(Por Mora Hassid) En diciembre del año pasado, un grupo de adolescentes de la villa 31 logró que su barrio aparezca por primera vez en un mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con el grupo Turba (Talleres de Urbanismo Barrial) los adolescentes crearon en el “Taller Experimental de Arquitectura y Mapas” el primer mapa abierto de las villas 31 y 31 bis.
El colectivo Turba, integrado por profesionales, brinda talleres de urbanismo en varias villas. Entienden que la cartografía, desde una mirada barrial, implica una reflexión sobre el territorio que se manifiesta en un mapa, y se trata de un mapa “abierto” ya que el territorio no es una escenografía dada sino un espacio que, como las relaciones sociales, está en constante construcción.
La inquietud de estos jóvenes responde a que las villas no forman parte de los mapas oficiales; no aparecen o figuran como espacios verdes. Esta ausencia de las villas en la cartografía oficial supone entenderlas, en términos de Zygmundt Bauman, como “espacios vacíos”. El sociólogo polaco, al analizar el funcionamiento de las ciudades en la posmodernidad describe diferentes espacios públicos que se apartan del modelo ideal de espacio civil. Entre ellos, el concepto de “espacios vacíos” refiere a espacios que no se les da sentido alguno, que están vacíos de sentido.
La ausencia de las villas en los mapas implica una invisibilidad que las hace inaccesibles y las vacía de sentido. Pero como explica el autor sobre estos espacios, “no es que sean insignificantes por estar vacíos, sino que, por no tener sentido y porque se cree que no pueden tenerlo, son considerados vacíos”. El vacío del lugar, entonces, está en la mirada de quien lo percibe.
Para Rafael Kleiser, militante de la Corriente Villera Independiente, el hecho de no figurar en los mapas representa “la falta de reconocimiento por parte de los Estados, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional de nuestros barrios, es como que no existimos. Y para nosotros hay que romper con esa lógica, los vecinos existen, los niños existen, las villas existen.”
La situación en la Ciudad
En la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al último Censo Nacional realizado en el 2010, 163.587 personas residen en villas de emergencia y asentamientos. Con respecto al Censo anterior (2011) esto representa un aumento del 52,3%. Y de acuerdo a estimaciones no oficiales, desde el 2010 la población sigue aumentando. La mayoría de las villas de la ciudad se encuentran en el sur, en las comunas 4, 7, 8 y 9 y en el último tiempo todas crecieron, además, en altura. Las estadísticas oficiales quedaron desactualizadas, ya que en los últimos cuatro años la población del conjunto de la Ciudad no varió mucho, pero la de las villas sí; se estima que actualmente viven 275.000 personas allí, es decir un 68,7% más con respecto a la última medición.
Los principales problemas de las villas tienen que ver con el acceso al agua, a la energía eléctrica, gas, transporte, pavimentación y recolección de residuos; es decir todo lo que hace a la urbanización por la que sus habitantes reclaman. La lucha por la urbanización tiene ya una larga historia de organización y apunta a la integración de las villas con el resto de la ciudad.
El año pasado la Corriente Villera independiente, conformada por varias organizaciones, armó una “Carpa Villera” frente al Obelisco pidiendo el estado de emergencia habitacional y la urbanización de las villas. Luego de 53 días de huelga de hambre lograron sentarse a dialogar con el Gobierno de la Ciudad y firmaron un acuerdo de las obras que se llevarían a cabo.
Para ellos, las obras más importantes que se acordaron tienen que ver con “los troncales”, los caños grandes de agua y cloacas que hacen a la infraestructura de los barrios. Algunos de estos “troncales” están empezando a construirse en el Bajo Flores en la villa 1-11-14, en Retiro en la 31 y en Lugano. Además, el Gobierno está trabajando en la Zabaleta con una gestión asociada con Coca-cola Femsa y tiene un proyecto en la 21-24 para realizar con un crédito del Banco Mundial.
Si bien el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reconoce el problema que genera la inexistencia de infraestructura en las villas y la necesidad de urbanizar esos espacios, las obras que se están haciendo y el presupuesto asignado no se condicen con el acelerado crecimiento que experimentan las villas.
