Por Pedro Capossiello – Acercándonos a los primeros cien días del gobierno de Alberto Fernández cabe prestar atención a uno – sino el principal – de sus leitmotiv, la lucha contra el hambre, para ver: en primer lugar, cómo está concebida la política social en cuestión y, en segunda instancia, la implementación de la tarjeta Alimentar y su desembarco en el AMBA.
Contexto, diseño y cuestiones operativas
Si bien el Plan Alimentar fue lanzado el pasado 17 de diciembre, esta política de emergencia viene anticipándose poco tiempo después de las PASO. En efecto, la cuestión alimentaria fue objeto de discusión y debate, en las calles, en la opinión pública, y en concreto, dentro del recinto parlamentario en el mes de septiembre de 2019. Tras la media sanción obtenida en diputados el Senado aprobó por unanimidad la iniciativa impulsada por la entonces oposición, lográndose la Ley de Emergencia Alimentaria. A 25 días de asumir, Fernández convocó a distintas personalidades reconocidas de la opinión pública, empresarios, además de políticos y funcionarios públicos para formar el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, espacio que ofició en primera instancia a modo de plataforma de lo que sería el Plan Argentina Contra el Hambre (PACH) o “Plan Alimentar”. Esta mesa de diálogo buscó también consensuar ciertos puntos de partida para delinear la política pública que luego retomaría Daniel Arroyo desde el Ministerio de Desarrollo Social.
La Tarjeta AlimentAR, emplazada en el PACH, consiste en una suma de dinero mensual para comprar alimentos. Desde la cartera conducida por Arroyo la entienden como un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Además se espera que colabore con la reactivación económica, sobre todo en almacenes y comercios de barrio. El Plan está destinado inicialmente a un universo de beneficiarios “vulnerables” en términos de políticas sociales dado que se focaliza sobre una población que es definida por su condición de carencia con respecto al acceso de alimentos, población indigente. Dentro de esa población, el foco está puesto sobre los niños y niñas que sufren un estado de malnutrición.
Esas consideraciones que parten del diagnóstico previo y de un escenario como el que dicta la Emergencia Alimentaria son algunas premisas de esta política social que viene a ampliar y actualizar el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2002. El Plan Alimentar no suplanta las políticas sociales existentes sino que busca reforzarlas. En consecuencia, quienes aparecen como beneficiarios son madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad ya incluidos dentro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A su vez, corresponde a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y a personas con discapacidad que reciben la AUH. Amén de que la atención primaria está puesta sobre la infancia, evalúan ampliar el universo inicial de receptores a jubilados que cobren la mínima, pensionados, entre otros.
En cuanto a la ejecución: ¿Cómo identificar quiénes son los perceptores de la tarjeta? Este universo de destinatarios es rastreable gracias al cruce de datos entre la ANSES y la AUH. Por esa razón, no se requiere ningún trámite previo de inscripción al Plan. Siempre que la información sobre cada beneficiario esté registrada al día en dichos organismos, su incorporación (por caso cuando la mujer esté en el tercer mes de embarazo) o su salida del sistema (cuando su hijo o hija cumpla siete años) se darán de manera automática. De ese modo, ANSES podrá dar aviso por teléfono o mensaje de texto al número que figure en su base de datos.
¿Cómo se obtiene la credencial? La misma viene siendo repartida de forma directa por el Banco Nación o por el banco público determinado para el caso de las provincias. Si bien comprende envíos a domicilio es posible que deba ser retirada en persona en la sucursal cercana del banco correspondiente. ¿Cómo funciona? La Tarjeta Alimentar funciona al modo de una tarjeta de débito con la diferencia que puede ser utilizada únicamente para la compra de alimentos a excepción de bebidas alcohólicas. Tampoco permite la extracción de dinero. Está previsto que el monto mensual que se le deposite sea repuesto los terceros viernes de cada mes. Para el caso de quienes solo tengan un menor a cargo, se cargara la tarjeta con $4000 y para aquellos que tengan dos o más menores a cargo la suma percibida será de $6000.
Reparto y llegada al AMBA
En su fase distributiva esta política ha esquematizado un cronograma de repartos en el territorio lo que hace que su implementación se vaya dando por etapas en los distintos puntos del país. Los destinos prioritarios de las tarjetas fueron Concordia, Entre Ríos (18 de diciembre) y luego Resistencia, Chaco (el 6 de enero), teniendo en cuenta que a nivel nacional son de los centros urbanos con mayor porcentaje de indigentes[1].
Su llegada a la Provincia de Buenos Aires se oficializó el 9 de enero. En dicha instancia, se dio a conocer el convenio entre el Ministro Arroyo y Axel Kicillof para que el Plan finalmente desembarque en los municipios del GBA. De ese modo se anunció que en cuatro semanas el Plan Alimentar estaría funcionando en 24 localidades del territorio metropolitano, acercando unas 350 mil tarjetas al AMBA y más de 500 mil a toda la Provincia. Según detalló el Ministro, esa suma de credenciales repartidas implica la asistencia a un millón de niños y, en términos económicos, una inyección de más de 2.800 millones de pesos mensuales en el mercado local.
