Informe Digital Metropolitano

A todos nos ocurre. Hay circunstancias que nos sacuden y dejan huella en nuestras vidas. A mí me ocurrió con la inundación del 2 de abril en La Plata porque vivo en esta ciudad, más específicamente en la localidad de Tolosa.

Tantos otros describieron muy bien las imágenes y sensaciones del desastre. La angustia de esas horas en medio de una cortina imparable de agua. Horas sin comunicación, sin luz, sin rescate, sin noción real de lo que estaba ocurriendo. Sin chance para salir de las casas porque ya era tarde para abrir las puertas, o porque las rejas no lo permitían, o por la correntada. Muchos observando que cosas peores les ocurrían a vecinos más débiles, sin poder hacer gran cosa.

Las notas relevantes del día después fueron el horror por las muertes (¿cuántas?), la destrucción de los bienes (se sacaron en los días siguientes 13.000 toneladas de residuos, contra las poco más de 500 que se sacan cada día), la inmensa solidaridad que se descargaba casi tan fuerte como la lluvia, y esa sensación instalada en la gente de que lo ocurrido no fue una fatalidad sólo atribuible a la naturaleza.

Para un profesional ligado por años a lo público nunca me resultó más patente que los problemas que se tornan crónicos en la gestión en las políticas urbanas traen consecuencias. No es verdad que toda decisión crítica pueda postergarse, que las inconsistencias y descoordinaciones puedan ocultarse, que podamos desentendernos del mediano y largo plazo apostando sólo a invertir en lo que rinde comunicacionalmente hoy;  que alcance con actuar por espasmos frente a los desastres; que se pueda mantener un abismo entre el conocimiento y la acción; que los recursos humanos en el Estado no deban ser objeto de políticas para fortalecerlos y mejorarlos; que pueda declamarse una gestión urbana equitativa cuando hay sesgos marcados en la distribución de recursos y beneficios a favor sólo de algunos sectores, por acción u omisión. Tampoco es verdad que la transparencia e información pública deban quedar solo en la letra legislativa.

La gestión urbanística, la gestión de las obras públicas, la gestión hídrica, la protección civil frente al riesgo, sólo por mencionar algunos sectores, vienen deteriorándose desde hace muchas períodos en la Provincia y en la Ciudad. Equipos humanos diezmados, falta de recursos para la gestión, e inexistencia de planificación son algunas de las notas de un estado que se refundó culturalmente después de los 90, pero no necesariamente refundó su capacidad de hacer.

 ¡Qué paradoja!: La Plata, la ciudad que tiene episodios de inundación cada tres o cuatro años, registra a la vez una de las mayores explosiones edificatorias del país. Más de tres millones de metros cuadrados entre 2003 y 2012. Decenas de miles de nuevas unidades residenciales la mayoría de las cuales los platenses necesitados de vivienda no alcanzan a comprar. La Plata, una ciudad que densifica su casco fundacional  de modo casi indiscriminado según la parcela de la que  pueda obtenerse la renta más grande, sin ninguna lógica que estructure y conduzca el crecimiento por sectores de la ciudad. Una ciudad que también expande rápidamente sus límites con una mezcla de asentamientos y barrios cerrados. Una ciudad donde quien se beneficia no compensa: la construcción en La Plata no ha contribuido siquiera a ampliar las redes que congestiona. Mucho menos a financiar al menos acciones estructurales, como un verdadero plan maestro de drenajes pluviales.

Por eso los ciudadanos de esta región percibimos que no fue obra de la fatalidad. Que ciertas dinámicas de la ciudad multiplicaron los efectos. Que algo se podría haber hecho con tiempo. Cantidad de informes técnicos y estudios lo habían alertado: era posible una catástrofe.

Se anuncia ahora un plan con grandes obras hidráulicas de conducción que venían siendo pedidas hace años y constituirían una inversión que no se realizó en décadas. Bienvenidas. De concluirse se trataría de un verdadero hito.

Pero es imprescindible saber exactamente de qué nos protegen, puesto que no eliminan absolutamente el riesgo, como es natural en este tipo de infraestructuras. O para qué escenarios de crecimiento de la ciudad fueron pensadas. Ni una sola audiencia pública, ni una difusión que vaya algo más allá de la mera descripción, casi los títulos. Ningún anuncio de medidas asociadas para resolver los riesgos subsistentes al final de las obras: ¿cómo proteger a los que siguen sufriendo inundaciones en determinados escenarios?  Ninguna demostración de que se analizaron alternativas. Hay conocimiento acumulado y desarrollo instrumental como para mostrarlo con claridad a los ciudadanos, pero eso no ha ocurrido aun. La comunicación es un costado de la gestión que no necesariamente transitan los núcleos de la burocracia técnica en quienes la política parece haber depositado la responsabilidad plena. ¿Sólo debemos confiar ciegamente en ellos?

Con todos sus probables beneficios, aun en el desconocimiento, un conjunto de obras de conducción debiera articularse además en un plan más amplio si quisiéramos evitar su rápida obsolescencia. Debiera involucrar las redes pluviales urbanas, la regulación del uso del suelo, estrategias de manejo de los caudales en las cuencas medias y altas en proceso de urbanización, preservación de las áreas de retención o drenaje natural, defensa de los espacios aun impermeables en el centro consolidado, mejoramiento de las redes pluviales urbanas, control de la producción de residuos, almacenamiento de caudales en el propio centro urbano, entre otras muchas acciones. No alcanza a verse un intento de organización institucional que pueda coordinar esos aspectos.

El 2 de abril, un año después, la percepción de que la política pública falló se hizo patente en una concentración multitudinaria. La condujeron numerosas organizaciones que vienen sosteniendo desde la propia inundación un pliego de reclamos: verdad sobre las víctimas, investigación y determinación de responsabilidades, ayuda económica, planes de contingencia para el momento del evento, obras para defendernos de nuevas inundaciones.

La política pública para la gestión de las ciudades puede mejorar y a eso apostamos. Esperemos que la tragedia del 2 de abril de hace un año alcance a provocarlo.