El Foro “La Gestión Local y los ODS” llegó a su fin con un encuentro presencial realizado el 11 de octubre. Por otro lado, se cerró la instancia virtual de otros dos Foros: “Hacia un AMBA más resiliente” e “Instrumentos de evaluación de impactos. Evaluación Ambiental Estratégica”.
Foro Temático “La gestión Local y los ODS”
El pasado 11 de Octubre la Fundación Metropolitana junto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llevaron a cabo el evento de cierre del Foro que tiene como objetivo discutir la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en las gestiones locales.
La implementación de los ODS tiene que ver con una serie de medidas propuestas por las Naciones Unidas, que deberán ser cumplidas de aquí al 2030. Tienen como objetivo poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, contemplando el ámbito local como actor estratégico. En consonancia, en 2016, el gobierno nacional adoptó la “Agenda 2030”, adaptando las metas de los ODS al contexto nacional.
Como resultado de este proceso de discusión, se elaborará un documento de recomendaciones que será presentado a decisores públicos y privados, con el objetivo de incidir en políticas públicas.
La actividad fue moderada por Consuelo Bilbao, miembro de Línea Verde Consultores, y en la misma expusieron: Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio del CNCPS, Fabio Quetglas, Diputado Nacional, Lucas Delfino, Subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, Luisa Cavanagh, Subsecretaria de Gestión Social del UVC CABA, David Groisman, Director General de Gestión Estratégica del GCBA, y Francisco Durañona, Intendente del Municipio de San Antonio de Areco.
Asistieron también, actores del ámbito decisional legislativo, sector privado, académico y ONG’s. Gastón Urquiza, Director ejecutivo de la Fundación Metropolitana, destacó la posibilidad de reunir sectores diversos para participar en la discusión: “Tratamos de generar espacios colaborativos como este foro que concluye hoy. Creemos que mediante la participación y la confluencia de saberes se puede enriquecer el debate en torno a políticas públicas. Lo importante es terminar incidiendo en ellas”.
Di Pietro explicó “El municipio es el lugar en donde se resuelve y en donde se verifica la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. Hoy estamos en medio del proceso, la agenda ‘2030’ todavía tiene que probar si realmente es una herramienta válida para la planificación territorial”.
Por su parte, Quetglas argumentó: “Hay una demanda muy fuerte que tiene que ver con la necesidad de tener un Estado. La sensación es que a veces enfrentamos gobiernos locales fallidos. No hay planificación, no hay gobierno (en el sentido más estricto del término), lo que hay es apenas administración. Lo que hay que generar, y es difícil, es la coordinación entre los distintos niveles de gobierno con distintas capacidades fiscales y técnicas”.
Pedro Del Piero, Presidente de la Fundación Metropolitana expresó: “Lo que hay que ponderar en la construcción de los ODS es la metodología. Los ODS están proponiendo una construcción de trabajo de abajo hacia arriba”.
Con respecto a la experiencia del gobierno nacional y los ODS, Delfino expresó: “Creemos que los ODS nos dan un nuevo desafío, sirven para coordinar diferentes jurisdicciones y municipios. Tenemos una gran oportunidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde tenemos un montón de recursos pero también problemáticas. Estos ejercicios nos van a servir para tener más prioridades y a la vez tenerlas más claras”.
Desde la perspectiva del gobierno de CABA, Groisman dijo: “Nosotros trabajamos a partir de tres pilares: un proceso de adecuación, que significa trabajar de manera transversal con todos los ministerios para decidir cuáles son las metas específicas; un proceso de sensibilización
, tratando de involucrar a la ciudadanía; y finalmente el posicionamiento del tema en agenda, tanto dentro del propio gobierno como fuera”.
Finalmente, Durañona transmitió el trabajo de San Antonio de Areco en el marco de los ODS: “Nosotros hemos desarrollado la gestión local a partir del modelo del arraigo, un modelo que garantiza la tierra, el techo, el trabajo y la educación. Debemos incorporar esto definitivamente a la agenda. Es el modelo que la Argentina y la región debe adaptar de una vez para terminar con este movimiento pendular del avance y el retroceso”.
Foro Temático “Hacia un AMBA más resiliente”
Este Foro, llevado adelante con CIPPEC, culminó su etapa virtual el 26 de Octubre. Se está cerrando el documento síntesis a cargo de los tutores Ana Carolina Herrero y José David de CIPPEC. El encuentro presencial todavía no tiene fecha
Los ejes del debate fueron tres:
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los diferentes actores (Gobierno nacional, provincial, municipal, sector privado, academia y sociedad civil), para desarrollar una agenda de adaptación frente al cambio climático?
