POR GASTÓN URQUIZA, DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACIÓN METROPOLITANA – En Argentina existen alrededor de 2300 gobiernos locales. Una cifra que da lugar a una inmensa heterogeneidad territorial y de mecanismos gubernamentales. Hay diferencias en la cantidad de habitantes, las geografías, las problemáticas, las relaciones con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, pero lo que los distintos municipios tienen en común es la dificultad a la hora de implementar políticas de mediano y largo plazo.
La mayor dificultad que presentan es la falta de recursos técnicos y económicos, lo que genera una fuerte dependencia de las provincias. Según datos del Ministerio del Interior, los recursos propios de los municipios apenas alcanzan para cubrir la mitad de los gastos corrientes y en pocos casos llegan a cubrir las necesidades de gastos en personal.
Por otro lado, los gobiernos locales están sometidos a regímenes muy dispares en la distribución de recursos tanto provinciales como nacionales. Necesitan el apoyo de la nación y de las provincias para mejorar su gestión debido a la escasez de recursos que sufren. Esto generalmente es condicionado por su color político, lo que agrava en ciertos casos dicha dificultad.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuya superficie representa el 0,4% del territorio nacional, viven aproximadamente 16 millones de personas. Se trata de una metrópolis, un sujeto social complejo en donde coexisten 40 gobiernos municipales, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
La dinámica de los ciudadanos del AMBA fluye entre las distintas jurisdicciones donde estudian, trabajan, duermen o se esparcen. Al no existir un gobierno regional, que aglutine la fragmentación administrativa que la región sufre, se hace necesaria la cooperación interjurisdiccional (entre distintos niveles de gobierno e intermunicipal) para resolver problemas.
Transporte y logística, panificación del uso del suelo y manejo de cuencas, infraestructuras, gestión de residuos, desigualdad y seguridad, por mencionar algunas, son las grandes problemáticas a resolver en el AMBA. No son problemas exclusivos de esta región, pero se agravan allí por su escala y densidad poblacional.
Frente a estas problemáticas de la gestión local, el Ministerio del Interior de la Nación lanzó el Ranking de Municipios, una herramienta que puede servir para brindar una fuente sólida de información sobre la cual construir estratégicamente políticas de mediano y largo plazo.
El Ranking da un estado de situación de las gestiones municipales, lo que posibilita la construcción de indicadores duros para analizar y medir gestiones, estableciendo una línea de base, un diagnóstico a partir del cual implementar políticas de Estado.
La gestión local no es medible de la misma manera porque los municipios conforman un colectivo heterogéneo. No es igual la situación de un pequeño municipio en el noroeste del país que la de alguno del Gran Buenos Aires, incluso dentro del AMBA la situación de los gobiernos locales muchas veces difiere. Frente a esto, el Ranking intenta unificar criterios al recopilar información en torno a cinco ejes: presupuesto y gestión financiera, planificación, gestión moderna, recursos humanos y desarrollo económico.
Otra cuestión importante que incentiva el Ranking es el gobierno abierto en los gobiernos locales (la cara más cercana del Estado ante los ciudadanos). Esto significa hacer uso de la tecnología para organizar los datos de interés público y ponerlos a disposición de los vecinos.
Un proceso de transparencia genera capacidad de control vecinal. Además, sirve como una instancia dinámica de evaluación de las políticas y de diálogo con los vecinos, buscando potenciales contribuciones a los procesos de decisión sobre políticas públicas: los ciudadanos como partícipes activos de la discusión y la decisión. El presupuesto participativo es un buen ejemplo.
Para generar este cambio, es necesaria la voluntad política de los gobernantes para someterse a la fiscalización y la participación popular. Además, debemos generar un cambio cultural en torno al diseño, la puesta en marcha y la participación de la sociedad civil en la formulación y la evaluación de políticas públicas. Fomentar el empoderamiento ciudadano sobre sus derechos individuales y colectivos, la forma de satisfacerlos y su voluntad de participar.
Formular nuevas ideas y formas de gestionar para resolver problemas es necesario. El desafío pasa por pensar el manejo de la tecnología y la información como fuentes para enriquecer el debate político y democrático. Hacerse de estas herramientas para fortalecer las gestiones y las políticas de cara a los ciudadanos.
