta
No obstante las afirmaciones sobre la ausencia de efectos nocivos en la salud, muchos ciudadanos dudan de que las antenas de telefonía celular sean realmente inofensivas. Eduardo Legaspe es bioquímico y abogado, graduado en la UBA, y se dedica a investigar el tema de las radiaciones. “Los efectos del sistema de telefonía celular se dividen en efectos térmicos y efectos no térmicos, o biológicos. Los efectos térmicos son conocidos y constan de un aumento de temperatura. Son en los que se basa la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar los valores guía límites a los que la gente se puede exponer a radiación de antenas y teléfonos celulares”, afirma. “Lo que ocurre” –prosigue– “es que hay un montón de evidencia que se ha venido acumulando sobre los efectos no térmicos, como alteraciones en la conducta del ADN, la barrera hematoencefálica y una serie muy grande de alteraciones en el sistema nervioso, sobre los que actualmente se está investigando”.
Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Morón y San Isidro son algunos de los municipios donde los vecinos se han manifestado en contra de la existencia e 
instalación de antenas de telefonía celular. Como otro ejemplo de lo antedicho, Adrián Devilder, junto a vecinos de la Zona Oeste, logró que la municipalidad desinstalara una antena de telefonía celular ubicada en el barrio San Juan, Castelar Sur, situada al lado de un jardín de infantes y de un colegio primario.
“Ninguna antena puede estar a menos de 150 metros de viviendas, colegios, hospitales o centros de jubilados. Tienen que estar alejadas, porque las ondas que irradian, está comprobado que afectan al ADN de las personas, generando distintos tipo de enfermedades cardiovasculares, cáncer o tumores”, denuncia Devilder. Cuando Damián y sus vecinos se enteraron de que la antena que instalaron a fines de noviembre del año pasado no tenía los permisos necesarios, se movilizaron y, tras varias marchas y denuncias a distintos organismos, lograron que el municipio que dirige Lucas Ghi pusiera fin a la breve historia de esta antena.
La gente de Almirante Brown también logró el apoyo de su intendente, Darío Giustozzi, para frenar la instalación de media docena de antenas telefónicas. Desde el Foro Ambiental de Almirante Brown, cuentan su experiencia: “Nuestra preocupación empezó porque fuimos detectando problemas de salud en zonas donde hay antenas. Recorriendo los barrios, registramos que hay gran cantidad de gente enferma: problemas de bronquios en los chicos, hasta enfermedades terminales como cáncer, que la gente se lo adjudica a las ondas de las antenas”. Sin embargo, reconocen que el impacto directo de las antenas todavía no ha sido demostrado, “pero el beneficio de la duda debería estar de parte de las víctimas”, sentencian.
Con un argumento similar, en Lomas de Zamora admiten que “no hay nada comprobado sobre si hace daño o no a la salud, ni hasta qué punto». Y, al igual que en Almirante Brown, sostienen que hasta que no existan estudios que comprueben la ausencia de efectos en la salud humana, la instalación de antenas cercanas a áreas densamente pobladas debería suspenderse.
Invocando al Principio Precautorio
El Principio Precautorio es una herramienta que se aplica en casos de incertidumbre científica, cuando aún no hay una certeza sobre los efectos potencialmente nocivos que puede producir una sustancia o un agente físico (una radiación, por ejemplo) sobre el ser humano o el medio ambiente.
“Cuando haya incertidumbre científica, el principio indica que deben tomarse las medidas adecuadas a fin de prevenir la salud del medioambiente y de la población. Como los estudios científicos están en curso cabe aplicar este principio precautorio”, explica Legaspe.
Este principio fue introducido junto a otros preceptos ambientales en la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro en 1992. Más tarde, se incorporó a nuestra legislación a través de la Ley General del Ambiente. Y es el mismo en el que se basa la población que vive cerca de antenas para pedir su remoción.
