Australia como laboratorio global
Australia fue pionera en vetar el acceso a plataformas para menores de 16 años bajo amenaza de multas corporativas. El Reino Unido siguió un camino similar. Hoy, la evidencia demuestra que la prohibición absoluta genera elusión sistémica y traslada el riesgo a entornos menos auditables.
Tres meses después de la entrada en vigor de la norma australiana, cerca del 85% de los menores continuaba usando TikTok, Instagram o Snapchat. Lo hacían a través de Redes Privadas Virtuales (VPN) y falsificación de identidades. El 70% mantenía sus cuentas con el consentimiento implícito de sus propios tutores. Y los casos de ciberbullying no bajaron: se desplazaron hacia redes cifradas y entornos no indexados donde la supervisión adulta es prácticamente imposible. Así lo documentaron investigaciones publicadas en The BMJ y reportes oficiales de la comisionada de eSafety australiana.
El problema jurídico del bloqueo por edad
Más allá de su ineficacia práctica, para el caso de Argentina, el bloqueo estatal generalizado colisiona con nuestro marco jurídico vigente. El principio de autonomía progresiva —consagrado en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina— establece que los menores son sujetos de derecho con capacidad para ejercer facultades según su madurez evolutiva. Ni objetos de protección del Estado o sus progenitores, personas con derechos que se van ampliando a medida que crecen.
La jurisprudencia nacional reciente refuerza esta lectura. Tribunales de familia de Mendoza y Buenos Aires ordenaron el cese del sharenting — la publicación de fotos de hijos por parte de sus padres — reconociendo el derecho de los menores a controlar su propia identidad digital. Fallos en Morón y fueros federales encuadraron el control psicológico ejercido a través de pantallas como delitos contra la integridad, ratificando que el entorno digital es un espacio real donde el menor debe ser protegido, pero no anulado civilmente.
Un marco que censure el acceso basándose únicamente en la edad cronológica priva a los adolescentes de los espacios donde construyen su identidad cívica y ejercen la libre expresión, consensuado en la doctrina de protección integral de la Ley 26.061. Francia llegó a esa misma conclusión: el Senado rechazó la prohibición total y optó por un sistema de mayoría digital condicional a partir de los 15 años.
Una propuesta para Argentina: regular el diseño, no el acceso
La alternativa al prohibicionismo no puede ser “dejar todo como está”. Existen alternativas como el modelo de corregulación. Es decir, una regulación compartida entre el Estado, las plataformas y las familias que intervenga no sobre el acceso sino sobre las condiciones en que ese acceso se produce.
Argentina cuenta con una ventaja. La infraestructura de validación biométrica del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. Bien utilizada, esta herramienta puede ser la base de un sistema de Identidad Digital Segura que no bloquee a los menores sino que condicione el entorno en el que navegan.
El mecanismo sería el siguiente: las plataformas digitales estarían obligadas a integrar sus sistemas de registro con los datos del RENAPER para usuarios menores de 13 o 14 años para activar automáticamente un entorno protegido por diseño de software. Eso implica, concretamente: eliminar el perfilamiento comercial y la recolección de datos conductuales de menores; desmantelar los mecanismos algorítmicos diseñados para retener la atención — el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones nocturnas — y bloquear la exposición a contenidos de apuestas, casinos virtuales o mercados financieros desregulados.
El Estado regula el diseño de las plataformas sin centralizar documentos de identidad en servidores privados. De esta manera, la privacidad del menor queda resguardada al mismo tiempo que se garantiza acceso en un entorno intervenido.
El modelo se completa con autorización parental obligatoria para menores de entre 13 y 16 años. El registro en una plataforma requeriría la confirmación digital de un tutor o adulto responsable. Si una familia determina que su hijo necesita una red social con fines educativos, deportivos o de socialización, la ley lo permite bajo consentimiento verificado. Este enfoque evita la migración de los adolescentes hacia la clandestinidad de las redes cifradas y los mantiene dentro de entornos visibles y auditables.
Por qué este debate es urgente
Hay una dimensión de la vulnerabilidad adolescente en entornos digitales que el debate regulatorio todavía no está nombrando con suficiente claridad. La adolescencia es, por definición, el momento de mayor plasticidad identitaria: los chicos están construyendo quiénes son, buscando pertenencia, procesando el rechazo.
En los primeros meses de 2026, una alerta del FBI permitió que la Policía Federal Argentina desarticulara un plan coordinado para cometer masacres escolares simultáneas. Los implicados eran dos menores: uno en Miramar, otro en La Quiaca. A través de plataformas digitales compartían discursos supremacistas, consignas antisemitas y acopiaban armas con el objetivo explícito de replicar ataques estadounidenses. Poco después, el ataque en el Colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, culminó con el asesinato de un adolescente de trece años. Las pericias sobre los dispositivos del agresor documentaron un proceso de radicalización sostenido en foros internacionales dedicados a glorificar tiroteos masivos.
Estos casos no son el problema que la regulación de redes sociales puede resolver directamente porque justamente estas llamadas “comunidades del horror” se emplazan en entornos no indexados que ningún bloqueo alcanza. Pero sí ilustran con claridad la magnitud de lo que está en juego cuando el Estado no tiene herramientas para intervenir en los entornos digitales donde los adolescentes más vulnerables construyen su identidad.
Lo que está en juego
El debate sobre la regulación digital de menores no es puramente técnico. Hay una pregunta política de trasfondo. ¿Quién tiene el poder de diseñar los entornos donde una generación construye su identidad, su sociabilidad y su visión del mundo? Hoy, y casi sin contrapesos, lo tienen las corporaciones tecnológicas transnacionales. ¿Qué herramientas tiene Argentina para disputar ese poder?
