El anuncio oficial
El 18 de julio de 2025, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno de Javier Milei iniciará el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa estatal que presta servicios de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires. La medida, prevista en la Ley Bases de 2024, se formalizó luego mediante la Resolución 1198/2025 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
Cómo será el proceso de privatización
El Estado nacional posee actualmente el 90% del capital social de la compañía, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada, que seguirá vigente. La decisión oficial contempla un esquema de venta en dos etapas: la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, y la colocación del resto en el mercado bursátil local. El plazo fijado para completar el proceso es de ocho meses, con abril de 2026 como fecha límite.
Argumentos del Gobierno
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca “modernizar el sector, atraer inversiones y mejorar precio y calidad del servicio”. Entre los argumentos presentados, se destaca que AySA recibió transferencias del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023 sin lograr revertir su déficit estructural ni evitar un deterioro en la infraestructura. Solo durante el último gobierno, se destinaron 4.800 millones de dólares, cifra que, según Adorni, se utilizó en parte con fines políticos.
En respaldo de la privatización, el oficialismo subraya que la empresa alcanzó en 2024 un superávit operativo, pero únicamente tras fuertes aumentos tarifarios (367% desde diciembre de 2023) y reducción de subsidios. Para sostener y expandir el servicio, argumenta, serían necesarias inversiones imposibles de afrontar sin capital privado.
Marco institucional y regulatorio
El proceso de traspaso contempla además la creación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo ejecutor, la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y la intervención del Tribunal de Tasaciones o de un banco estatal para valuar el paquete accionario. Bernardo Heredia, subsecretario de Recursos Hídricos, fue designado al frente de la Agencia de Planificación, que definirá las obras de expansión de la red.
Los antecedentes de los 90
La medida no es inédita en la historia argentina. En 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, Obras Sanitarias de la Nación fue concesionada al consorcio Aguas Argentinas, encabezado por la francesa Suez. El contrato terminó rescindido en 2006 por incumplimientos de inversión, subas tarifarias y problemas en la calidad del servicio. Ese antecedente alimenta las críticas actuales: académicos, especialistas en gestión del agua y organizaciones sociales advierten que el traspaso a privados puede vulnerar el principio de universalidad del acceso al agua potable.
Las críticas y los riesgos
El sociólogo Juan Pablo Olsson sostiene que la lógica de lucro empresarial es “incompatible con garantizar el agua como derecho humano básico”, mientras que el investigador Julián Zícari recuerda que hoy no hay evidencia de deterioro ni sospechas graves de corrupción que justifiquen una salida drástica.
En la misma línea, Malena Galmarini (expresidenta de AySA) advierte que privatizar “significa poner en riesgo el derecho básico de acceso al agua”. Señala que el decreto 493/25, por el cual Javier Milei autoriza la privatización, habilita a un posible concesionario a cortar el servicio por falta de pago, algo expresamente prohibido desde la reestatización firmada por Néstor Kirchner en 2006.
Para Galmarini, la historia reciente respalda sus advertencias: entre 1993 y 2006, bajo la gestión privada de Aguas Argentinas (liderada por la francesa Suez), los barrios populares quedaron postergados, hubo problemas de presión de agua y años de desinversión que solo pudieron revertirse con la estatización. En sus palabras, “el usuario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un cliente”.
También cuestionó los argumentos económicos del Gobierno: recuerda que las transferencias del Tesoro Nacional se tradujeron en nuevas conexiones de agua y cloacas, mientras que hoy, a pesar de los fuertes aumentos tarifarios, las obras están paralizadas.
El agua como derecho humano
La decisión de privatizar AySA reabre un debate sensible sobre cómo garantizar un servicio que no solo es estratégico, sino que constituye un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Si bien el Gobierno plantea que la participación privada permitirá aliviar las cuentas fiscales y atraer inversiones, la experiencia histórica y comparada muestra que en muchos casos este tipo de esquemas derivaron en aumentos tarifarios, segmentación territorial y dificultades para mantener la universalidad del acceso.
El agua potable y el saneamiento no pueden reducirse a un bien de mercado, ya que de ellos dependen la salud pública, la equidad social y el desarrollo urbano. En este sentido, más que discutir únicamente sobre la eficiencia económica, el centro del debate debería ser cómo asegurar que todas las personas, sin distinción de ingresos o lugar de residencia, accedan en condiciones justas a un servicio esencial.
La privatización, sin una regulación sólida y controles efectivos, corre el riesgo de poner el interés empresarial por encima de la garantía de derechos. Por eso, antes que avanzar en la transferencia al capital privado, la verdadera discusión es cómo lograr un modelo sostenible de gestión que combine eficiencia, transparencia y la protección del agua como bien común y derecho fundamental.
