En el año 2015 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.191 que modificó y añadió artículos a la pionera Ley 26.190 del “Regimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica”. La nueva ley, con el sentido de ampliar plazos y determinar objetivos más claros y beneficios más atractivos para los inversores del sector, estipuló que para el año 2017, el 8% del total del consumo propio de energía eléctrica debía originarse de fuentes renovables, el 12% en 2019, el 16% en 2021, el 18% en 2023 y el 20% en 2025. A su vez, para despejar cualquier tipo de vacíos legales al respecto, definió concretamente qué entendía por fuentes renovables de energía: “Son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093”.
En cuanto al Régimen de Inversiones ideado para esto, la Ley 27.191 eliminó su temporalidad acotada de diez años, convirtiéndolo más seguro jurídicamente, apto para la atracción de capitales. Especificó que la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es excluyente de los beneficios de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, por lo que el inversionista podría acceder a ambos de forma simultánea. A su vez, extendió a 10 años el período para compensar los quebrantos en el Impuesto a las Ganancias, y detalló que las empresas que acrediten un 60% de integración de componente nacional (o un mínimo del 30% si no existe producción nacional) en las instalaciones electromecánicas, podían acceder a un certificado fiscal equivalente al 20% del componente nacional.
En cuanto a los resultados de los objetivos planteados, hay que señalar de dónde se partía para dimensionar los logros alcanzados. Antes de la Ley del año 2006, Argentina no llegaba al 2% de la energía eléctrica generada de fuentes renovables, mientras que hoy se estima que estamos en una cifra cercana al 16%. Si bien esto también significa que no vamos a cumplir el objetivo del 20% propuesto por la ley para el año 2025, se evidencia un consenso generalizado en el sector sobre la gran evolución de la presencia de las renovables y el campo que fueron ganando, tanto en su generación, como en la concientización social generalizada de su importancia. Por otro lado, estamos a un posible ejemplo a replicar en otros sectores energéticos.
Fuente: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)
La apertura de sesiones ordinarias del Congreso del pasado 1 de marzo dio inicio a un año que encuentra entre sus prioridades el tratamiento de la mencionada ley, dado que este año vencen los plazos establecidos. Hay dos grandes puntos que están en tela de debate, aunque hay consensos que, ante la escasez de la que sufrimos, valen la pena resaltarlos. El primero de ellos es que debe profundizar el camino hacia la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables, y el segundo es que el régimen de inversiones funcionó, por lo que difícilmente se vea modificado.
Ahora bien, a la hora de repasar los disensos se puede observar que el gobierno no cree en establecer objetivos porcentuales de generación de renovables como los que vimos anteriormente, ya que el estado no debería intervenir en un negocio de privados, ni tiene la potestad para fijar o impartir límites, o metas, mejor dicho. Seguramente una gran porción del Congreso de la Nación crea que sería conveniente tomar una dirección contraria, así se podría fijar un norte y mayor estabilidad a la legislación. El otro foco de debate, y quizás el que se llevará todos los titulares, es la tentativa de incorporar un artículo que especifique la imposibilidad de agregar nuevos impuestos a la inversión por parte de los gobiernos provinciales y locales. En este sentido, se creería que el gobierno estaría dispuesto a acompañar la solicitud realizan desde algunos actores clave del sector energético, pero se está en duda respecto a la respuesta que tomaría el resto de los bloques. Este posicionamiento por parte del sector empresarial se relaciona de forma directa con las quejas generalizadas que vienen elevando contra los intendentes y gobernadores provinciales que, habiendo visto reducidos sus ingresos por vías nacionales, comenzaron a impulsar nuevos impuestos.
Argentina se encuentra en una situación paradójica si se tiene en cuenta el contexto político cambiante e inestable en el cual desarrolla la convivencia política hace ya más de diez años. Valoramos el incremento de la energía proveniente de fuentes renovables, aún sabiendo que incumplimos la ley, porque la consideramos positiva en tanto y en cuanto se analiza el contexto citado. Marina Recalde (2017) hace bien en señalar que este es un sector complejo para la inversión, que requiere de la convivencia pacífica de factores políticos, económicos e institucionales, dado que la influencia de las expectativas es clave porque los proyectos de renovables demandan altas inversiones con horizontes de planeación y rentabilidad a largo plazo. La celebración del incremento de las renovables se da aún en la ausencia de estabilidad argentina.
Siguiendo la línea de la misma autora, las condiciones del entorno que son clave para el desarrollo de este tipo de proyectos son cuatro: la gobernanza (capacidad organizativa e institucional, marco político, legal y regulatorio, desarrollo de capacidades); la economía (macro y acceso a la financiación y disponibilidad de fondos); información (para el monitoreo y el diseño y la toma de decisiones); y la conciencia pública. Parecería ser que milagrosamente, Argentina logró incrementar su energía renovable solo apoyándose en la conciencia social alrededor del cuidado ambiental y de la frágil pero estable y efectiva Ley 27.191.
La motivación de esta descripción no responde a un carácter pesimista de la realidad nacional, sino a la siempre indispensable tarea de analizar los escenarios. Esto demuestra el potencial argentino, aún en condiciones que no son las óptimas. Por ejemplo, según lo expresado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) nuestro país posee la tercera reserva eólica más grande del mundo, en parte gracias a las zonas patagónicas que aportan vientos que pueden alcanzar hasta los 9 m/s. El siglo XXI invita a Argentina a un escenario más que positivo, tanto en energías renovables, como en producción de alimentos
La visión estratégica de ir hacia un sistema energético de autoabastecimiento con compromiso ambiental enmarcado en un desarrollo sostenible debe estar por encima de la escasa actividad legislativa que se prevé para este año electoral. Se desea que se produzca un debate profundo y criterioso que esté a la altura de la renovación que la ley demanda. Por ahora, la única certeza es que llegó el momento de volver a debatir el objetivo, pero esta vez con algunos consensos logrados.
