Por Pedro Capossiello – Luego de recibir media sanción en la cámara de diputados en noviembre pasado, la Ley de Góndolas fue impulsada por el gobierno nacional siendo una de sus acciones inmediatas en materia económica. En un clima de recesión e inflacionario esta nueva reglamentación, aprobada por el Senado el pasado 28 de Febrero, es parte de un paquete de medidas que van en busca de una desaceleración en la suba de precios, que intentan facilitar el acceso principalmente a productos de la canasta básica alimentaria, y que promueven una distribución más equitativa en el mercado de los actores encargados de la comercialización de estos productos. En definitiva, estos últimos son quienes terminan estableciendo el valor al que se ofertan los productos. Para ello el gobierno nacional propone, además del diálogo con el sector empresarial, establecer referencias de mercado mediante el programa Precios Cuidados y contar con algunas herramientas como las que incluye la Ley de Góndolas.
El aspecto más visible del proyecto intenta regular la exhibición de productos de modo que exista un mejor reparto entre proveedores en las estanterías de los supermercados. Entre sus objetivos principales pueden contarse los siguientes: tender hacia una competencia de marcas equitativa en oposición al monopolio existente de grandes jugadores, fomentar una creciente participación en el mercado de pequeñas y medianas empresas y de actores de la economía popular, y en tercer término, se espera que la ley colabore con el acceso a precios más bajos por parte de los consumidores.
¿Qué dice la ley?
El punto saliente de la nueva ley indica que “ninguna marca individual o de una misma empresa o grupo económico podrá ocupar más del 30% del espacio físico” de una góndola. A su vez establece que “debe haber por lo menos 5 proveedores o grupos empresarios para cada categoría de producto” en una misma estantería. Otro de sus puntos relevantes indica que “deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos provenientes de cooperativas, pymes, asociaciones y un 5% adicional para la agricultura familiar, campesina o indígena”.
Entre otras consideraciones, también figuran divisiones del estilo para espacios contiguos. Por caso se estipula un 50% de las islas de exhibición y exhibidores lindantes a las cajas para productos elaborados por Pymes. Se prohíbe además el alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, categorizados como «exclusiones anticompetitivas». En referencia a los productos de menor valor se impide su ubicación en sectores de escasa visibilidad determinando su disposición a «una altura equidistante entre el primer y último estante» de la góndola. Para el caso de las locaciones virtuales se observa que estos productos deberán publicarse «en la primera visualización”.
La normativa comprende a los comercios que superen cierta facturación, de ese modo explicita “quedan exceptuados del régimen establecido agentes económicos cuya facturación sea equivalente a las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes)”. Puesto de otro modo, su alcance rige para las grandes cadenas de supermercados se hallen tanto a nivel nacional como regional, sean minoristas o mayoristas. Quedan excluidos de este esquema los almacenes de barrio y los mal llamados autoservicios “chinos”.
En cuanto al impacto esperado, lo que se busca es reducir entre 25% y 35% los precios al público. Ahora bien, surgen algunas críticas posibles frente a la capacidad de abastecimiento de las pymes para estar presentes en los principales canales de comercialización y, a su vez, a la hora de hacer cumplir la reglamentación, esto es, en referencia a su control y seguimiento. De hecho son algunas de las digresiones que aparecen frente al proyecto sancionado.
Voces a favor y en contra
Si bien la supervisión será realizada por la Secretaría de Comercio que dirige Paula Español, emplazada dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo conducido Matías Kulfas, hay quienes proponen que el programa se refuerce a partir de un ente de control autárquico que se ocupe de auditar a los supermercados y denunciar cuando éstos incumplan lo reglamentado. Más allá de esta observación, la principal objeción que ha recibido la Ley de Góndolas es cómo llevarla a la práctica. Ello explica que, a pesar de haber logrado un amplio consenso en ambas cámaras, el proyecto también suscita cuestionamientos.
