Por Pedro Del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana
El fallo ejemplar de la CSJN en la Causa Mendoza cumple seis años, y conmemora la oportunidad en que el Riachuelo mereció la atención del Superior Tribunal de Justicia de la Nación en forma extraordinariamente acertada.
Dispuso que la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma se abocaran asociadamente a resolver el deterioro ambiental de la Cuenca y sus gravísimas consecuencias sobre quienes la habitan, e intimó a las tres jurisdicciones a presentar un plan de gestión. Así lo hicieron los intimados y crearon la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR- para ejecutar un acordado Plan Integral de Saneamiento Ambiental para la Cuenca.
El balance de cumplimiento es negativo, salvo por el desarrollo de obras estructurales de saneamiento realizadas por AySA con financiamiento internacional para resolver la contaminación cloacal, aunque con plazos elásticamente dilatados. Después de seis años tenemos la convicción que no habrá cumplimiento satisfactorio del fallo, más allá de cosméticas, porque para cumplir además de querer hay que poder hacerlo.
ACUMAR va camino al fracaso, fundamentalmente por la debilidad provocada por su pecado original, el no haber sido un auténtico órgano interjurisdiccional. Por el contrario, nació como apéndice del Poder Ejecutivo Nacional donde, en general, los problemas entran a la dimensión de la macro política y se alejan estrepitosamente de la gente. La institucionalidad adoptada no puede dar cuenta eficaz de la complejidad del problema ni hacerse cargo del buen resultado de las decisiones por falta de proximidad, de involucramiento concreto. El territorio demanda ser caminado y quienes mejor pueden hacerlo, insisto que voluntad mediante, son quienes tienen competencia y mandato para gestionarlo. Como contracara ACUMAR fue escenario de prolongado ninguneo de la CABA y patética ausencia de la PBA. Los municipios, meros convidados de piedra.
Por eso a seis años hay enormes retrasos en ejecutar decisiones correctas como el control de la contaminación, la erradicación de basurales, la relocalización de poblaciones vulnerables, la atención sanitaria de la población impactada, el ordenamiento del suelo con criterio estructural. ¿Son retrasos o es evidencia de incapacidad de gestión? Lamentablemente, estamos más cerca de la segunda respuesta.
Para resolver problemas metropolitanos hay muchos caminos. En el fondo se trata de lograr gobernabilidad para lo cual no hay fórmulas institucionales preestablecidas. Pero lo que no puede faltar es que las intervenciones vayan por el camino más directo del problema a su solución, para lo cual los actores gubernamentales tienen que estar cerca de la gente y de sus problemas.
Y aclaramos los actores gubernamentales porque en Matanza-Riachuelo a lo largo de más de una década, especialmente desde el fallo de la Corte, la sociedad civil desplegó un compromiso sin precedentes en una política pública en Argentina. Pero, los informes de monitoreo del Cuerpo Colegiado instituido en la causa no son respondidos por ACUMAR… la Comisión de Participación Social que la integra no funciona… la Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra vacante… en fin, para qué abundar.
Solo queda una reflexión, ¿cuánto más puede durar la ejemplaridad de un fallo incumplido?