A nivel local, la gestión de pública de esta problemática ha ido cambiando de oficina, ha estado incluso dispersa en varios organismos con poca o nula coordinación y esta situación ha tenido su debido correlato con la asignación presupuestaria. Actualmente la encargada de la urbanización de las villas es la Secretaría de Hábitat e Inclusión (Sechi) y su Subsecretario, Raúl Gallo, admite que “trabajan para transformar una villa en un barrio”. Para lograrlo han desarrollado cuatro ejes, la comunicación de la villa con el barrio formal, la infraestructura, el acceso a la vivienda (junto con el IVC) y la inclusión a través del fortalecimiento de organizaciones sociales. En cuanto a este último, son varias los programas que realizan como el deporte inclusivo, ciudadanía y convivencia, mujer y hábitat, entre otros.
Desde las corrientes villeras, según palabras de Kleiser, se entiende que “la urbanización parte de abajo hacia arriba” y consideran que la política habitacional debe tener una visión más amplia que el mejoramiento de viviendas ya que si bien estas mejoran la calidad de vida de las personas, no logran cambios estructurales que reviertan los procesos de segregación espacial.
En la ciudad de Buenos Aires existen leyes que obligan al Estado a urbanizar, entre otras la 148 -sancionada en 1998- que establece la “atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y NHTs”. Además, algunas villas tienen sus propias leyes, aprobadas en la Legislatura porteña pero nunca llevadas a cabo. Es el caso de la ley 1770 para la villa 20, la ley 403 para la 1-11-14 y la 3343 para las villas 31 y 31 bis, esta última impulsada por un proyecto conjunto de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (UBA) con los habitantes del barrio.
Una mención aparte merece el caso de la Villa Rodrigo Bueno, recientemente tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta villa, ubicada en Costanera sur, en espacios que pertenecen a la Reserva Ecológica, se formó hace casi 30 años y actualmente se estima que viven en ella 3600 personas. Desde el comienzo de su formación el Gobierno de la Ciudad se negó a urbanizarla y en el 2005, después de un intento de desalojo, los vecinos comenzaron una causa judicial para que el lugar sea reconocido como barrio y urbanizado. Seis años después, en el 2011 la Justicia en primera instancia ordenó urbanizar la Rodrigo Bueno, pero el Gobierno apeló esta sentencia hasta que en segunda instancia y con un voto dividido la justicia falló a favor del Gobierno.
En marzo de este año un chico de 13 años, Gastón Arispe Huamán, murió ahogado tras caer en un pozo ciego. La ambulancia no sólo tardó más de 40 minutos en llegar, sino que no pudo ingresar al barrio porque las calles son intransitables. El asentamiento no tiene cloacas, agua potable, gas ni asfalto. Este caso puso a la luz las condiciones precarias en las que se vive en la Rodrigo Bueno y la necesidad de obra pública. Como grita la Garganta Poderosa- una revista de “cultura villera” generada en la Villa Zabaleta- “con la urbanización, hoy estaría Gastón.”
A partir de esto, el caso de la Rodrigo Bueno llegó a ser tratado en la CIDH como símbolo de la vulnerabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América Latina. La audiencia, solicitada por 27 organizaciones de América Latina, fue la primera en la que se trató la precaria situación habitacional de la región. Allí Diego Armando González, un habitante de la villa, participó como orador acompañado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Desde la Sechi Raúl Gallo reconoce la au15sencia del Estado durante muchos años y afirma que lo que hoy hacen es estar presentes; “tiene que estar el Estado presente con todos los servicios públicos y tiene que haber una ley que permita que esas personas tengan acceso a su vivienda como el resto de la ciudad.” El Gobierno acepta la urbanización de las villas y, como dice el funcionario Raúl Gallo, no se piensa en una erradicación forzosa de la gente porque no está en su espíritu. Por otro lado, reconocen que cada asentamiento tiene sus particularidades; los terrenos en los que se encuentran pertenecen a diferentes jurisdicciones, la densidad poblacional, la infraestructura y el tiempo que llevan allí difieren considerablemente.
