En 2017, Argentina asumió el compromiso político de implementar la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas. Esta agenda prevé en su objetivo 11 “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En esa línea, el Gobierno Nacional presentó el documento “Política Nacional Urbana Argentina” producido a partir de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y ONU- Hábitat en el marco de la XXVII Asamblea General de Ministros de Urbanismo y Vivienda.
La Política Nacional Urbana (PNU) es una herramienta que permite a los Estados nacionales orientar el proceso de urbanización y constituye un instrumento de guía que establece una visión coordinada de la dirección que deben tomar las políticas públicas en torno al desarrollo territorial de las ciudades. Los lineamientos de la PNU incluyen instrumentos de gestión y exploran el contexto necesario para la definición e implementación, así como su relevancia para alcanzar el desarrollo urbano próspero y sostenible.
Las tendencias históricas y actuales de urbanización en Argentina han producido marcadas desigualdades sociales, económicas y territoriales. En este sentido, la PNU señala que los principales desafíos para la planificación urbana son: la movilidad y transporte integrados, el acceso al suelo urbano y equidad socio-habitacional y el desarrollo económico competitivo e inclusivo, entre otros.
La PNU establece 8 objetivos generales, que responden a 6 principios, los cuales derivan en 9 ejes temáticos de los que se desprenden 18 lineamientos prácticos para responder a los objetivos generales.
Entre los objetivos generales del PNU se encuentra: la definición de prioridades nacionales y la apropiación de criterios en materia de desarrollo urbano sostenible entre los Estados provinciales y municipales; la orientación del desarrollo a futuro del sistema urbano nacional, y la coordinación de acciones multisectoriales y multiescalares entre los actores de los distintos niveles de gobierno. Pero también son objetivos generales de este documento: facilitar la inclusión y el desarrollo equitativo intra-urbano y regional; proporcionar los fundamentos legales; y fomentar la coordinación de inversiones públicas y privadas en el desarrollo urbano.
Al respecto de la publicación del documento, pudimos consultar a algunos especialistas asociados a la Fundación Metropolitana acerca de qué opinión les merece.
Daniel Chaín, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación y Vicepresidente de Fundación Metropolitana considera que “el planteo de la PNU es novedoso, sobre todo en una historia política y territorial como la de nuestra región, donde tantos niveles de gobierno intervienen en la misma geografía, con pocos casos de planificación conjunta. Esta política invita a un trabajo necesariamente en común, a comprehender los desafíos, que nos permitirá ir resolviendo armoniosamente la situación actual, para avanzar en los postulados de esta agenda”.
En términos generales, para Chaín la PNU sólo tiene una falencia: “incorporaría un décimo eje, el de una política de sustentabilidad cultural específica de cada área urbana, eso enriquece en la diversidad y es parte de una identidad que en era de la globalización se puede considerar un activo”. Por último señala que “el 40% de la población urbana del país se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires. Si esta agenda de política urbana la hubiéramos tenido hace dos décadas, hoy tal vez no existiría la tan compleja situación que impera en el AMBA. Es en ésta geografía donde se debe aplicar con mayor rigor y velocidad la política anunciada”.
También consultamos a Cynthia Goytia, economista y directora del CIPUV de la Universidad Torcuato Di Tella quien destacó 4 dimensiones que complementarían a la PNU. La primera se refiere a la idea que “para abordar estos desafíos y orientar el desarrollo urbano dentro del marco jurídico existente, el liderazgo del gobierno federal es un elemento central, pero también lo serán el poder de coordinación de las provincias y la capacidad de municipios empoderados y financieramente sólidos. Esta propuesta desde el nivel nacional basará su éxito en la adhesión que hagan las provincias y municipios, en quienes recaen las atribuciones fundamentales con respecto a muchos de los temas propuestos en este plan. Debemos recordar la gran variabilidad existente entre las diferentes provincias en las atribuciones delegadas a sus municipios, por ejemplo, en dos aspectos centrales de la gestión urbana como lo son la regulación del uso del suelo o sus condiciones fiscales y de financiamiento. En el caso de la planificación del uso del suelo, sería deseable ampliar la función de coordinación de las provincias para mejorar la coordinación vertical (entre niveles de gobierno) y la coordinación horizontal (entre municipios)”.