Hablemos de infraestructura
Más allá de los reclamos que infieren una relación directa entre las antenas móviles y ciertas enfermedades, lo cierto es que hoy día es imposible concebir la realidad sin tener al alcance de nuestras manos este tipo de tecnologías. Esta premisa remite a analizar el estado actual de la infraestructura que en nuestro país pareciera estar desbordada. Según datos de la International Communication Union, organismo que depende de la ONU, circulan en la Argentina 134 aparatos por cada cien personas. Si se cruz este dato contra las 4220 antenas existentes en la Ciudad y el Gran Buenos Aires tendríamos como resultado un número escaso para dar un servicio eficiente a los más de 17 millones de teléfonos celulares. Desde Movistar y Personal adjudican la baja cantidad de antenas a la dificultad para obtener los permisos municipales necesarios para instalarlas. “Llevamos más de 800 expedientes en todo el país esperando autorización para poder instalar antenas”, indican desde Movistar, y aseguran estar trabajando con la Federación Argentina de Municipios para unificar las reglamentaciones.
A mediados del año pasado, en ocasión de una jornada realizada en el Senado de la Nación sobre telefonía móvil, Norberto Capellan, Presidente de CICOMRA, en representación de las empresas Movistar, Claro y Nextel expresó que “las empresas, a través de varias olas de nuevas generaciones de redes, han invertido en los últimos diez años más de veintitrés mil millones de pesos”. En su momento afirmó que no sólo se había realizado esa inversión, que según dijo continuaría, sino que el sector a través del servicio que presta aporta en impuestos una suma considerable tanto al erario público nacional, como a los provinciales y a los municipales. Mencionó, asimismo, que en la Argentina se utiliza la última tecnología disponible en el mundo para este tipo de servicios, tanto para la construcción de las redes como en los dispositivos. En relación a las expectativas en torno del sector ratificó su deseo de que “el servicio siga avanzando” y “que haya nuevas generaciones, tanto de redes con mayor capacidad como de dispositivos que permitan tener distintos tipos de aplicaciones a fin de que sean utilizadas en todos los ámbitos económicos y sociales”.
En búsqueda de consensos, el rol de la FAM
A fines del 2008 la Federación Argentina de Municipios (FAM) firmó un acuerdo con empresas de telefonía celular para elaborar un Código de Buenas Prácticas 
Tecnológicas con la colaboración de municipios y de las mismas empresas. El Código se basa en informar y desarrollar las potencialidades que implica la incorporación de las nuevas tecnologías en la conducción de la administración local y en su forma de articular la relación con los ciudadanos en los municipios, a fin de trabajar los reclamos que surgieran por parte de la comunidad. También busca concientizar acerca de la importancia y la necesidad de permitir la instalación de antenas y de infraestructuras indispensables para brindar capacidad y calidad en la transmisión de información.
Además, el Código establece una regulación homogénea en el país, con tasas razonables a pagar por cada antena instalada, dado que según definieron los actores involucrados, en los últimos diez años algunos municipios se «abusaron» de las normas, imponiendo tasas que hacían inviable la ampliación de las redes. También se definió el rol de los operadores de telefonía celular en la instalación de antenas, el respeto por el ambiente y se garantizó el cumplimiento de trabajar de acuerdo a los niveles máximos de radiación establecidos por el Ministerio de Salud.
El SATFAM, organismo creado bajo la órbita de la Universidad Nacional de San Martín, ha tenido un rol preponderante en la aplicación del Código de Buenas Prácticas Tecnológicas, sobre todo a la hora de buscar pautas de trabajo conjunto entre las empresas y los municipios. En tal sentido, SATFAM cumple con la misión de asesorar y acompañar a los municipios en las cuestiones relacionadas con la instalación de antenas, les proporciona el Código de Buenas Prácticas y los asesora en la adecuación de la normativa.
En octubre del año pasado, en ocasión de la XI Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales, Fernando Fux, asesor jurídico del organismo, explicó que el trabajo se originó a partir del rechazo de ciertos sectores de la población a las antenas de telefonía celular, y comentó que de los 2204 municipios que integran nuestro país sólo un poco menos del 10% cuenta con legislación al respecto. Expresó que “sin áreas de cobertura donde se preste el servicio no existirá señal para que funcionen los dispositivos móviles”, y recalcó la necesidad de los municipios de contar con herramientas que regularicen la instalación de antenas en cada distrito. Y explicó que la ordenanza modelo propuesta ha sido tomada por municipios como Florencio Varela y Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, así como también en municipios del interior de la Argentina.