¿Cuáles son los aportes que cada sector puede hacer en la promoción de una estrategia local de resiliencia frente al cambio climático?
¿Qué ideas, planes, proyectos y/u obras se deberían desarrollar para hacer del Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA)[1] una región más resiliente?
Fundamento del Foro
Contexto sobre ciudades y cambio climático
Las ciudades se están convirtiendo cada vez más en el territorio clave donde abordar el cambio climático, ya que es allí donde se ven sus riesgos e impactos y, al mismo tiempo, donde se producen la mayoría de sus causas. Si bien es un fenómeno global, el abordaje del cambio climático a nivel local cobra un sentido transformador desde la perspectiva social y económica.
Vincular la planificación y el desarrollo urbano a la respuesta que pueden dar las ciudades al cambio climático es fundamental, dado que la población urbana seguirá creciendo de manera exponencial. A nivel mundial, dicha población se ha incrementado rápidamente desde 1950, pasando de 746 millones a 3.900 millones en 2014. Se espera que aumente a 6.300 millones en 2050, del 54% hasta el 70% de la población mundial (ONU-Hábitat, 2014). Las megaciudades y regiones metropolitanas continúan expandiéndose: se estima que para el año 2030, habrá 41 megaciudades con al menos 10 millones de residentes cada una, localizadas principalmente en el hemisferio sur (Mayr, et al., 2017).
La urbanización acelerada, a su vez, ha venido acompañada por el aumento de las emisiones globales de carbono producto de la quema de combustibles fósiles. Dichas emisiones aumentaron en el período comprendido entre los años 1950 y 2005 alrededor de 6 veces (Mayr, et al., 2017). Adicionalmente, las ciudades son responsables del 60% al 80% del consumo de energía, generando el 70% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) (ONU-Hábitat, 2016).
Teniendo en cuenta que en los próximos 15 años se construirán tantas áreas urbanizadas como en toda la historia de la humanidad hasta ahora (Lanfranchi & Contin, 2017), se hace evidente que existe una necesidad urgente de desarrollar la resiliencia climática para enfrentar los riesgos e impactos negativos que el cambio climático tiene para las ciudades y sus habitantes.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los aglomerados urbanos estarán expuestos a un aumento de la temperatura superior a 1,5°C sobre los niveles preindustriales a mediados del corriente siglo (Revi, et al., 2014). La frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos también aumentará y elevará el nivel de riesgo de morbilidad y mortalidad (Rosenzweig & S, 2015).
Los peligros para la salud más importantes relacionados con el clima en las áreas urbanas son las tormentas, las inundaciones, las olas de calor extremo y los deslizamientos de tierra (Revi, et al., 2014). Se ha observado que, a nivel mundial, el número de desastres naturales viene aumentando tanto en frecuencia como en intensidad: 4.000 eventos entre 2003 y 2012 en comparación con 82 en el período 1901-1910 (ONU-Hábitat, 2016). Este tipo de eventos limitan la funcionalidad y la resiliencia general de una ciudad, lo que afecta su capacidad de recuperación (Mayr, et al., 2017). Además, las estimaciones muestran, por ejemplo, que el costo material global de los desastres para el período comprendido entre 1996 y 2005 ascendió a 667 mil millones de dólares (ONU-Hábitat, 2016).
Considerando que la planificación urbana desempeña un papel clave en la respuesta global al cambio climático, desarrollar la resiliencia climática es primordial en el contexto de la rápida urbanización, motivo por el cual debería expandirse más allá de las divisiones sectoriales y las fronteras jurisdiccionales. Por lo tanto, es necesario revisar los esquemas gubernamentales y fomentar un enfoque institucional integral que pueda abordar la metrópoli de manera transversal, en lugar de zonas territoriales o sectores temáticos (Gómez Álvarez & Lanfranchi, 2017). También es menester que se elabore un marco que proporcione más orientación sobre lo que la resiliencia climática significa en la práctica y señale cómo los planificadores urbanos pueden fortalecerla (Tyler y Moench, 2012).
En particular, las ciudades deben encarar acciones no sólo ligadas a obras y mejoras de infraestructura, sino también de concientización, capacitación, educación, adecuación normativa, utilización de sistemas de información y de alerta temprana, entre otras. Para avanzar hacia ciudades más resilientes es necesario capacitar tanto al personal del gobierno local, como a la población acerca de la importancia de la temática y de los peligros a los que pueda estar expuesta dicha población, los sistemas de salud, los bienes materiales, la economía, la infraestructura, entre otras variables.
