POR LUCIANO PUGLIESE, FUNDACION METROPOLITANA – Desde que se inundó La Plata, la Fundación Metropolitana me invitó a participar de este espacio cerca de cada aniversario del 2A. Traté de reflejar en cada oportunidad qué hay de nuevo en la ciudad y la región a la luz del desastre: si nos estamos preparando para evitar repeticiones; si estamos adquiriendo conciencia sobre las restricciones que nos impone una ciudad inundable; si hay reparación y sanción por las omisiones de política pública que podrían haber sido dolosas. Es que desde el principio quedó claro que la naturaleza se ensañó con La Plata, pero la fatalidad no fue solo obra de la naturaleza.
Los años pasan rápido pero la realidad no siempre se transforma a la misma velocidad. En 2014, a solo un año de la gran inundación, enfatizábamos acerca de los costos de eludir eternamente respuestas de política pública a determinados problemas: “no es verdad que toda decisión crítica pueda postergarse, que las inconsistencias y descoordinaciones puedan ocultarse, que podamos desentendernos del mediano y largo plazo apostando solo a invertir en lo que rinde comunicacionalmente hoy; que alcance con actuar por espasmos frente a los desastres; que se pueda mantener un abismo entre el conocimiento y la acción; que los recursos humanos en el estado no deban ser objeto de políticas para fortalecerlos y mejorarlos; que pueda declamarse una gestión urbana equitativa cuando hay sesgos marcados en la distribución de recursos y beneficios a favor solo de algunos sectores, por acción u omisión. Tampoco es verdad que la transparencia e información pública deban quedar solo en la letra legislativa”.
Era la reacción intensa desde la mirada de la gestión de políticas públicas una vez que nos habíamos dado de cabeza con la realidad de la peor manera. La pregunta a hacernos entonces es: ¿cuánto estamos aprendiendo después de la inundación en La Plata?
El año pasado, ya con un plan de grandes canalizaciones con pocos antecedentes en la historia de la región ejecutado en un 60% por dos gobiernos, destacábamos lo significativo de esas concreciones. Es cierto que algunas de las obras fueron pensadas en 1933 después de otra gran inundación!! Finalmente estaban (y siguen) en marcha. Pero tras cartón señalábamos qué aspectos se adeudaban todavía desde un enfoque de reducción de riesgos, es decir desde una mirada más comprehensiva sobre cómo enfrentar estas amenazas.
Decíamos también que: 1) sin conocimiento público sobre qué tormentas “resiste” la respuesta “ingenieril” no había noción del riesgo y por lo tanto posibilidad de actuar si las obras eran superadas: ¿cuánto debe llover para qué ocurran qué problemas zona por zona?; 2) que la infraestructura de drenajes para conducir o retener aguas no es solo un tema de servicios en la vía pública sino también de formas de uso del suelo privado; porque la forma en que se ocupa el suelo contribuye o agrava el manejo del agua; 3) la gestión del riesgo hídrico implica antes que nada, prepararse por si la inundación sucede. Eso implica capacidad de alertar, organización de medios públicos, y (muy importante) comunicación y aprendizaje social sobre el riesgo, qué esperar de las autoridades y cómo comportarse, siempre pensando que los más vulnerables son los más pobres; 4) las agencias del estado deben coordinarse.
La foto de este 2A muestra que las obras anunciadas han avanzado bastante aceleradamente (hoy están en casi el 80%) por más que resten innumerables problemas de detalle como interferencias de servicios troncales con los conductos, relocalizaciones pendientes o problemas con algunas licitaciones clave. También es cierto que se trabajó menos en las cuencas menores que pueden estar proporcionalmente más expuestas al riesgo. Pero es un dato cierto que buena parte de la ciudad tendrá menos problemas frente a determinadas lluvias. Eso sí, cuando estén plenamente terminadas.
No obstante, pese a los intentos, poco o nada hay de avanzado en todo lo demás. Hay un problema: “todo lo demás” a veces es poco relevante para el sentido común que asimila “obra pública” a solución definitiva. Pasa que la experiencia y el estado del conocimiento indican otra cosa.
¿Qué novedades hubo? La información pública, clara y accesible sobre qué protección brindan las obras, y cuál es el plan a largo plazo del que siempre se habló, sigue ausente como iniciativa de las autoridades. No hay posibilidad de un debate informado. Algunas cosas se van sabiendo en parte a raíz de un juicio por acceso a la información pública iniciado por algunos vecinos. Y muestran por ejemplo que los escenarios de tormenta siguen siendo los estudiados y estilizados por estudios del año 1984 cuando hay evidencia de un creciente agravamiento en los últimos 20 años. Aun con esos viejos datos, se van entreviendo las limitaciones en la capacidad de encauzamiento otorgada al principal de los arroyos, el Del Gato, agravadas si se hicieran otra serie de obras necesarias para que las distintas zonas de la ciudad puedan drenar hacia los cursos principales. Seguramente debiera pensar en retenerla. Es posible que haya nuevos balances de beneficiados y afectados. Por lo pronto, el curso principal rebasaría para tormentas de mucha menor frecuencia que la que se considera para el sistema Matanza Riachuelo, entre otras cuencas. Un detalle que habla de estilos de gestión: los datos que alimentan los (ya viejos) modelos de simulación están en manos de una consultora, no son de propiedad pública.
En materia de organización de un sistema para actuar frente a contingencias que inevitablemente se producirán cada cierta cantidad de años superada la capacidad de las obras, (lo primordial y menos oneroso), queda demasiado por hacer. Hay nuevo equipamiento para mejorar las predicciones de lluvia, pero ningún procedimiento y equipos para evaluar el comportamiento de la ciudad y su sistema hídrico en el mismo momento en que cae. Lo fundamental, que es la estrategia de comunicación pública, internalización social del riesgo y entrenamiento mediante simulacros, sigue inexplicablemente ausente o es francamente imperceptible. Los establecimientos escolares y de salud en zonas críticas siguen sin medidas de protección y planes de contingencia. El 2A fue “afortunadamente” feriado. No se conoce que se hayan hecho simulacros de ningún tipo. Hay nuevo equipamiento para los equipos de Protección Civil, probablemente otra preparación de los agentes estables y nuevos protocolos de acción. Pero el protocolo en la época del 2A tenía varios tomos.
Se anuncia para este año un debate sobre modificaciones al código de ordenamiento urbano de la ciudad. Veremos de qué manera la nueva norma controlará dinámicas urbanas que reproducen los problemas que nos trajeron hasta acá. Poco se ha visto sobre coordinación interestatal. Por lo pronto, el Comité de Cuenca que involucra a los tres municipios de la región (La Plata, Berisso y Ensenada) no parece funcionar. Finalmente, aunque se sabía de sobra sobre el colapso de la infraestructura y hay grandes sospechas sobre la manera de computar las víctimas, hay solo dos funcionarios de bajo rango con cargos menores.
En el fondo, y volviendo al principio, sigue vigente la misma pregunta. ¿Estamos aprendiendo lo suficiente? La política tiene una responsabilidad central. La sociedad tiene que hacer también su parte no olvidando que nos habíamos inundado muchas veces antes. El desastre obliga a colocar para este tema una vara inevitablemente alta.