En cuanto a la gestión de las obras que realiza el Gobierno, las lleva a cabo tratando de trabajar con cooperativas del barrio, y si trabajan con empresas les requieren que contraten gente del lugar. De esta forma se busca que los vecinos puedan participar a través de las cooperativas logrando consenso a la hora de trabajar. Este modo de trabajo en cooperativas da cuenta de la importancia del trabajo conjunto a la hora de llevar a cabo proyectos como la urbanización en la que intervienen varios actores como el Estado, los habitantes y organizaciones civiles entre otros. Son varios los programas que se desarrollan en las villas que manifiestan lo fructífero del trabajo en equipo y rompen con la división espacial de las villas (“adentro/afuera”) mostrando la integración a la que se apunta.
Programas como Alfabetización en villas, el proyecto de urbanización de la FADU, el mapa abierto, “Caminos de la villa”, la Garganta Poderosa, entre muchos otros dan cuenta de la iniciativa de participación de los habitantes y de la importancia de planificar proyectos en conjunto. Frente a la invisibilización y vaciamiento de sentido que muchas veces se hace de las villas, estos programas dan cuenta de la multiplicidad de sentidos presentes. El caso del “mapa abierto” realizado con el grupo Turba viene a señalar cuestiones importantes para quienes viven allí como las salitas médicas, los comedores populares, las canchas, las plazas, las radios o los templos religiosos tienen un lugar señalizado. El mapa, al señalizarlos, viene a devolverle y reconocerle sus sentidos.
La situación en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo al último Censo hecho en el 2013 por la ONG Techo, los municipios con mayores barrios informales son La Matanza, donde viven 26.670 familias, Quilmes, en donde viven 35.157 familias, Moreno (9.896 familias), Pilar (9.035 familias), Merlo (8.512 familias), y Lomas de Zamora que alberga a 13.245 familias en sus asentamientos. A diferencia de lo que ocurre en la Capital del país, la información pública al respecto es muy escasa.
En la mayoría de las villas relevadas por la ONG hay presencia de organizaciones sociales, políticas y religiosas en los barrios, y un porcentaje muy chico de ellas presenta la implementación de algún programa de vivienda por parte del Estado. Como en la Ciudad de Buenos Aires, la población que más creció en los últimos años fue la de las villas.
De acuerdo a las estadísticas realizadas por Techo, en la actualidad existen en el Gran Buenos Aires 864 villas y asentamientos y la mayor parte de su población corresponde a inmigrantes del interior del país, sobre todo de Chaco, Corrientes y Misiones. A su vez, hay una amplia presencia de grupos migratorios provenientes de países limítrofes, sobre todo de Paraguay y Bolivia.
Al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, existe un proceso de “densificación” de las villas y asentamientos que se registra en la ampliación y construcción de nuevas viviendas, así como también en el grado de hacinamiento presente en los distintos hogares.
El acceso limitado a los bienes y servicios públicos representa el mayor problema para quienes viven en las villas, más allá de su ubicación. La falta de redes cloacales -generalmente suplida por pozos con cámara séptica o por pozos ciegos-, de desagües pluviales, alumbrado público, recolección de residuos y agua potable es sin dudas una falencia importante que concierne a la calidad de vida.
Otra característica que atañe a todas las villas, tanto las porteñas como las del conurbano, tiene que ver con las tierras en las que se encuentran. La mayoría de ellas están ubicadas sobre tierras fiscales (en general de jurisdicción municipal), otras en tierras pertenecientes a algún privado. Sin embargo, la mayoría de los casos presenta una situación mixta, en la cual el dominio de la tierra pertenece a diferentes actores, como el Estado Nacional y Municipal o un privado.
Esta situación en la que confluyen actores con intereses muchas veces contrapuestos, dificulta la regularización dominial de estos espacios. Y hace más fácil que los gobiernos correspondientes se desentiendan del problema, adjudicándoselo a otra jurisdicción.