Las jornadas internacionales y preparatorias del Primer Congreso de CiudadanÃa Digital se consolidaron como un espacio estratégico de debate sobre cómo la digitalización transforma la vida contemporánea. El evento fue organizado por diversas instituciones académicas y de investigación, tanto nacionales como internacionales, incluyendo universidades, seminarios permanentes, centros de investigación y proyectos UBACyT vinculados a derechos, tecnologÃa y vulnerabilidad. Investigadores, docentes, referentes de la sociedad civil y especialistas en polÃticas públicas coincidieron en que la ciudadanÃa digital ya no es un tema accesorio, sino un derecho en construcción que debe enfrentar vulnerabilidades, desigualdades y nuevas formas de violencia. La discusión se centró en 3 ejes principales: los riesgos para la niñez y la vejez, los desafÃos que la hiperconexión impone a adolescentes y familias, y el rol del Estado en el diseño de una transformación digital inclusiva.
Uno de los aportes más contundentes fue el de la Dra. MarÃa Isolina Dabove, quien describió 2 polos de vulnerabilidad: la exposición prematura de la infancia a entornos digitales sin mediación ética, y la exclusión de las personas mayores por prejuicios asociados al viejismo. Mientras los niños son sometidos a algoritmos que vigilan y modelan su conducta sin que tengan herramientas para comprenderlo, los mayores padecen barreras de accesibilidad y estigmas que los relegan a la invisibilidad digital. La académica advirtió que este doble descuido genera daños concretos, desde diagnósticos médicos erróneos mediados por algoritmos entrenados con sesgos etarios, hasta delitos como el phishing. Reclamó la creación de puentes jurÃdicos que reconozcan la autonomÃa progresiva de la niñez y refuercen la autonomÃa de la vejez, amparándose en estándares internacionales como la Observación General 25 sobre derechos del niño en entornos digitales o la Convención Interamericana sobre los derechos de las personas mayores.
La Dra. Lidia M. R. Garrido Cordobera por su parte, profundizó en las consecuencias del uso intensivo de pantallas tras la pandemia, que aceleró la dependencia digital y amplió brechas de acceso. Subrayó riesgos como la monetización de datos sensibles, el ciberacoso y la aparente impunidad que ofrece el anonimato en lÃnea. Más que el tiempo de exposición, lo determinante es el tipo de contenido y la falta de acompañamiento. De allà la necesidad de una educación digital emotiva, que fortalezca la capacidad de autocuidado y el vÃnculo de confianza con los adultos. En esa lÃnea, las investigadoras Karina Huertas e Inés Huergo analizaron la aplicación de la Carta de Derechos Digitales de España en relación con la niñez, mostrando cómo las tecnologÃas amplifican desigualdades y afectan salud mental, socialización y privacidad. Destacaron la falta de transparencia algorÃtmica, la expansión de la vigilancia y la exposición a contenidos nocivos, proponiendo una alfabetización digital crÃtica que supere la mera enseñanza técnica.
Desde la perspectiva social, Rosana Barroso y Laura Macazaga de Fundación Lea señalaron la gravedad de la desconexión entre adultos y jóvenes: con promedios de 7 horas diarias frente a pantallas, muchos adolescentes enfrentan soledad, presión por el dinero fácil e incluso pensamientos suicidas, sin adultos de confianza a quienes acudir. Frente a este panorama, abogaron por dejar de lado la fragmentación institucional y articular protocolos de prevención basados en las realidades locales. Macasaga enfatizó además el rol potencial de los adultos mayores como cuidadores y observadores, capaces de detectar señales de alarma en niños y adolescentes gracias a sus vÃnculos afectivos. Ambas coincidieron en que la legislación es insuficiente si no se acompaña con participación, prevención y formación de agentes multiplicadores en familias, escuelas y comunidades.
En cuanto al papel del Estado, Lidia Piccinino Centeno de Stadi Innovation diferenció entre digitalizar trámites y transformar digitalmente la gestión pública. La verdadera transformación exige cambios normativos, culturales y de gobernanza, junto con infraestructuras tecnológicas sólidas. Explicó los distintos niveles de madurez digital gubernamental y presentó experiencias argentinas de identidad digital como Mi Argentina y Mi BA, este último basado en blockchain y con un enfoque descentralizado. Subrayó que la gestión de datos personales por parte de los ciudadanos es un paso hacia modelos más transparentes y democráticos, aunque persisten vacÃos legales sobre inteligencia artificial, derecho al olvido o protección frente a deepfakes.
El cierre de las jornadas enfatizó la naturaleza interdisciplinaria de los desafÃos y la urgencia de un abordaje integral que convoque a gobiernos, academia, familias y sociedad civil. La ciudadanÃa digital requiere un enfoque preventivo, inversión en conectividad y programas de alfabetización a lo largo de toda la vida. También demanda un compromiso ético de las plataformas y de quienes diseñan algoritmos, para garantizar que la tecnologÃa sirva al bienestar humano y no lo socave.
Las jornadas preparatorias del Primer Congreso de CiudadanÃa Digital, que se celebrará en Córdoba el 11 y 12 de septiembre, dejaron en claro que estamos ante una encrucijada histórica. La digitalización no es neutral: puede reproducir desigualdades o convertirse en una palanca de inclusión. Todo dependerá de la capacidad colectiva de construir marcos normativos, alianzas institucionales y espacios educativos que prioricen el pensamiento crÃtico, la prevención y la reconexión humana. La ciudadanÃa digital, entendida como derecho y responsabilidad, solo podrá consolidarse si se logra equilibrar innovación con ética, velocidad tecnológica con reflexión democrática, y acceso con cuidado de los más vulnerables.