Asimismo, es necesario incorporar la reducción de riesgo de desastres y resiliencia en los programas escolares y desarrollar formación profesional formal para darle jerarquía, capacitación y preparación técnica a los actuales ‘respondedores’ locales que trabajan en la respuesta ante la emergencia y las situaciones de contingencia. Por otro lado, es fundamental establecer un marco institucional y administrativo dentro del gobierno local que permita la organización y la coordinación entre los diferentes niveles del Estado, para comprender y reducir el riesgo al que está expuesta la comunidad de manera transversal.
Finalmente, uno de los prerrequisitos primordiales para la toma de decisiones basadas en evidencia de alta calidad, es mantener información actualizada sobre los peligros y vulnerabilidades. Para ello es clave desarrollar evaluaciones del riesgo con el fin de utilizarlas como base para los planes y decisiones relativas al desarrollo local. En el mismo sentido, la sistematización continua de la información en plataformas de Sistemas de Información Geográfica puede ayudar a determinar la naturaleza y el grado del riesgo de desastres.
El liderazgo y participación de los gobiernos locales juega un papel vital para cualquier compromiso en la reducción del riesgo frente al cambio climático, por medio de su implementación exitosa en el proceso de desarrollo urbano. Hacer de las ciudades argentinas territorios más resilientes es una responsabilidad de naturaleza colectiva donde todos deben estar involucrados: los gobiernos nacionales, provinciales y locales; las organizaciones internacionales, regionales y de la sociedad civil; el sector privado en general; las instituciones académicas y asociaciones de profesionales; y, los ciudadanos.
Resiliencia urbana
El concepto de resiliencia se origina en el campo de la física y hace referencia a la capacidad que tienen los cuerpos para volver a su forma original, luego de haber sufrido deformaciones producto de la fuerza.
Por su parte, el IPCC definió en 2014 a la resiliencia como “la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), estableció en 2013 los siguientes aspectos para lograr la resiliencia en una ciudad:
- La población reside en viviendas y barrios que cuentan con servicios e infraestructura adecuados y cumplen con códigos de construcción razonables.
- El gobierno local es incluyente, competente y responsable que vela por una urbanización sostenible y destina los recursos necesarios para desarrollar capacidades con el objeto de asegurar la gestión y la organización de la ciudad antes, durante y después de que un peligro se materialice.
- Las autoridades locales y la población comprenden sus peligros y crean una base de información local compartida sobre las pérdidas asociadas a la ocurrencia de eventos, los peligros, riesgos, y sobre quiénes están expuestos y vulnerables.
- Las personas están empoderadas para participar, decidir y planificar su ciudad conjuntamente con las autoridades locales, valorando el conocimiento, las capacidades y los recursos locales autóctonos.
- Se toman medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, mediante el uso de tecnologías de monitoreo y alerta temprana para proteger la infraestructura, los activos y los integrantes de la comunidad.
- Respuesta e implementación de estrategias inmediatas de recuperación y restauración rápida de los servicios básicos necesarios para reanudar la actividad social, institucional y económica tras un desastre.
- Comprende que la mayoría de los puntos anteriores también son primordiales para desarrollar una mayor resiliencia del desarrollo ante otros eventos, incluyendo el cambio climático.
Con el foco puesto en el Aglomerado Gran Buenos Aires
Considerando que el AMBA está siendo azotado con mayor frecuencia por eventos climáticos que producen serios impactos sociales, ambientales y económicos, resulta estratégico sentar las bases del conocimiento del riesgo climático al que está expuesta la población.
Los efectos del cambio climático en la región comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 y la ola de calor de diciembre 2013-enero 2014, se produjeron más de 600 defunciones; también los vientos fuertes impactaron de manera contundente en los municipios de la periferia.
Frente a este escenario, surgen una serie de preguntas que pueden orientar a los municipios en la consideración del cambio climático como una política transversal en sus ámbitos de gestión: ¿cuánta población vulnerable frente al cambio climático se localiza en el partido?, ¿cuáles son las variables que la hacen vulnerable (aspectos sociales y económicos?, ¿a qué amenazas climáticas está expuesto el territorio?, ¿cuál es el riesgo al que está expuesta la población?
Se presenta un gran desafío para los municipios del AMBA, pensar y desarrollar una agenda de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que aborde las consecuencias del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad de la población y por consiguiente el riesgo. Las medidas de adaptación irán desde obras y mantenimiento de infraestructuras que controlen las crecidas de los ríos, pasando por un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación, capacitación y concientización con los vecinos, diseñadas para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres particulares.
