POR TRINIDAD REYNOSO CASTILLO
Si los Estados no toman acciones y la sociedad no exige cambios, los aglomerados urbanos alrededor del mundo se enfrentarán a riesgos sin precedentes a mediados de siglo. Por eso, es fundamental que se tomen medidas concretas para que la temperatura media del planeta no aumente más de 1,5°C.
Según el informe El Peso de las Ciudades en América Latina y el Caribe: Requerimientos Futuros de Recursos y Potenciales Rutas de Actuación de la ONU, el porcentaje de población urbana que vive en ciudades es muy elevado en América Latina y el Caribe. Supera el 55 % y es mayor al de la población urbana localizada en poblados y áreas semidensas, y zonas rurales en conjunto. Una característica observable de la región es que casi la mitad de la población urbana (47.5 %), está concentrada en ciudades de menos de 500 mil habitantes, de las que el 34 % está localizada en ciudades de entre 100 mil y 500 mil habitantes. Además, “se estima que para 2050 ⅔ de la población mundial vivirá en zonas urbanas” (Naciones Unidas, Departamento de de Economía y Asuntos Sociales, 2018).
Frente al contexto de cambio climático que se está atravesando y el crecimiento exponencial de las ciudades, es de vital importancia pensar estrategias de planificación urbana en clave sostenible para que las ciudades puedan cumplir sus metas de carbono neutral para 2050, como así lo estipula el Acuerdo de París.
La Planificación Urbana
La planificación urbana es mucho más que un concepto bonito de académicos progresistas de ciudades. Esta es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su caso, conservación. La misma es fundamental para evitar la erosión de los ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan (como la captura de dióxido de carbono o la infiltración de agua). Además, la urbanización no planificada está vinculada con un riesgo mayor de exposición a contaminantes atmosféricos, carencia de servicios básicos, modos de vida más sedentarios, alimentación malsana y un grado menor de actividad física.
Este tipo de estrategias permiten hacer frente a varios desafíos ambientales presentes en las ciudades. Por un lado, permiten disminuir los fenómenos causados internamente en las ciudades – la contaminación del aire y el agua, la generación de residuos sólidos, las emisiones resultantes de la movilidad urbana, entre otros -. Por otro lado, la planificación permite achicar los impactos ambientales en una escala regional o mundial, como puede ser disminuir los impactos del cambio climático y los riesgos de desastres naturales.
Además, este tipo de estrategia de ordenamiento territorial se encuentra en línea con las metas para el 2050 del Acuerdo de París. Este documento, adoptado por 197 países, tiene como objetivo reducir drásticamente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados C°, con la esperanza de limitar aún más a 1.5 grados C° respecto a los niveles preindustriales.
El Acuerdo ofrece una vía para que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en su labor de mitigación del cambio climático y adaptación a este, al tiempo que crean un marco para el seguimiento y la presentación de informes transparentes de los objetivos climáticos de los países. En este marco, una de las estrategias posibles para que nuestra región disminuya su impacto ambiental es a través del planeamiento territorial, para así implementar estrategias de descarbonización desde la raíz de los generadores.
Estrategias regionales
Alrededor del mundo existen varias experiencias que dan cuenta de propuestas e ideas para hacer frente al cambio climático en clave de planificación urbana. Una de las iniciativas más ambiciosas es la Red C40, la misma invita a alcaldes e intendentes de distintas ciudades del mundo a promover las ciudades de 15 minutos con el fin de acelerar la acción climática en las mismas.
Este es un concepto que refleja el tiempo ideal que los ciudadanos deberían tardar para ir a trabajar, estudiar o esparcirse, y un modelo que coloca la calidad de vida de las personas en el centro de la planificación urbana. Entre los municipios que son parte, se puede destacar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, desde el 2021, cumple el rol de vicepresidente del C40 para promover la agenda en conjunto, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, es la Presidenta.
Otro ejemplo regional puede verse en Fortaleza (Brasil), la quinta ciudad brasileña con mayor tamaño poblacional y la más densa del país. Debido a su alta densidad poblacional, uno de los desafíos más grandes es disminuir drásticamente la contaminación generada por la movilidad vehicular. Es por ello que, en 2014, adoptaron una serie de medidas de planificación del transporte para priorizar la movilidad activa y el transporte público. En este marco, la ciudad recibió el Sustainable Transport Award, el cual destaca la replicabilidad de las medidas hacia otras ciudades ya que las intervenciones fueron de bajo costo con una gran interacción con el sector privado.
El desafío del Área Metropolitana de Buenos Aires
Como el AMBA representa el tercer aglomerado urbano de Latinoamérica – luego de Ciudad de México y San Pablo – y su economía de aglomeración atiende mercados sofisticados y presta importantes servicios del conocimiento, es fundamental pensar esta región en clave de planeamiento urbano sostenible.
En esta línea, desde la Fundación Metropolitana consideramos de vital importancia la creación de una Agencia Metropolitana de Planificación para gestionar y operar de manera participativa los acuerdos que suscriban las jurisdicciones en el abordaje de problemas comunes y soluciones, para así lograr estrategias de descarbonización y desarrollo conjuntas.
Para ello, es fundamental que se constituya la Región Metropolitana para poder desarrollar propuestas en conjunto a través de un régimen de suelos que asegure a todos el derecho a la ciudad a través de la urgente revisión o creación de legislación provincial y nacional, sancionando normas útiles para lograr un hábitat social y ambientalmente sustentable.