Por su parte Rodolfo Adreani, coordinador de SATFAM, explicó que “la instalación de estructuras soporte de antenas en el Conurbano Bonaerense es muy compleja, ya que los vecinos permanentemente se han negado a estas instalaciones, fomentadas por información no corroborada hasta la fecha, relacionada con problemas que 
generarían en la salud los campos electromagnéticos, en nuestro caso las radiaciones no ionizantes (RNI). Con estos antecedentes, los Intendentes han promulgado ordenanzas para la instalación de antenas muy engorrosas y de difícil cumplimiento”. En tal sentido prosiguió “ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos impuestos, y las demoras que se generaban y generan en los trámites administrativos para autorizar su instalación, se comienza a producir un hecho, que también se ha visto en otras partes del mundo, especialmente Sudamérica, los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) comienzan a instalar sin ningún tipo de autorización, propiciando a su vez más clamor de la población, o sea un círculo vicioso. Esto también se refleja en otros distritos, especialmente los más grandes, en todo el país”. Finalmente, afirmó que “el SAT surge así de una propuesta de la FAM a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (SECOM) y se plasma en el Acuerdo Marco firmado por la FAM, los Operadores de Comunicaciones Móviles (OCM) y la SECOM tendiente a normalizar las instalaciones de estas estructuras cuya regulación, posibilitará, aparte de cumplir con las normativas municipales al respecto, aumentar la conectividad de la población brindando más y mejores servicios, protegiendo el medio ambiente y cuidando la salud de nuestra población”.
Por una ley nacional que regule a la telefonía móvil
Desde el año pasado, dentro de la Cámara de Senadores de la Nación la oposición ha intentado, sin éxito, instalar en la agenda parlamentaria el tema de la telefonía móvil. Al parecer dicha idea sigue en la actualidad presente; tal es así que, hace dos semanas, se llevó a cabo en la Cámara Alta una jornada, impulsada por el senador socialista Rubén Giustiniani, defendiendo la aprobación de una ley nacional que declare servicio público a la telefonía celular. La actividad contó con la participación de legisladores nacionales, especialistas en telecomunicaciones y representantes de ONGs. Sin embargo, no se hicieron presentes ni las empresas ni funcionarios del gobierno, quienes también habían sido convocados.
El senador santafesino Giustiniani, autor de la iniciativa, explicó que tiene por fin proteger adecuadamente los derechos de los usuarios ; asegurar la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio brindado, teniendo en cuenta el costo de la prestación y el derecho de las empresas a una utilidad 
razonable similar a la obtenida internacionalmente por tales servicios; y bregar por la adecuada calidad de la prestación y la seguridad del usuario en su utilización.
La cita contó con la presencia de Henoch Aguiar, ex Secretario de Comunicaciones, quien expresó que “las quejas contra las empresas están vinculadas a problemas de inversión”. Desde su punto de vista “las empresas no han invertido lo suficiente”; destacó, asimismo “la falta de equipamiento, la falta de frecuencias, la localización para colocación de antenas y el problema de competencia”. Finalizó su exposición argumentando que “el servicio de telefonía celular es uno de los servicios más cambiantes”.
Por su parte, Ariel Caplan, especialista en telecomunicaciones y Derecho del Consumidor, quien también participó del encuentro, expresó “no existen normas de acuerdo a los desafíos actuales, esta falta de política no es una falta de política sino una política determinada. La falta de control es haber abrazado el descontrol. Estamos frente a una política funcional al monopolio de las corporaciones. Entre las empresas prestadoras no existe libre competencia, ni libre prestaciones con precios más caros para peor servicio”. Dijo creer conveniente la declaración de servicio público a la telefonía celular, ya que “es materia del derecho: el servicio público tiene por finalidad satisfacer la necesidad general”.
Más allá de los intentos vanos por avanzar en dirección hacia una regulación de la telefonía celular en lo concerniente a las tarifas, a la protección del usuario, a la instalación de antenas, así como también a la libertad de competencia, el tema parece no encontrar viabilidad, no, al menos, hasta tener el visto bueno del Poder Ejecutivo. Seguirá siendo por lo pronto un issue pendiente.