El municipio que se adapte al cambio climático se convertirá en “resiliente”, esto significa que frente a un evento extremo del clima, tendrá la capacidad de absorberlo, adaptarse y recuperarse, siempre preservando sus funciones y estructuras.
Foro Temático “Instrumentos de evaluación de impactos. Evaluación Ambiental Estratégica”
Este Foro, llevado adelante junto con el Consejo de Planeamiento Estratégico de la CABA, finalizó su etapa de debate virtual el 25 de Octubre. El tutor Máximo Lanzetta está elaborando el documento síntesis. La fecha del encuentro presencial es el 20 de noviembre en el marco de Dialogando BA.
Los ejes del debate fueron dos:
¿Qué políticas, planes, programas y proyectos ameritan la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en CABA, debido a que exceden el alcance de la Ley N°123/98 de Evaluación de Impacto Ambiental?
¿Cuáles son las instancias de participación que debe tener la Ley?
Fundamento del Foro
Si bien la Evaluación de Impacto Ambiental[2] (EIA), Ley 123 y sus reglamentaciones, ha demostrado ser un instrumento válido de aplicación a sus fines específicos, presenta limitaciones justificadas en su origen y propósito al evaluar los efectos ambientales proyecto a proyecto. La ley no alcanza a medir los impactos ambientales acumulados que son susceptibles de potenciarse en el tiempo o interrelacionarse entre sí, provocando una acción negativa sumatoria y sinérgica. Por lo tanto, resulta insuficiente de cara a consideraciones estratégicas de desarrollo urbano.
En este contexto, surge la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como un nuevo instrumento de planificación y apoyo, que complementa el esquema de evaluación de impacto ambiental tradicional. La EAE funciona con las normativas genéricas de la Unión Europea. En Latinoamérica diversos países como Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay la han ido incluyendo en su marco normativo y su implementación se ha aplicado, generalmente, a la preservación de los recursos naturales.
El pasaje de la EIA a las EAE tiene que ver con pasar a un nivel de análisis más estratégico y comprensivo que aquél de los proyectos puntuales. No sustituye la EIA sino que ambas colaboran a perfeccionar el proceso de toma de decisiones. La EAE es necesaria y útil en la etapa programática, previa al proyecto, en tanto que la EIA analiza los impactos de proyectos puntuales.
Considerar el fenómeno de múltiples proyectos/actividades interactuando entre sí (y aquellos impactos acumulados de efectos producidos por cada proyecto puntual) permitirá interpretar qué intervenciones generarán una sinergia ambiental negativa o positiva.
Asimismo, la EAE se ocupa de analizar los efectos generados por Políticas, Planes y Programas (el ciclo PPP de la gestión) sobre un territorio determinado, verificando en escenarios futuros la obtención de ventajas, ya sea mitigando problemas de un área o aprovechando sus potencialidades con una mirada hacia la sustentabilidad en relación a tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental.
Formula una amplia gama de escenarios posibles, que lleva a cotejar la situación cero con la proposición de alternativas, analizar pros y contras de las grandes tendencias de transformación de un área.
Otra característica de esta herramienta es la incorporación, en diversas instancias del procedimiento, de la participación de todos los actores gubernamentales involucrados, como así también de la opinión de la sociedad civil.
La aplicación de la EAE es relevante cuando es significativa la población involucrada o posible de ser afectada, cuando es extenso el territorio de influencia y/o el horizonte temporal es de largo plazo.
En el caso de Argentina, aún no ha sido normada esta herramienta; no obstante ello, algunos fallos judiciales promueven su aplicación.
La EAE surge asimismo como un instrumento territorial integrador, dinámico, abarcativo, de aplicación más temprana (a nivel de políticas, planes y programas) para la evaluación de zonas de criticidad y/u oportunidad, así como ante la inserción en la trama urbana de proyectos urbanísticos y edilicios de carácter público o privado. Este método de evaluación permitiría incluir las consideraciones ambientales en la toma de decisiones, de modo de prevenir el deterioro ambiental y/o mejorar la calidad del medio urbano.
En síntesis, lo que se busca con la identificación y evaluación de los potenciales impactos al medio natural y urbano es lograr el desarrollo sustentable en los términos establecidos por el Informe Brundtland, preservando, y en lo posible mejorando, las condiciones ambientales urbanas para las generaciones futuras.
[1] A los fines de este Foro, los términos AGBA (Aglomerado Gran Buenos Aires) y AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) son utilizados como sinónimo y de manera indistinta, representando el área comprendida por la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios contiguos de la Provincia de Buenos Aires.
[2] PUA, Art. 20_Evaluaciones de Impacto