Algunos de estos argumentos tuvieron voz en la Legislatura a través de la oposición. Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, advirtió acerca de cuán eficaz pudiera ser la normativa a la hora de modificar las prácticas abusivas del mercado. El senador alegó que existen dificultades para materializar el programa y lo caracterizó de mero “aliciente para las pymes”. Por otra parte, señaló el elevado número de comercios pequeños y medianos que se hallan en la informalidad como un límite para su pretendida incorporación al circuito comercial. En vínculo con ello aparece la preocupación por el alcance de la medida. Al influir sólo sobre los grandes comercios se señala que buena parte de la población quedaría por fuera de ella. Otros han testimoniado acerca de los tiempos necesarios de debate y de adaptación de los distintos actores a la nueva normativa. Bajo el criterio de que éstos debieran ser más prolongados, Ernesto Martínez, otro Senador del PRO, se ubicó a favor de extender el plazo 
para que los supermercados se adapten a los nuevos requisitos. Algunos como Alberto Weretilneck, senador nacional por Juntos Somos Río Negro, repararon en que se deben aplicar las leyes existentes como las de defensa de la competencia y del consumidor, leyes que también van en la dirección de impedir los monopolios. Vale aclarar que, más allá de estos posicionamientos, el apoyo a la Ley trascendió al bloque oficialista.
Por fuera del ámbito legislativo, también hay quienes celebran la reglamentación y otros que no han recibido de la misma manera esta medida de corte heterodoxo como sucede con los grandes supermercadistas. Entre los primeros se encuentra principalmente el sector pyme del cual se han proclamado algunas voces representativas. La Ley de Góndolas cuenta con el aval explícito de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que la comprende como un instrumento virtuoso no sólo en beneficio del consumidor sino también colaborativo para amedrentar la inflación. Además de ello, entiende que es capaz de poner un freno al dominio desmedido de las grandes cadenas brindando espacio a las pymes. Tanto su presidente, Gerardo Díaz, como su secretario general, José Bereciartúa han elogiado la medida como un gran paso para que las pymes amplíen sus puntos de venta, que sirva “para poner en funcionamiento el mercado interno y terminar con la distorsión de precios que existe por la falta de competencia y la elevada concentración de oferta”, en palabras de Gerardo Díaz.
Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), si bien valoran la nueva Ley de Góndolas como una nueva oportunidad para que el sector se incorpore en grandes supermercados, no dejan de tener en cuenta los requerimientos logísticos y de formas de pago para que ello suceda. La presidencia de APYMEL se vale del argumento antes expuesto acerca de la capacidad de las pymes para poder cumplir con el 25% del espacio que se les reservará temiendo no poder cumplir ese porcentaje con todos los productos.
Del lado de las grandes cadenas el rechazo a una resolución tendiente a desconcentrar el mercado ya venía siendo expresado. Amén de los discursos parlamentarios que encarnan las veces su postura, también se han pronunciado desde el sector dando a conocer por voz propia su discrepancia con la reglamentación. La Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) mediante su presidente, Víctor Palpacelli, declaró que la mentada ley sería “difícil de sostener en el tiempo”, dejando entrever que precisa revisión.
Por último, será la Secretaría de Comercio quien deba dar esa batalla, en una discusión que enfrenta al sector de los supermercados y empresas alimenticias con el gobierno. Si bien la medida cuenta con el veredicto del Congreso, resta dar paso a cómo se va a desplegar su puesta en práctica. El desafío que tiene por delante la secretaría presidida por Paula Español se juega en el margen de implementación que logre para este y otros instrumentos en materia de política económica. Desde la casa rosada, luego haber promulgado la ley a través del Decreto 268/2020, también aguardan por ello. El mismo Alberto Fernández se ha referido al respecto, enunciando la necesidad de desindexar la economía y establecer un control de precios de productos básicos, en concordancia con la Ley de Góndolas que, tiene entre sus cometidos, neutralizar las prácticas abusivas por parte de los formadores de precios en las cadenas de comercialización, acercando los productos a valores más justos para los consumidores.
