POR PEDRO DEL PIERO – Habiendo asistido al diagnóstico y al abordaje inicial de la emergencia, y consumidos treinta de los primeros cien días, crece la inquietud sobre cuál es el plan de fondo del flamante Gobierno de Todos.
El Presidente, al rematar una breve y contundente síntesis de la herencia recibida ante la Asamblea Legislativa, fue muy claro: “…la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esta aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas”. Luego, propositivamente, explicó: “El plan macroeconómico que perseguimos es una pieza central pero no aislada de un Proyecto Nacional de Desarrollo … para transformar nuestra estructura productiva, con políticas activas que den cuenta del cambio tecnológico vertiginoso que enfrentamos, de la interrelación entre industrias, recursos naturales y servicios».
De inmediato el Congreso sancionó la Ley 27.541 que, en rumbo de la Solidaridad Social y Reactivación Productiva como reza su denominación, contiene medidas coyunturales para abordar de inmediato las emergencias que azotan al país.
También en este corto lapso, donde el equipo gubernamental no tiene fines de semana libres ni feriados, numerosos actores de la vida política, económica y social suscribieron el Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral donde coincidieron “…en la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las pequeñas y medianas empresas, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, vincular la ciencia con la creación de valor, enfrentar mejor los desafíos al empleo de la economía 4.0, fomentar el empleo joven, incrementar la participación de las mujeres, estimular la economía popular y la agricultura familiar, cuidar el medio ambiente y garantizar el acceso a salud, educación y el hábitat a los sectores más postergados”.
Frente a estos puntos de partida, que aplaudimos, sabemos que el único camino para superar las crisis recurrentes es hacer crecer sostenidamente la economía con productividad y distribución del ingreso, desde la empleabilidad apoyada en la educación y el conocimiento.
De ello debe dar cuenta un plan de desarrollo socioeconómico nacional integrador, con fuerte componente federal y conducido por dirigencias públicas y privadas convencidas de que esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, recurriendo al federalismo de concertación de base regional que este siglo nos impone mejorando la matriz federal fundacional. Se trata, al fin, que desde un claro fortalecimiento de las funciones gubernamentales, desde las responsabilidades de los actores de la economía real y desde el compromiso de la sociedad en su conjunto, logremos poner en marcha un sólido y sustentable sistema de gobernabilidad para el desarrollo social y económico de Argentina.
Por ser un Plan que demandará equilibrada convergencia de sectores y territorio e integración de recursos humanos y naturales, es imprescindible abordar el desafío demográfico que significa la ocupación del país. Definitivamente se debería desarmar la macrocefalia de Buenos Aires quizás con la fórmula “crecimiento y expansión socio económica del interior + ajuste poblacional de la Buenos Aires Metropolitana”.
Creemos posible encarar -como parte del Acuerdo Estratégico de Desarrollo Humano Integral propuesto por el Ejecutivo- un proceso migratorio interno que consiga en 2050 que Buenos Aires tenga 12 millones de habitantes contra los 22 que prevé el crecimiento vegetativo. Hoy tiene 17 que ocupan 40 municipios del Gran Buenos Aires, el borde periurbano y la Ciudad Autónoma, siendo gobernada además de los gobiernos de estos territorios por el provincial y el federal.
La patriada supone relocalizar 10 millones de personas en 30 años según los requerimientos del Plan, porque debe ser migración que califique para su buen resultado, el que debe garantizar infraestructuras de servicios y comunicación suficientes. A modo de hipótesis imaginamos que en todas las regiones argentinas se puede expandir el turismo -mano de obra intensiva que incrementa las economías y culturas locales-; que los servicios del conocimiento pueden brindarse y exportarse desde cualquier rincón del país -con conectividad adecuada y cercanía de enclaves de conocimiento como Bariloche o Córdoba-; y que es posible agregar valor a las producciones regionales incentivando redes productivas exportadoras y de mercado interno.
Por creatividad, productividad y consumo sólo el fortalecimiento de la clase media en toda la Argentina dará cuenta del deseado proceso de desarrollo, el que deberá contar con el liderazgo social y político centrado en el Federalismo de Concertación. Desde el mismo está, para las provincias, la posibilidad de unificar personería regional a la hora de aceptar el convite presidencial del 10 de diciembre a los gobernadores cuando los convocó a participar “…con un criterio federal innovador, en clave productiva y social, más allá de lo meramente fiscal…”.
¿Por qué insistimos tanto en lo regional? Simplemente porque el federalismo de los estados provinciales del siglo XIX –que dio lugar al desarrollo nacional que supimos conseguir- hoy demanda la dimensión regional para vertebrar crecimiento y desarrollo en forma sustentable y permanente. Articulados regionalmente, imaginamos como ejemplos la concertación de prioridades sobre infraestructura con el gobierno federal, el que a su vez podría contar con una instancia regional de consulta sobre política cambiaria y tarifas. Serían unificaciones de personería incentivadoras de la cooperación regional entre provincias en punto a lo estructural del desarrollo y, obviamente, en el marco contenedor de la coparticipación federal.
Siguiendo la Constitución de 1994, 22 provincias formaron regiones: Patagonia, Nuevo Cuyo, Centro y Norte Grande. Descartando toda institucionalidad política que pueda limitar al federalismo, utilizaron la facultad de suscribir tratados formando regiones para el desarrollo económico social.
No lo hicieron aún Provincia de Buenos Aires y la CABA, enorme pendiente para el federalismo ya que estos dos estados albergan el 45 % de la población y más del 50% del producto geográfico del país, demasiado para estar afuera de la Argentina federal. Y distinguiendo BAM del interior bonaerense el pendiente se agiganta cuando desde la misma se percibe la imprescindible necesidad de ser región ya sea para definir su propia identidad y destino como para complementarse armónicamente con el resto de las regiones argentinas.
Los mencionados son objetivos estratégicos para BAM en clave del desarrollo propuesto porque al beneficio clásico del propio desarrollo se agrega la posibilidad de superar las agudas fragmentaciones que sufre, siendo la peor la socio económica liderando por lejos la pobreza, la indigencia, el desempleo y la precarización de la Argentina, con las secuelas que todos conocemos.
Porque federalismo y desarrollo socio económico se necesitan mutuamente hay que constituir la Región Metropolitana Buenos Aires, sumarla al proyecto deseado de Nación y sostener un sistema de gobernabilidad con federalismo de concertación buscando un país integrado donde Dios “esté y atienda en todas partes”.