El operativo comenzó el 20 de enero por Hurlingham, San Fernando, San Martín, Morón, Almirante Brown, Avellaneda y La Matanza. La semana siguiente cubrió Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes. La primera semana de febrero alcanzó a Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela. Por último, la distribución arribó a San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui.
Seguimiento y primeras mediciones
Para cada política social es posible discernir entre letra y práctica, entre los objetivos del diseño y los obstáculos propios de la ejecución. La manera en que está dispuesto el Plan Alimentar no es la excepción. Por ello designa a distintos actores para que se ocupen de hacer el seguimiento de su implementación.
En un plano más amplio, su red de control cuenta con dos entidades principales. Por un lado, el referido Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, que además de las organizaciones sociales y religiosas, sectores laborales, económicos y productivos que lo integran, está articulado con los distintos niveles de gobierno. Y, por otro lado, el recientemente creado Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre, integrado por universidades y centros de estudios. Ambos son los encargados de monitorear y evaluar el Plan. Los roles del Consejo y del Observatorio también son entendidos dentro del concepto que tiene esta política de tender una línea de continuidad con la ciudadanía, es decir, a partir de un trabajo en conjunto con diversos sectores de la sociedad civil.
Complementariamente, el programa contempla el dictado de talleres de nutrición y la articulación con ferias y mercados populares. Por un lado, busca que la distribución de las tarjetas sea acompañada por capacitaciones locales que estimulen una buena alimentación (paralelamente a medidas económicas como ciertos descuentos que incentiven la compra de determinados productos). Dicha educación alimentaria y nutricional es delegada en la figura de los promotores comunitarios, encargados de articular el programa con una política sanitaria, su tarea es el control de talla y peso de niños y niñas. A la vez, el Plan Alimentar promueve el consumo de alimentos de la agricultura familiar, la economía social y del cooperativismo. De ese modo, la propuesta es que la reactivación de las economías locales vaya de la mano de una alimentación saludable.
Teniendo en cuenta que no es lo mismo comer que estar bien alimentado, como reiteran desde el gobierno, la expectativa o el foco fue ver qué gastos vienen teniendo los beneficiarios, por qué productos se han inclinado y qué otros no estarían formando parte de su dieta. Si bien se sabe que gracias al sistema de las tarjetas es posible llevar registro de ello, en cuanto a su impacto hasta ahora se cuenta con escasas mediciones. Tan sólo alguna información que ha dado a conocer el Ministerio. La primera de ellas, dada a conocer el 18 de enero reflejó que carne y lácteos representan el mayor porcentaje de los alimentos. En esta ocasión los datos fueron recabados durante 19 días en base a las compras realizadas en un supermercado mayorista entrerriano. La muestra se construyó sobre 775 tarjetas utilizadas en el supermercado, las cuales representan casi el 12% de las 7000 credenciales repartidas en Concordia.
Según se ha informado, el 60% del dinero fue destinado a alimentos recomendados (proteína animal, lácteos y verduras). De esa muestra, un 22% fue para productos no recomendables como son los alimentos ultraprocesados o con excesiva azúcar o sodio. Y un 18% a harinas, arroz, dulces, condimentos e infusiones. Si nos detenemos en cantidad de productos comprados, un 48% de las compras equivalen a productos recomendados; 24% a productos no recomendados y el 28% a harinas, arroz, dulces, condimentos e infusiones.
Más recientemente, el 8 de febrero se pudo conocer un estudio en el AMBA. En este caso, la información se tomó entre los días 20 y 27 de enero, la primera semana de implementación del programa en territorio bonaerense, sobre 8.546 tarjetas entregadas. El relevamiento comprendió a supermercados de una misma cadena ubicados en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Los titulares de las tarjetas, que corresponden al mismo número de familias, tienen domicilio en Almirante Brown, Avellaneda, General San Martín y La Matanza.
El registro precisó que el 58,1% de lo gastado fue destinados a productos recomendados, 23,9% a otros alimentos y 17,8% fue hacia no recomendados. Tomado en cantidad de productos ese 58,1% del dinero gastado indica que poco más de un 40% de los productos comprados son alimentos saludables. A su vez, el informe comunicó que durante la semana de referencia del muestreo los hogares gastaron 2734 pesos en promedio.
Frente a una situación social que exhibe las enormes dificultades de gran parte de la población para acceder a algo elemental como los alimentos, en un país que los produce pero no es capaz de garantizarlos a todos sus habitantes, se vuelven necesarias este tipo de políticas. Las mismas no solucionan de un día para otro un problema estructural, sino que atenúan los efectos de una crisis alimentaria que ha venido creciendo. De la mano de esa emergencia social, el estado de recesión económica redobla la exigencia hacia las políticas sociales. Por ello, desde el Ministerio de Desarrollo Social, impulsan políticas con el fin de reactivar el consumo y/o contribuir a la generación de empleo. Como dice Daniel Arroyo en referencia a la emergencia social y como en reiteradas ocasiones afirmó Alberto Fernández, será cuestión de “parar la caída” y “encender la economía”.
[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019) Informes Técnicos. Vol. 3, nº 182 ISSN 2545-6636 Condiciones de vida. Vol. 3, nº 13. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2019. Buenos Aires, septiembre de 2019. Recuperado de: www.indec.gob.ar.pdf