Una segunda dimensión destacada por Goytia tiene que ver con la necesidad de producción de información original, comparable y georreferenciada al interior de las ciudades: “Para mejorar la gestión urbana y la toma de decisiones de políticas públicas el Plan asigna importancia a cubrir el déficit de información. Conocer y documentar estas dinámicas es muy relevante desde el punto de vista de las políticas públicas, ya que esa información constituye un insumo fundamental para planear una expansión ordenada y cerrar la brecha de infraestructura (transporte, redes de agua, saneamiento, etc.) entre las áreas centrales y las de expansión”.
La tercera y cuarta dimensión se refieren por un lado a la importancia de la inclusión de los aspectos fiscales y del financiamiento urbano como ejes de centrales y por otro lado a los aspectos de coordinación como otro elemento central del plan.
Con respecto a los aspectos fiscales Goytia señala que “dadas las limitaciones en el financiamiento de los gobiernos locales y la variabilidad en los niveles de autonomía financiera de los gobiernos municipales para cumplir con sus obligaciones, el fortalecimiento de los municipios en la gestión urbana probablemente podría requerir analizar la factibilidad de transferir competencias, así como algunas responsabilidades y recursos de los gobiernos provinciales a los municipales”. Con respecto a la coordinación indica que “es muy importante entender que la efectividad de las políticas se verá muy limitada sin mecanismos de coordinación, dado que las decisiones de los distintos gobiernos locales en términos de uso del suelo, transporte y vivienda generaran externalidades sobre los habitantes de varios municipios aledaños afectando el bienestar”. 
También Artemio Pedro Abba, Coordinador General del Observatorio Urbano Local-Buenos Aires Metropolitana (OULBAM), coincide con los especialistas anteriormente nombrados en que la PNU es un documento de suma relevancia para el planeamiento territorial de nuestras ciudades de cara al 2030. Sin embargo, el experto señala algunas falencias del documento, por ejemplo que si bien este llega a un listado de políticas urbanas y estrategias de acción acertadas, “en sus objetivos y relevancia, enmarcadas en los acuerdos internacionales sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable, resultan débiles en su capacidad propositiva y se muestran como excesivamente genéricas por carecer de un desarrollo adecuado a la especificidad y gravedad de la situación urbana nacional”. Y en consecuencia “Esta debilidad en la construcción del documento es lo que le quita profundidad a la formulación de la Política Urbana Nacional y a las Estrategias de Acción expuestas. Un tema que exhibe las debilidades de este importante y basal documento es la cuestión metropolitana que resulta muy sensible para los pocos actores que se corresponden con esa escala de actuación como es el caso del OULBAM”.
“Puede constatarse con una lectura prolija y minuciosa de la PNU presentada que no hay una caracterización de la problemática metropolitana del sistema urbano nacional (SUN) en el Diagnóstico (Punto 3 del Documento). No se dimensiona la importancia poblacional de este segmento urbano, el surgimiento de nuevas dimensiones de la problemática urbana emergente, los fuertes obstáculos que los altos niveles de interjurisdiccionalidad interponen a la gestión de sus territorios, la falta de recursos previstos para la atención de esa escala del soporte físico urbano y la dificultad del surgimiento de actores urbanos metropolitanos que asuman la representación civil y política de tales problemáticas”.
A pesar de marcar estas falencias Abba sostiene “Una política pública urbana nacional para el 2040, como la encarada por el gobierno Nacional y UN-Hábitat, constituye una tarea de inmenso valor que debe alcanzar las máximas definiciones posibles para el corto, mediano y largo plazo y en la definición de los más adecuados instrumentos a apelar para su concreción. Se considera que los avances realizados por el DAMI, así como los antecedentes desarrollados por la COCAMBA, los avances legislativos en provincias como Mendoza y Santa Fe sólo en la última década permiten dar algunos pasos adicionales en cuanto a formular una política pública metropolitana de largo alcance para el país”.
Por último Norberto Iglesias, Arquitecto, Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Planificación y experto asociado a la Fundación opina que si bien la PNU está en teoría alineada con el paradigma del Derecho a la ciudad, en la práctica “sorprende la antítesis ideológica de la política económica neoliberal implementada por el gobierno nacional, la que, entre otros postulados, promueve grandes reducciones del gasto público y de impuestos, así como disminución de la intervención del Estado en la sociedad y la economía en favor del sector privado, reduciendo al ciudadano en consumidores de servicios antes que en sujetos de derecho, precepto capital éste último del Derecho a la Ciudad, citado reiteradamente en el documento analizado”.
“Si bien este documento, junto a los compromisos previos de la Nueva Agenda Urbana, son limitados para algunos, para muchos son un avance notable en materia conceptual y programática, aunque se apunta cierta incertidumbre sobre la gestión concreta” concluye el especialista.
